La defensa de la jueza Karen Atala rechazó la negativa de la Corte Suprema de participar en la mesa convocada por el gobierno para analizar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó en un fallo que la magistrada fue discriminada por su condición sexual.
Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, denunció que al Estado le ha faltado voluntad política para acoger las recomendaciones de la CIDH.
El profesional indicó que si la Suprema no integra la mesa el Estado no estaría acogiendo las recomendaciones, pues se expresa con claridad que la adopción de políticas públicas en este tema debe incluir al Poder Judicial.
La defensa de la jueza Karen Atala rechazó la negativa de la Corte Suprema de participar en la mesa convocada por el gobierno para analizar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó en un fallo que la magistrada fue discriminada por su condición sexual.
Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, denunció que al Estado le ha faltado voluntad política para acoger las recomendaciones de la CIDH.
El profesional indicó que si la Suprema no integra la mesa el Estado no estaría acogiendo las recomendaciones, pues se expresa con claridad que la adopción de políticas públicas en este tema debe incluir al Poder Judicial.
La defensa de la jueza Karen Atala rechazó la negativa de la Corte Suprema de participar en la mesa convocada por el gobierno para analizar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó en un fallo que la magistrada fue discriminada por su condición sexual.
Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, denunció que al Estado le ha faltado voluntad política para acoger las recomendaciones de la CIDH.
El profesional indicó que si la Suprema no integra la mesa el Estado no estaría acogiendo las recomendaciones, pues se expresa con claridad que la adopción de políticas públicas en este tema debe incluir al Poder Judicial.
