Mientras el martes, en el Palacio de La Moneda, la vocera de gobierno afirmaba que el Estado chileno estaba acogiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se estaba trabajando en la conformación de la Mesa de Diálogo que incluía al poder judicial, este jueves el escenario cambió drásticamente.
Esto, luego de que el presidente del máximo tribunal del país, Milton Juica afirmara que no se sumaban a la instancia.
¿La razón? Los planteamientos de la entidad internacional consideraban que cuando en mayo de 2004 se le negó la tuición de sus hijas a Karen Atala por su condición de lesbiana, se vulneraron los derechos de la jueza, lo que a juicio del magistrado Juica es responsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo, que son quienes elaboran la ley y no del poder Judicial.
“En principio el poder Judicial entiende que esta es una cuestión que está más referida a los otros poderes del Estado porque las regulaciones legislativas le corresponden al Ejecutivo y al Legislativo. Nosotros hemos terminado con el desarrollo de un procedimiento y hace muchos años que terminó ese proceso y, en consecuencia, no entraremos a una mesa”, sentenció Juica.
Para las organizaciones que representan a Karen Atala en su proceso judicial ante la Comisión Interamericana, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Corporación Humanas y la asociación gremial de abogados Libertades Públicas, la explicación de Juica es inconcebible, pues el Poder Judicial es el que interpreta la legislación.
La abogada Elena Olea indicó que en este caso en particular quien debió administrar justicia fue la Corte Suprema, la que habría aplicado un mal criterio por la condición sexual de la jueza.
“No sólo se discrimina en la medida en que la norma así lo plantea y, en ese sentido, no podemos hablar de que el único que realiza esta acción es el poder legislativo cuando aprueba una ley. Los jueces también lo hacen si aplican normas que son discriminatorias, desde sí misma o si al interpretarlas tienen un efecto de ese tipo. Nadie puede negar en este caso que Karen Atala perdió la custodia de sus hijas por ser lesbiana y por convivir con otra mujer”, sostuvo la jurista.
Según el director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Jorge Contesse, en 2004 la justicia chilena ya vulneró los derechos de su representada y desde esa fecha el Estado ha tenido múltiples oportunidades de revertir esa situación.
Una opción es efectuar algunas reformas legislativas como la modificación del artículo 225 del Código Civil, referido a la tuición de los hijos en caso de separación de los padres, o impulsar políticas públicas que determinen como inadmisible la discriminación de una persona por su orientación sexual. Ambas recomendaciones no han sido consideradas por el Estado chileno.
“Lo que hoy conocemos de boca del presidente de la Corte Suprema es que este Tribunal que, valga decirlo, ha motivado todas las condenas internacionales a Chile, sigue sin poder ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en este país. Llama la atención y sorprende que la Corte simplemente diga que los tribunales en Chile no discriminan cuando a ojos vista se destruyó la vida de una madre y de sus hijas producto de una discriminación que tuvo su origen en la Corte Suprema en particular”, afirmó.
El abogado Contesse recordó que todos los casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Chile han pasado antes por la Corte Suprema y en todos, el tribunal internacional ha determinado que el Estado chileno debe cumplir con su deber de asegurar las libertades de sus ciudadanos.
En el Palacio de La Moneda y de manera muy sucinta, la vocera Ena von Baer, afirmó que el gobierno no ha recibido ningún informe oficial de la Corte Suprema como para dar una respuesta en cuanto a la conformación de la mesa de diálogo y a las reparaciones que se podrían otorgar para esta situación.
Según los expertos, entre las opciones de reparación que puede otorgar el Estado chileno se cuentan medidas simbólicas que van desde el establecimiento de un día en que se conmemoren los derechos de las minorías sexuales hasta el que se cambie el nombre de una calle en honor a la jueza Karen Atala.
Mientras el martes, en el Palacio de La Moneda, la vocera de gobierno afirmaba que el Estado chileno estaba acogiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se estaba trabajando en la conformación de la Mesa de Diálogo que incluía al poder judicial, este jueves el escenario cambió drásticamente.
Esto, luego de que el presidente del máximo tribunal del país, Milton Juica afirmara que no se sumaban a la instancia.
¿La razón? Los planteamientos de la entidad internacional consideraban que cuando en mayo de 2004 se le negó la tuición de sus hijas a Karen Atala por su condición de lesbiana, se vulneraron los derechos de la jueza, lo que a juicio del magistrado Juica es responsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo, que son quienes elaboran la ley y no del poder Judicial.
“En principio el poder Judicial entiende que esta es una cuestión que está más referida a los otros poderes del Estado porque las regulaciones legislativas le corresponden al Ejecutivo y al Legislativo. Nosotros hemos terminado con el desarrollo de un procedimiento y hace muchos años que terminó ese proceso y, en consecuencia, no entraremos a una mesa”, sentenció Juica.
Para las organizaciones que representan a Karen Atala en su proceso judicial ante la Comisión Interamericana, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Corporación Humanas y la asociación gremial de abogados Libertades Públicas, la explicación de Juica es inconcebible, pues el Poder Judicial es el que interpreta la legislación.
La abogada Elena Olea indicó que en este caso en particular quien debió administrar justicia fue la Corte Suprema, la que habría aplicado un mal criterio por la condición sexual de la jueza.
“No sólo se discrimina en la medida en que la norma así lo plantea y, en ese sentido, no podemos hablar de que el único que realiza esta acción es el poder legislativo cuando aprueba una ley. Los jueces también lo hacen si aplican normas que son discriminatorias, desde sí misma o si al interpretarlas tienen un efecto de ese tipo. Nadie puede negar en este caso que Karen Atala perdió la custodia de sus hijas por ser lesbiana y por convivir con otra mujer”, sostuvo la jurista.
Según el director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Jorge Contesse, en 2004 la justicia chilena ya vulneró los derechos de su representada y desde esa fecha el Estado ha tenido múltiples oportunidades de revertir esa situación.
Una opción es efectuar algunas reformas legislativas como la modificación del artículo 225 del Código Civil, referido a la tuición de los hijos en caso de separación de los padres, o impulsar políticas públicas que determinen como inadmisible la discriminación de una persona por su orientación sexual. Ambas recomendaciones no han sido consideradas por el Estado chileno.
“Lo que hoy conocemos de boca del presidente de la Corte Suprema es que este Tribunal que, valga decirlo, ha motivado todas las condenas internacionales a Chile, sigue sin poder ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en este país. Llama la atención y sorprende que la Corte simplemente diga que los tribunales en Chile no discriminan cuando a ojos vista se destruyó la vida de una madre y de sus hijas producto de una discriminación que tuvo su origen en la Corte Suprema en particular”, afirmó.
El abogado Contesse recordó que todos los casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Chile han pasado antes por la Corte Suprema y en todos, el tribunal internacional ha determinado que el Estado chileno debe cumplir con su deber de asegurar las libertades de sus ciudadanos.
En el Palacio de La Moneda y de manera muy sucinta, la vocera Ena von Baer, afirmó que el gobierno no ha recibido ningún informe oficial de la Corte Suprema como para dar una respuesta en cuanto a la conformación de la mesa de diálogo y a las reparaciones que se podrían otorgar para esta situación.
Según los expertos, entre las opciones de reparación que puede otorgar el Estado chileno se cuentan medidas simbólicas que van desde el establecimiento de un día en que se conmemoren los derechos de las minorías sexuales hasta el que se cambie el nombre de una calle en honor a la jueza Karen Atala.
Mientras el martes, en el Palacio de La Moneda, la vocera de gobierno afirmaba que el Estado chileno estaba acogiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se estaba trabajando en la conformación de la Mesa de Diálogo que incluía al poder judicial, este jueves el escenario cambió drásticamente.
Esto, luego de que el presidente del máximo tribunal del país, Milton Juica afirmara que no se sumaban a la instancia.
¿La razón? Los planteamientos de la entidad internacional consideraban que cuando en mayo de 2004 se le negó la tuición de sus hijas a Karen Atala por su condición de lesbiana, se vulneraron los derechos de la jueza, lo que a juicio del magistrado Juica es responsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo, que son quienes elaboran la ley y no del poder Judicial.
“En principio el poder Judicial entiende que esta es una cuestión que está más referida a los otros poderes del Estado porque las regulaciones legislativas le corresponden al Ejecutivo y al Legislativo. Nosotros hemos terminado con el desarrollo de un procedimiento y hace muchos años que terminó ese proceso y, en consecuencia, no entraremos a una mesa”, sentenció Juica.
Para las organizaciones que representan a Karen Atala en su proceso judicial ante la Comisión Interamericana, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Corporación Humanas y la asociación gremial de abogados Libertades Públicas, la explicación de Juica es inconcebible, pues el Poder Judicial es el que interpreta la legislación.
La abogada Elena Olea indicó que en este caso en particular quien debió administrar justicia fue la Corte Suprema, la que habría aplicado un mal criterio por la condición sexual de la jueza.
“No sólo se discrimina en la medida en que la norma así lo plantea y, en ese sentido, no podemos hablar de que el único que realiza esta acción es el poder legislativo cuando aprueba una ley. Los jueces también lo hacen si aplican normas que son discriminatorias, desde sí misma o si al interpretarlas tienen un efecto de ese tipo. Nadie puede negar en este caso que Karen Atala perdió la custodia de sus hijas por ser lesbiana y por convivir con otra mujer”, sostuvo la jurista.
Según el director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Jorge Contesse, en 2004 la justicia chilena ya vulneró los derechos de su representada y desde esa fecha el Estado ha tenido múltiples oportunidades de revertir esa situación.
Una opción es efectuar algunas reformas legislativas como la modificación del artículo 225 del Código Civil, referido a la tuición de los hijos en caso de separación de los padres, o impulsar políticas públicas que determinen como inadmisible la discriminación de una persona por su orientación sexual. Ambas recomendaciones no han sido consideradas por el Estado chileno.
“Lo que hoy conocemos de boca del presidente de la Corte Suprema es que este Tribunal que, valga decirlo, ha motivado todas las condenas internacionales a Chile, sigue sin poder ponerse al día en materia de protección de los derechos fundamentales de quienes habitan en este país. Llama la atención y sorprende que la Corte simplemente diga que los tribunales en Chile no discriminan cuando a ojos vista se destruyó la vida de una madre y de sus hijas producto de una discriminación que tuvo su origen en la Corte Suprema en particular”, afirmó.
El abogado Contesse recordó que todos los casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Chile han pasado antes por la Corte Suprema y en todos, el tribunal internacional ha determinado que el Estado chileno debe cumplir con su deber de asegurar las libertades de sus ciudadanos.
En el Palacio de La Moneda y de manera muy sucinta, la vocera Ena von Baer, afirmó que el gobierno no ha recibido ningún informe oficial de la Corte Suprema como para dar una respuesta en cuanto a la conformación de la mesa de diálogo y a las reparaciones que se podrían otorgar para esta situación.
Según los expertos, entre las opciones de reparación que puede otorgar el Estado chileno se cuentan medidas simbólicas que van desde el establecimiento de un día en que se conmemoren los derechos de las minorías sexuales hasta el que se cambie el nombre de una calle en honor a la jueza Karen Atala.
