Ante el retraso en la entrega de indemnizaciones a los clientes afectados por las fallas que tuvo el sistema luego del terremoto, un grupo de diputados de la UDI acusó de falta de transparencia y engaño por parte de las compañías operadoras de telefonía móvil.
Los parlamentarios enfatizaron que las explicaciones que han dado las empresas han sido insuficientes y que sólo se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones.
En ese sentido, el diputado Gonzalo Arenas consideró que estas compañías no han realizado con eficiencia su trabajo ni asumido con responsabilidad por la falta de los servicios: “Las explicaciones que han dado las consideramos insuficientes”, dijo.
En la misma línea, el diputado Gustavo Hasbún, señaló que los operadores se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones y “se escudan en fuerza mayor” para evitar el pago de indemnizaciones a los usuarios.
Por su parte, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, dijo que el gobierno está analizando eventuales cambios a la normativa que rige a las compañías de telefonía celular para incorporar a otros servicios que se proveen, como Internet, para que también se adscriban en el plan de descuentos e indemnización en caso de no servicio.
Además el titular señaló que “se está procesado el tipo de compensación voluntaria que las empresas de telefonía celular hicieron a los usuarios”.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Telefonía Móvil, Guillermo Pickering, aseguró que las empresas del sector han realizado esfuerzos para ayudar a los usuarios y a la vez hizo hincapié que las redes de telefonía celular no son un mecanismo para funcionar en momentos de crisis.
“La normativa vigente no establece el deber de las empresas de otorgar servicio cuando 16 millones de clientes quieren hablar a la vez, eso sería imposible, en ningún país ocurre. Y las empresas entienden la molestia de la gente por esto, porque todos hemos vivido eso, pero la telefonía móvil no es la red de emergencia de las comunicaciones de un país”, aseguró Pickering.
Para hacer frente a este escenario, los parlamentarios oficialistas dijeron que insistirán en la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones que regule el funcionamiento del sector; la modernización de la ley que existe en cuanto a telefonía móvil; y la ampliación de hasta un 40 por ciento, en forma simultánea, de la utilización de equipos celulares.
Ante el retraso en la entrega de indemnizaciones a los clientes afectados por las fallas que tuvo el sistema luego del terremoto, un grupo de diputados de la UDI acusó de falta de transparencia y engaño por parte de las compañías operadoras de telefonía móvil.
Los parlamentarios enfatizaron que las explicaciones que han dado las empresas han sido insuficientes y que sólo se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones.
En ese sentido, el diputado Gonzalo Arenas consideró que estas compañías no han realizado con eficiencia su trabajo ni asumido con responsabilidad por la falta de los servicios: “Las explicaciones que han dado las consideramos insuficientes”, dijo.
En la misma línea, el diputado Gustavo Hasbún, señaló que los operadores se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones y “se escudan en fuerza mayor” para evitar el pago de indemnizaciones a los usuarios.
Por su parte, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, dijo que el gobierno está analizando eventuales cambios a la normativa que rige a las compañías de telefonía celular para incorporar a otros servicios que se proveen, como Internet, para que también se adscriban en el plan de descuentos e indemnización en caso de no servicio.
Además el titular señaló que “se está procesado el tipo de compensación voluntaria que las empresas de telefonía celular hicieron a los usuarios”.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Telefonía Móvil, Guillermo Pickering, aseguró que las empresas del sector han realizado esfuerzos para ayudar a los usuarios y a la vez hizo hincapié que las redes de telefonía celular no son un mecanismo para funcionar en momentos de crisis.
“La normativa vigente no establece el deber de las empresas de otorgar servicio cuando 16 millones de clientes quieren hablar a la vez, eso sería imposible, en ningún país ocurre. Y las empresas entienden la molestia de la gente por esto, porque todos hemos vivido eso, pero la telefonía móvil no es la red de emergencia de las comunicaciones de un país”, aseguró Pickering.
Para hacer frente a este escenario, los parlamentarios oficialistas dijeron que insistirán en la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones que regule el funcionamiento del sector; la modernización de la ley que existe en cuanto a telefonía móvil; y la ampliación de hasta un 40 por ciento, en forma simultánea, de la utilización de equipos celulares.
Ante el retraso en la entrega de indemnizaciones a los clientes afectados por las fallas que tuvo el sistema luego del terremoto, un grupo de diputados de la UDI acusó de falta de transparencia y engaño por parte de las compañías operadoras de telefonía móvil.
Los parlamentarios enfatizaron que las explicaciones que han dado las empresas han sido insuficientes y que sólo se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones.
En ese sentido, el diputado Gonzalo Arenas consideró que estas compañías no han realizado con eficiencia su trabajo ni asumido con responsabilidad por la falta de los servicios: “Las explicaciones que han dado las consideramos insuficientes”, dijo.
En la misma línea, el diputado Gustavo Hasbún, señaló que los operadores se amparan en los vacíos que tiene la Ley de Telecomunicaciones y “se escudan en fuerza mayor” para evitar el pago de indemnizaciones a los usuarios.
Por su parte, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, dijo que el gobierno está analizando eventuales cambios a la normativa que rige a las compañías de telefonía celular para incorporar a otros servicios que se proveen, como Internet, para que también se adscriban en el plan de descuentos e indemnización en caso de no servicio.
Además el titular señaló que “se está procesado el tipo de compensación voluntaria que las empresas de telefonía celular hicieron a los usuarios”.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Telefonía Móvil, Guillermo Pickering, aseguró que las empresas del sector han realizado esfuerzos para ayudar a los usuarios y a la vez hizo hincapié que las redes de telefonía celular no son un mecanismo para funcionar en momentos de crisis.
“La normativa vigente no establece el deber de las empresas de otorgar servicio cuando 16 millones de clientes quieren hablar a la vez, eso sería imposible, en ningún país ocurre. Y las empresas entienden la molestia de la gente por esto, porque todos hemos vivido eso, pero la telefonía móvil no es la red de emergencia de las comunicaciones de un país”, aseguró Pickering.
Para hacer frente a este escenario, los parlamentarios oficialistas dijeron que insistirán en la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones que regule el funcionamiento del sector; la modernización de la ley que existe en cuanto a telefonía móvil; y la ampliación de hasta un 40 por ciento, en forma simultánea, de la utilización de equipos celulares.
