Accionistas de sociedades anónimas, fondos mutuos y depósitos bancarios que superan los  treinta mil millones de pesos y propiedades habitacionales avaluadas en casi trescientos millones de pesos son parte del perfil empresarial que arrojó la declaración de patrimonio de los ministros de Estado del Presidente, Sebastián Piñera.

Como está establecido en la Ley de Probidad Administrativa, las autoridades tuvieron hasta la medianoche del sábado para enviar a la Contraloría una declaración detallada de su patrimonio e intereses particulares.

La documentación se conoció a un día de que el propio mandatario hiciera pública su declaración patrimonial. En ella incluye acciones por 10,5 millones de dólares y participaciones indirectas en 32 sociedades, a través de las cuales controla el canal Chilevisión y, hasta hace pocas semanas, la aerolínea Lan Airlines.

En estricto rigor, la información publicada tanto por el jefe de Estado como por sus colaboradores precisa las propiedades que tienen como personas naturales, pero no clarifican el detalle del patrimonio que ostentarían en personalidades jurídicas, pues este podría estar a nombre de familiares. Asimismo, no todas las autoridades declaran pasivos.

En este plano, Adolfo Castillo, director ejecutivo de la Corporación Libertades Ciudadanas, es categórico en plantear que los ministros estarían actuando al filo del sistema normativo.

“No es bueno que las personas estén haciendo operaciones como los delincuentes, donde se traspasan los bienes a sus familias u otros para decir que no se tiene nada. Se sabe que los narcotraficantes traspasan autos y casas a sus amigos o palos blancos. Los profesionales y la gente que está en los grandes negocios lo hacen de otra forma, pero en el fondo, es la misma técnica del ´malandro´ común y corriente”, sentenció Castillo.

En este sentido, el abogado y consejero del Sistema de Alta Dirección Pública, Rafael Blanco, sostiene que la falta de precisión y las dudas que generan estas declaraciones se deberían a los vacíos que hay en la normativa.

“Una de las áreas donde se ha logrado ese avance tiene que ver con la obligación que tienen las autoridades de hacer declaraciones de patrimonio de intereses. Ese mecanismo ha generado ciertas dudas respecto de cuán exhaustivas son, en el sentido de declarar formalmente la pertenencia a sociedades. En eso efectivamente hay una imprecisión en el ámbito legislativo que podría corregirse a través de una modificación legal o bien a través de buenas prácticas que hagan que los altos funcionarios de gobierno entreguen una información más completa y acabada de la que aparece en la declaración”, manifestó Blanco.

Opinión compartida por el abogado experto en transparencia, Moisés Sánchez, quien indicó que “el estándar que propone la ley respecto de las declaraciones todavía es muy bajo. Sólo tienen que llenar un formulario que es muy sencillo donde lo que está claro es cuál es su patrimonio, pero no se sabe cuáles han sido sus intereses en el último tiempo. En ese punto hay que preguntarse si las declaraciones de intereses que han presentado dan cuenta de todas las operaciones que han efectuado y que podrían involucrar un conflicto futuro”.

Sobre este mismo ámbito, el presidente del directorio de la Fundación Pro Acceso, Federico Allendes, señaló que las autoridades que tengan conflictos de intereses deberían inhabilitarse al momento de legislar asuntos vinculados a su patrimonio.

“Si esa regulación los va a empobrecer o enriquecer personalmente, sin duda que tendrán que inhabilitarse. Es la pregunta que mucha gente se hace respecto del tema de Chilevisión porque se viene una legislación sobre la televisión digital. Obviamente, el Presidente no puede estar involucrado si continúa siendo propietario de un canal de esa envergadura y, por lo tanto, en todo momento cada autoridad tendrá que ver cómo le afecta esto y por eso es importante que los ciudadanos no nos transformemos en investigadores privados sino que ellas con la máxima diligencia muestren donde están comprometidos sus intereses”, concluyó.

De acuerdo a la información entregada a la Contraloría, destaca por su patrimonio el canciller, Alfredo Moreno, quien declaró poseer más de $ 31 mil millones en depósitos. Estos últimos están divididos en $ 30 mil 300 millones en IM Trust; $ 642 millones en Fondos Mutuos Penta y $ 107 millones en el Scotiabank.

Por su lado, el ministro de Defensa y ex militante de la DC, Jaime Ravinet, consigna ser miembro de la sociedad “Antilhue” que está avaluada en más de $ 3.100 millones, donde el valor de su participación asciende a más de $ 1.000 millones.