El 17 de abril se cumple el plazo para que diputados y senadores realicen sus declaraciones de patrimonio e intereses, que incluyen tanto los bienes de los que son propietarios, como las actividades económicas que ejercen.
La declaración de patrimonio está dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y en los reglamentos internos y los parlamentarios tienen un plazo de 30 días para realizarla a partir del inicio del un período legislativo.
La declaración contempla dos capítulos: el primero es el de patrimonio, que incluye inmuebles, vehículos, acciones, cuentas bancarias y créditos en propiedad de los parlamentarios y sus deudas pendientes.
El segundo capítulo es la declaración de intereses, que considera la participación en sociedades, actividades profesionales y económicas, además de observaciones que puede hacer el parlamentario.
El diputado PS Sergio Aguiló emplazó a los legisladores de la Coalición por el Cambio a que realicen una completa declaración que “refleje la autenticidad de su patrimonio”, ya que estima que son personas con gran participación económica.
“Viendo el apellido y el perfil de los parlamentarios de derecha, no cabe duda que vamos a tener declaraciones muy enjundiosas”, declaró el diputado, refiriéndose a “grandes latifundios, importantes empresas y bienes raíces de todo tipo” que cree que integrarán las declaraciones de los parlamentarios integrantes de la Alianza por Chile.
En tanto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma señaló que es perfectamente normal que exista participación en actividades económicas, en la medida que no haya restricciones a los intereses parlamentarios.
Por eso, Coloma afirmó que esta norma no debe convertirse en una suerte de caza de brujas. “Demonizar a alguien porque que se dedica a la política y que puede tener un patrimonio bien adquirido me parece un error en la forma de entender el servicio público”, declaró, argumentando compatibilidad entre el desarrollo en el mundo privado y en el sector público.
Los 42 nuevos diputados y los 18 nuevos senadores deberán presentar sus declaraciones de intereses y de patrimonio, al igual que los senadores y diputados reelectos, quienes deberán actualizar dicha información para cumplir con la normativa.
Se remitirá una copia de la protocolización a la secretaría de la respectiva Cámara, donde todas las declaraciones se mantendrán para su consulta pública, la que además debe estar disponible en los sitios electrónicos de la respectiva Corporación.
Según lo estipula la LOC del Congreso, “la no presentación oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, es decir entre $360 mil a $1.080.000 aproximadamente, mientras que la no actualización de esta declaración se sancionará con la mitad de dichas multas.
Será la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la que conocerá y resolverán acerca de la aplicación de dichas sanciones. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia de un parlamentario.
El 17 de abril se cumple el plazo para que diputados y senadores realicen sus declaraciones de patrimonio e intereses, que incluyen tanto los bienes de los que son propietarios, como las actividades económicas que ejercen.
La declaración de patrimonio está dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y en los reglamentos internos y los parlamentarios tienen un plazo de 30 días para realizarla a partir del inicio del un período legislativo.
La declaración contempla dos capítulos: el primero es el de patrimonio, que incluye inmuebles, vehículos, acciones, cuentas bancarias y créditos en propiedad de los parlamentarios y sus deudas pendientes.
El segundo capítulo es la declaración de intereses, que considera la participación en sociedades, actividades profesionales y económicas, además de observaciones que puede hacer el parlamentario.
El diputado PS Sergio Aguiló emplazó a los legisladores de la Coalición por el Cambio a que realicen una completa declaración que “refleje la autenticidad de su patrimonio”, ya que estima que son personas con gran participación económica.
“Viendo el apellido y el perfil de los parlamentarios de derecha, no cabe duda que vamos a tener declaraciones muy enjundiosas”, declaró el diputado, refiriéndose a “grandes latifundios, importantes empresas y bienes raíces de todo tipo” que cree que integrarán las declaraciones de los parlamentarios integrantes de la Alianza por Chile.
En tanto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma señaló que es perfectamente normal que exista participación en actividades económicas, en la medida que no haya restricciones a los intereses parlamentarios.
Por eso, Coloma afirmó que esta norma no debe convertirse en una suerte de caza de brujas. “Demonizar a alguien porque que se dedica a la política y que puede tener un patrimonio bien adquirido me parece un error en la forma de entender el servicio público”, declaró, argumentando compatibilidad entre el desarrollo en el mundo privado y en el sector público.
Los 42 nuevos diputados y los 18 nuevos senadores deberán presentar sus declaraciones de intereses y de patrimonio, al igual que los senadores y diputados reelectos, quienes deberán actualizar dicha información para cumplir con la normativa.
Se remitirá una copia de la protocolización a la secretaría de la respectiva Cámara, donde todas las declaraciones se mantendrán para su consulta pública, la que además debe estar disponible en los sitios electrónicos de la respectiva Corporación.
Según lo estipula la LOC del Congreso, “la no presentación oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, es decir entre $360 mil a $1.080.000 aproximadamente, mientras que la no actualización de esta declaración se sancionará con la mitad de dichas multas.
Será la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la que conocerá y resolverán acerca de la aplicación de dichas sanciones. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia de un parlamentario.
El 17 de abril se cumple el plazo para que diputados y senadores realicen sus declaraciones de patrimonio e intereses, que incluyen tanto los bienes de los que son propietarios, como las actividades económicas que ejercen.
La declaración de patrimonio está dentro de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y en los reglamentos internos y los parlamentarios tienen un plazo de 30 días para realizarla a partir del inicio del un período legislativo.
La declaración contempla dos capítulos: el primero es el de patrimonio, que incluye inmuebles, vehículos, acciones, cuentas bancarias y créditos en propiedad de los parlamentarios y sus deudas pendientes.
El segundo capítulo es la declaración de intereses, que considera la participación en sociedades, actividades profesionales y económicas, además de observaciones que puede hacer el parlamentario.
El diputado PS Sergio Aguiló emplazó a los legisladores de la Coalición por el Cambio a que realicen una completa declaración que “refleje la autenticidad de su patrimonio”, ya que estima que son personas con gran participación económica.
“Viendo el apellido y el perfil de los parlamentarios de derecha, no cabe duda que vamos a tener declaraciones muy enjundiosas”, declaró el diputado, refiriéndose a “grandes latifundios, importantes empresas y bienes raíces de todo tipo” que cree que integrarán las declaraciones de los parlamentarios integrantes de la Alianza por Chile.
En tanto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma señaló que es perfectamente normal que exista participación en actividades económicas, en la medida que no haya restricciones a los intereses parlamentarios.
Por eso, Coloma afirmó que esta norma no debe convertirse en una suerte de caza de brujas. “Demonizar a alguien porque que se dedica a la política y que puede tener un patrimonio bien adquirido me parece un error en la forma de entender el servicio público”, declaró, argumentando compatibilidad entre el desarrollo en el mundo privado y en el sector público.
Los 42 nuevos diputados y los 18 nuevos senadores deberán presentar sus declaraciones de intereses y de patrimonio, al igual que los senadores y diputados reelectos, quienes deberán actualizar dicha información para cumplir con la normativa.
Se remitirá una copia de la protocolización a la secretaría de la respectiva Cámara, donde todas las declaraciones se mantendrán para su consulta pública, la que además debe estar disponible en los sitios electrónicos de la respectiva Corporación.
Según lo estipula la LOC del Congreso, “la no presentación oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, es decir entre $360 mil a $1.080.000 aproximadamente, mientras que la no actualización de esta declaración se sancionará con la mitad de dichas multas.
Será la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la que conocerá y resolverán acerca de la aplicación de dichas sanciones. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia de un parlamentario.
