Sendas querellas por cuasidelito de homicidio interpondrán hoy los familiares de cuatro víctimas que fallecieron por asfixia durante el maremoto que afectó a Talcahuano el 27 de febrero.
La acción está patrocinada por el senador Alejandro Navarro y su equipo jurídico y se presenta “en contra de todos los que resulten responsables y en particular, en contra de aquellas personas que por pertenecer a instituciones o servicios del Estado estaban obligadas a cumplir un deber de garantes de la seguridad de las personas, como lo es monitorear, prevenir, educar, y/ o alertar a la población, especialmente a aquellos que habitaban en zonas costeras”.
Las víctimas del maremoto que fallecieron por asfixia por inmersión son los pescadores artesales de caleta Tumbes José Tapia, de 69 años, y Armando Domínguez, de 59 años; Marcial Badilla, de 92 años, también habitante de la misma localidad y Juan De Dios Gutiérrez Rioseco de 70 años, guardia de seguridad privado de la Aduana de Talcahuano, quien falleció en su puesto de trabajo”.
El legislador del MAS expresó que “la responsabilidad que se persigue tiene fundamentos sólidos para ser establecida a través del tipo penal de cuasidelito de homicidio ya que, a medida que han transcurrido los días posteriores al terremoto y maremoro, ha quedado en evidencia que personas, funcionarios o agentes del estado, tienen claras responsabilidades en no haber evitado las muertes registradas.
Sendas querellas por cuasidelito de homicidio interpondrán hoy los familiares de cuatro víctimas que fallecieron por asfixia durante el maremoto que afectó a Talcahuano el 27 de febrero.
La acción está patrocinada por el senador Alejandro Navarro y su equipo jurídico y se presenta “en contra de todos los que resulten responsables y en particular, en contra de aquellas personas que por pertenecer a instituciones o servicios del Estado estaban obligadas a cumplir un deber de garantes de la seguridad de las personas, como lo es monitorear, prevenir, educar, y/ o alertar a la población, especialmente a aquellos que habitaban en zonas costeras”.
Las víctimas del maremoto que fallecieron por asfixia por inmersión son los pescadores artesales de caleta Tumbes José Tapia, de 69 años, y Armando Domínguez, de 59 años; Marcial Badilla, de 92 años, también habitante de la misma localidad y Juan De Dios Gutiérrez Rioseco de 70 años, guardia de seguridad privado de la Aduana de Talcahuano, quien falleció en su puesto de trabajo”.
El legislador del MAS expresó que “la responsabilidad que se persigue tiene fundamentos sólidos para ser establecida a través del tipo penal de cuasidelito de homicidio ya que, a medida que han transcurrido los días posteriores al terremoto y maremoro, ha quedado en evidencia que personas, funcionarios o agentes del estado, tienen claras responsabilidades en no haber evitado las muertes registradas.
Sendas querellas por cuasidelito de homicidio interpondrán hoy los familiares de cuatro víctimas que fallecieron por asfixia durante el maremoto que afectó a Talcahuano el 27 de febrero.
La acción está patrocinada por el senador Alejandro Navarro y su equipo jurídico y se presenta “en contra de todos los que resulten responsables y en particular, en contra de aquellas personas que por pertenecer a instituciones o servicios del Estado estaban obligadas a cumplir un deber de garantes de la seguridad de las personas, como lo es monitorear, prevenir, educar, y/ o alertar a la población, especialmente a aquellos que habitaban en zonas costeras”.
Las víctimas del maremoto que fallecieron por asfixia por inmersión son los pescadores artesales de caleta Tumbes José Tapia, de 69 años, y Armando Domínguez, de 59 años; Marcial Badilla, de 92 años, también habitante de la misma localidad y Juan De Dios Gutiérrez Rioseco de 70 años, guardia de seguridad privado de la Aduana de Talcahuano, quien falleció en su puesto de trabajo”.
El legislador del MAS expresó que “la responsabilidad que se persigue tiene fundamentos sólidos para ser establecida a través del tipo penal de cuasidelito de homicidio ya que, a medida que han transcurrido los días posteriores al terremoto y maremoro, ha quedado en evidencia que personas, funcionarios o agentes del estado, tienen claras responsabilidades en no haber evitado las muertes registradas.
