La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía.
La iniciativa propone la flexibilización de los requisitos de acceso a los beneficios financiados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario para los trabajadores que cesen su relación laboral y cuya fuente de trabajo se encuentre ubicada en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo. O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, Araucanía y Región Metropolitana. Para ello se reduce de doce a ocho el número de cotizaciones efectuadas en los últimos 24 meses.
Por la mayor utilización del Fondo de Cesantía Solidario y dado que es la comisión que cobra Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía un porcentaje de dicho beneficio, el gobierno planteaba una compensación adicional para las sociedades administradoras. El monto de dicha compensación alcanzaría los 160 millones de pesos.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, señaló que la medida se debe a que los cambios en los contratos merecen una compensación por parte del gobierno. “No estamos entregando más recursos, si no que manteniendo los ingresos que ellos habrían tenido si no hubiéramos tenido esta ley. Creemos que como gobierno hay que mantener las reglas del juego y eso es lo que estamos proponiendo y lo que hemos hecho siempre”, afirmó la titular.
La propuesta finalmente resultó rechazada en este artículo por los parlamentarios de la concertación, obteniendo 55 votos en contra de 56, además de una abstención.
El ex ministro del Trabajo y diputado PS, Osvaldo Andrade, respondió a los argumentos planteados desde el Ejecutivo, diciendo que es incoherente que mientras los empresarios y el Estado hacen un esfuerzo para ayudar a la población, se les tenga que pagar a las administradoras por lo que dejarían de ganar.
“¿Que nos podrían demandar? Si hay gente que está interesada en entorpecer este proceso y demandar, que le expliquen al país aquellos que han ganado tanto como son las AFP’s si están en voluntad de entrabar este proyecto. La derecha sigue con su constante histórico: defender a los que tienen más”, criticó Andrade.
Esta actitud fue criticada desde el oficialismo por el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien afirmó que si las licitaciones fueron establecidas el año 2002, es la Concertación la responsable de disponer de estos recursos si se modifica el seguro.
“Durante todo este tiempo ni Andrade pudiendo haberlo hecho como ministro, ni ningún parlamentario alzaron las voz. El responsable es el propio gobierno de la Concertación que el año 2002 redactó las bases y firmó los contratos. Equivocarse es humano, pero dilatar la solución e impedir que el subsidio llegue a la gente más necesitada por la emergencia es sencillamente inmoral”, afirmó el diputado.
El proyecto de ley también da acceso al Seguro de Cesantía a trabajadores de empresas imposibilitadas de operar o cuya faena presente serios riesgos para la salud y seguridad de sus operarios mediante la suscripción de permisos para reconstrucción.
La idea es que los trabajadores que perciban un último giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en el período comprendido entre el mes de enero y el mes de julio de 2010, en las seis regiones ya citadas.
La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía.
La iniciativa propone la flexibilización de los requisitos de acceso a los beneficios financiados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario para los trabajadores que cesen su relación laboral y cuya fuente de trabajo se encuentre ubicada en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo. O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, Araucanía y Región Metropolitana. Para ello se reduce de doce a ocho el número de cotizaciones efectuadas en los últimos 24 meses.
Por la mayor utilización del Fondo de Cesantía Solidario y dado que es la comisión que cobra Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía un porcentaje de dicho beneficio, el gobierno planteaba una compensación adicional para las sociedades administradoras. El monto de dicha compensación alcanzaría los 160 millones de pesos.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, señaló que la medida se debe a que los cambios en los contratos merecen una compensación por parte del gobierno. “No estamos entregando más recursos, si no que manteniendo los ingresos que ellos habrían tenido si no hubiéramos tenido esta ley. Creemos que como gobierno hay que mantener las reglas del juego y eso es lo que estamos proponiendo y lo que hemos hecho siempre”, afirmó la titular.
La propuesta finalmente resultó rechazada en este artículo por los parlamentarios de la concertación, obteniendo 55 votos en contra de 56, además de una abstención.
El ex ministro del Trabajo y diputado PS, Osvaldo Andrade, respondió a los argumentos planteados desde el Ejecutivo, diciendo que es incoherente que mientras los empresarios y el Estado hacen un esfuerzo para ayudar a la población, se les tenga que pagar a las administradoras por lo que dejarían de ganar.
“¿Que nos podrían demandar? Si hay gente que está interesada en entorpecer este proceso y demandar, que le expliquen al país aquellos que han ganado tanto como son las AFP’s si están en voluntad de entrabar este proyecto. La derecha sigue con su constante histórico: defender a los que tienen más”, criticó Andrade.
Esta actitud fue criticada desde el oficialismo por el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien afirmó que si las licitaciones fueron establecidas el año 2002, es la Concertación la responsable de disponer de estos recursos si se modifica el seguro.
“Durante todo este tiempo ni Andrade pudiendo haberlo hecho como ministro, ni ningún parlamentario alzaron las voz. El responsable es el propio gobierno de la Concertación que el año 2002 redactó las bases y firmó los contratos. Equivocarse es humano, pero dilatar la solución e impedir que el subsidio llegue a la gente más necesitada por la emergencia es sencillamente inmoral”, afirmó el diputado.
El proyecto de ley también da acceso al Seguro de Cesantía a trabajadores de empresas imposibilitadas de operar o cuya faena presente serios riesgos para la salud y seguridad de sus operarios mediante la suscripción de permisos para reconstrucción.
La idea es que los trabajadores que perciban un último giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en el período comprendido entre el mes de enero y el mes de julio de 2010, en las seis regiones ya citadas.
La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que amplía los beneficios del seguro de cesantía.
La iniciativa propone la flexibilización de los requisitos de acceso a los beneficios financiados con cargo al Fondo de Cesantía Solidario para los trabajadores que cesen su relación laboral y cuya fuente de trabajo se encuentre ubicada en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo. O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, Araucanía y Región Metropolitana. Para ello se reduce de doce a ocho el número de cotizaciones efectuadas en los últimos 24 meses.
Por la mayor utilización del Fondo de Cesantía Solidario y dado que es la comisión que cobra Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía un porcentaje de dicho beneficio, el gobierno planteaba una compensación adicional para las sociedades administradoras. El monto de dicha compensación alcanzaría los 160 millones de pesos.
La ministra del Trabajo, Camila Merino, señaló que la medida se debe a que los cambios en los contratos merecen una compensación por parte del gobierno. “No estamos entregando más recursos, si no que manteniendo los ingresos que ellos habrían tenido si no hubiéramos tenido esta ley. Creemos que como gobierno hay que mantener las reglas del juego y eso es lo que estamos proponiendo y lo que hemos hecho siempre”, afirmó la titular.
La propuesta finalmente resultó rechazada en este artículo por los parlamentarios de la concertación, obteniendo 55 votos en contra de 56, además de una abstención.
El ex ministro del Trabajo y diputado PS, Osvaldo Andrade, respondió a los argumentos planteados desde el Ejecutivo, diciendo que es incoherente que mientras los empresarios y el Estado hacen un esfuerzo para ayudar a la población, se les tenga que pagar a las administradoras por lo que dejarían de ganar.
“¿Que nos podrían demandar? Si hay gente que está interesada en entorpecer este proceso y demandar, que le expliquen al país aquellos que han ganado tanto como son las AFP’s si están en voluntad de entrabar este proyecto. La derecha sigue con su constante histórico: defender a los que tienen más”, criticó Andrade.
Esta actitud fue criticada desde el oficialismo por el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien afirmó que si las licitaciones fueron establecidas el año 2002, es la Concertación la responsable de disponer de estos recursos si se modifica el seguro.
“Durante todo este tiempo ni Andrade pudiendo haberlo hecho como ministro, ni ningún parlamentario alzaron las voz. El responsable es el propio gobierno de la Concertación que el año 2002 redactó las bases y firmó los contratos. Equivocarse es humano, pero dilatar la solución e impedir que el subsidio llegue a la gente más necesitada por la emergencia es sencillamente inmoral”, afirmó el diputado.
El proyecto de ley también da acceso al Seguro de Cesantía a trabajadores de empresas imposibilitadas de operar o cuya faena presente serios riesgos para la salud y seguridad de sus operarios mediante la suscripción de permisos para reconstrucción.
La idea es que los trabajadores que perciban un último giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en el período comprendido entre el mes de enero y el mes de julio de 2010, en las seis regiones ya citadas.
