Un grupo de parlamentarios ha pedido explicaciones al ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre la forma en que se realizarán las concesiones de los establecimientos educacionales después del terremoto.
La preocupación ronda en los legisladores que están en alerta por una posible “lápida a la educación pública”, haciendo referencia a la “oportunidad de negocio” que representan las concesiones, lo que podría significar no sólo la construcción de los establecimientos, sino también en temas administrativos.
En el sector educacional tampoco se escapan de estas dudas. El ex presidente del Consejo Asesor Presidencial, Juan Eduardo García Huidobro, señaló que este anuncio sólo se entiende en la medida que la concesión alcance sólo materias de edificación o mantención de edificios, bajo un estado de arriendo, por ejemplo, en manos de las municipalidades.
“Preocupa que la concesión implique que se entregue la educación pública a privados en su administración mediante una argucia que no tiene nada que ver con el fondo del tema. El país no lo ha discutido, hay una ley presentada en el congreso que no ha sido trabajada, no es el momento”, agregó García Huidobro.
En tanto, Luis Hernández, director nacional del Colegio de Profesores,
espera que estos cambios no signifiquen una privatización, ya que sería un error grave para la educación pública. “Con eso el Estado va perdiendo el dominio de situaciones que son estratégicas, esto debe estar en manos del Estado para mejorar la calidad y recuperar los niveles educaciones que el país tuvo en un momento histórico”, indicó el dirigente.
Para el diputado PPD Gabriel Silber, integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, si esta situación sucediera sería un retroceso para la Educación en Chile, pues se desaprovecharía una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad.
“ Ya este es un sistema absolutamente privatizado en que el sector privado tiene un rol importante. Hoy discutimos el rol del estado y su responsabilidad en la educación”, señaló el parlamentario.
Finalmente, todos coinciden en que si se trata de construcción o de una concesión relacionada con el tema administrativo, es necesario que se entreguen todos los antecedentes que den cuenta de un sistema transparente entre los oferentes para que no termine siendo una caja de sorpresas para los empresarios del sector.
Un grupo de parlamentarios ha pedido explicaciones al ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre la forma en que se realizarán las concesiones de los establecimientos educacionales después del terremoto.
La preocupación ronda en los legisladores que están en alerta por una posible “lápida a la educación pública”, haciendo referencia a la “oportunidad de negocio” que representan las concesiones, lo que podría significar no sólo la construcción de los establecimientos, sino también en temas administrativos.
En el sector educacional tampoco se escapan de estas dudas. El ex presidente del Consejo Asesor Presidencial, Juan Eduardo García Huidobro, señaló que este anuncio sólo se entiende en la medida que la concesión alcance sólo materias de edificación o mantención de edificios, bajo un estado de arriendo, por ejemplo, en manos de las municipalidades.
“Preocupa que la concesión implique que se entregue la educación pública a privados en su administración mediante una argucia que no tiene nada que ver con el fondo del tema. El país no lo ha discutido, hay una ley presentada en el congreso que no ha sido trabajada, no es el momento”, agregó García Huidobro.
En tanto, Luis Hernández, director nacional del Colegio de Profesores,
espera que estos cambios no signifiquen una privatización, ya que sería un error grave para la educación pública. “Con eso el Estado va perdiendo el dominio de situaciones que son estratégicas, esto debe estar en manos del Estado para mejorar la calidad y recuperar los niveles educaciones que el país tuvo en un momento histórico”, indicó el dirigente.
Para el diputado PPD Gabriel Silber, integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, si esta situación sucediera sería un retroceso para la Educación en Chile, pues se desaprovecharía una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad.
“ Ya este es un sistema absolutamente privatizado en que el sector privado tiene un rol importante. Hoy discutimos el rol del estado y su responsabilidad en la educación”, señaló el parlamentario.
Finalmente, todos coinciden en que si se trata de construcción o de una concesión relacionada con el tema administrativo, es necesario que se entreguen todos los antecedentes que den cuenta de un sistema transparente entre los oferentes para que no termine siendo una caja de sorpresas para los empresarios del sector.
Un grupo de parlamentarios ha pedido explicaciones al ministro de Educación, Joaquín Lavín, sobre la forma en que se realizarán las concesiones de los establecimientos educacionales después del terremoto.
La preocupación ronda en los legisladores que están en alerta por una posible “lápida a la educación pública”, haciendo referencia a la “oportunidad de negocio” que representan las concesiones, lo que podría significar no sólo la construcción de los establecimientos, sino también en temas administrativos.
En el sector educacional tampoco se escapan de estas dudas. El ex presidente del Consejo Asesor Presidencial, Juan Eduardo García Huidobro, señaló que este anuncio sólo se entiende en la medida que la concesión alcance sólo materias de edificación o mantención de edificios, bajo un estado de arriendo, por ejemplo, en manos de las municipalidades.
“Preocupa que la concesión implique que se entregue la educación pública a privados en su administración mediante una argucia que no tiene nada que ver con el fondo del tema. El país no lo ha discutido, hay una ley presentada en el congreso que no ha sido trabajada, no es el momento”, agregó García Huidobro.
En tanto, Luis Hernández, director nacional del Colegio de Profesores,
espera que estos cambios no signifiquen una privatización, ya que sería un error grave para la educación pública. “Con eso el Estado va perdiendo el dominio de situaciones que son estratégicas, esto debe estar en manos del Estado para mejorar la calidad y recuperar los niveles educaciones que el país tuvo en un momento histórico”, indicó el dirigente.
Para el diputado PPD Gabriel Silber, integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, si esta situación sucediera sería un retroceso para la Educación en Chile, pues se desaprovecharía una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad.
“ Ya este es un sistema absolutamente privatizado en que el sector privado tiene un rol importante. Hoy discutimos el rol del estado y su responsabilidad en la educación”, señaló el parlamentario.
Finalmente, todos coinciden en que si se trata de construcción o de una concesión relacionada con el tema administrativo, es necesario que se entreguen todos los antecedentes que den cuenta de un sistema transparente entre los oferentes para que no termine siendo una caja de sorpresas para los empresarios del sector.
