El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, diputado PC Hugo Gutiérrez criticó duramente la designación de Mario Larenas Carmona como jefe de gabinete del subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, por su vinculación con “La Caravana de la Muerte”
“El señor Larenas habría formado parte del pelotón de fusilamiento de las trece personas que fueron asesinadas en La Serena, con motivo de la llegada a esta ciudad en el año 73 de la comitiva comandada por el general Arrellano Stark, este teniente se encontraba acantonado en La Serena cuando llegó”, explicó Gutiérrez.
La Caravana de la Muerte fue una misión de inteligencia militar que recorrió el país entre 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973. Dejó a 26 personas muertas en el sur y otras 71 en La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama y se caracterizó por los brutales métodos de fusilamiento que utilizaban.
En este sentido, el abogado relacionado con la causa, Boris Paredes, agregó que a través de la investigación del ministro Victor Montiglio se ha podido determinar que Sergio Arellano Starck no actuó solo con su comitiva sino que se valió de la oficialidad local.
“Hay declaraciones de personas cuyos nombres no podemos revelar, que lo señalan como uno de los participantes en esta masacre. Eso se debe investigar. En este momento se está pidiendo que sean citados, que se sometan a careos y, posteriormente, si procede, pediremos el auto de procesamiento. Estamos hablando de una persona que está sindicada no por nosotros sino por integrantes de esa época que también participaron”, sostuvo.
Larenas fue citado a declarar ante el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, sin embargo, no se encontró méritos para procesarlo.
Este es otro de los nombramientos que han sido rechazados por los sectores ligados a los derechos humanos, los que también cuestionaron la designación del director de Gendarmería, Iván Andrusco, quien pertenecía a los altos mandos de la dirección de comunicaciones de Carabineros en el año 85, cuando tres víctimas fueron secuestradas, torturadas y degolladas por miembros de esta institución policial.
Los abogados temen que el gobierno de Sebastián Piñera, en vez de tomar las medidas para cautelar que personas ligadas a crímenes de lesa humanidad no accedan a cargos de responsabilidad, tenga una actitud de amparo.
Y si bien, durante su campaña el mandatario había asegurado que en administración no habría espacio para quienes hayan participado de estos hechos, aún no se han pronunciado respecto de estas polémicas designaciones.