Dicen que las cifras no mienten. Durante el último período legislativo se votaron 23 proyectos de ley relativos a temas de derechos humanos en nuestro país, en los que sólo once diputados votaron siempre a favor de las iniciativas, lo que muestra un “alto compromiso” con la materia.
De ellos, ninguno pertenecía a la Alianza por Chile, punto importante a la hora de analizar el comportamiento de los legisladores oficialistas, pues desde el gobierno encabezado por Sebastián Piñera se ha reiterado que habrá un gran compromiso con las causas de derechos humanos.
Así lo ratificó la ministra Secretaria General de gobierno, Ena von Baer, durante la presentación del Balance al Poder Legislativo efectuado por el Observatorio Parlamentario, donde reiteró que “el Presidente de la República ha dicho que va asumir un compromiso total con la defensa de los derechos humanos y de las libertades dentro de la democracia, a nivel regional y a nivel internacional”.
Sin embargo, el discurso del gobierno genera dudas cuando los legisladores pertencientes a su bloque han mostrado una actitud distante a este tipo de temas. Así lo señaló Carolina Carrera, quien indicó además que el compromiso del Ejecutivo no se convierte en el impulso de proyectos de ley específicos.
“Queremos ver en qué se va a traducir esta preocupación en materia de derechos humanos, pues quienes efectivamente han votado menos en favor de estos proyectos ha sido la Alianza. Queremos ver hoy como gobierno qué va a ocurrir cuando el Ejecutivo impulse estos proyectos, que es lo que esperamos, así como se comprometieron”, indicó Carrera.
La crítica del informe no quedó ahí, ya que también cuestionó la validez del proceso de debate de ideas dentro del Congreso. El estudio indica que “no hay deliberación de cara a la ciudadanía ni mecanismos transparentes” para tratar los temas que importan entre la ciudadanía, lo que se traduce en que los más escuchados por la clase política siempre terminan siendo los distintos gremios del empresariado.
Además, el estudio plantea el excesivo rol del Ejecutivo al momento de crear iniciativas legales y critica el gran interés de los parlamentarios en “proponer por proponer”, pues entre todos los representantes presentaron más de dos mil 300 mociones legislativas que rara vez se convirtieron en ley.
Si bien el presidente del Senado, Jorge Pizarro, reconoció este error por parte de sus pares, hizo una pobre autocrítica al respecto, centrándose más en los logros del Parlamento en los últimos años más.
“No nos podemos quedar solo en que la labor de un Congreso se puede evaluar por lo que hizo o no hizo en materia legislativa en derechos humanos o en democracia, por importante que sea, cuando hay otra serie de proyectos y de leyes que se vieron durante estos años y que fueron de gran significación e importancia para el país”, sostuvo el senador.
Pizarro además, desechó los cuestionamientos del informe acerca del trabajo parlamentario al interior de las comisiones, pues indicó que es la única instancia para debatir con el Ejecutivo sobre los temas a legislar.
Patricia Cardemil, directora de la Fundación Ideas, que también participó en la elaboración del informe, indicó que la fiscalización sobre el Parlamento se incrementará sobre todo en las materias que aún están pendientes.
El texto además destaca la necesidad de avanzar en temas como la modificación del sistema binominal, el derechos a voto de los chilenos en el extranjeros, lobby y la improcedencia de amnistías, indultos y prescripción de delitos de lesa humanidad, entre otros. Todos calificados como los hitos más negativos del último período legislativo.
Dicen que las cifras no mienten. Durante el último período legislativo se votaron 23 proyectos de ley relativos a temas de derechos humanos en nuestro país, en los que sólo once diputados votaron siempre a favor de las iniciativas, lo que muestra un “alto compromiso” con la materia.
De ellos, ninguno pertenecía a la Alianza por Chile, punto importante a la hora de analizar el comportamiento de los legisladores oficialistas, pues desde el gobierno encabezado por Sebastián Piñera se ha reiterado que habrá un gran compromiso con las causas de derechos humanos.
Así lo ratificó la ministra Secretaria General de gobierno, Ena von Baer, durante la presentación del Balance al Poder Legislativo efectuado por el Observatorio Parlamentario, donde reiteró que “el Presidente de la República ha dicho que va asumir un compromiso total con la defensa de los derechos humanos y de las libertades dentro de la democracia, a nivel regional y a nivel internacional”.
Sin embargo, el discurso del gobierno genera dudas cuando los legisladores pertencientes a su bloque han mostrado una actitud distante a este tipo de temas. Así lo señaló Carolina Carrera, quien indicó además que el compromiso del Ejecutivo no se convierte en el impulso de proyectos de ley específicos.
“Queremos ver en qué se va a traducir esta preocupación en materia de derechos humanos, pues quienes efectivamente han votado menos en favor de estos proyectos ha sido la Alianza. Queremos ver hoy como gobierno qué va a ocurrir cuando el Ejecutivo impulse estos proyectos, que es lo que esperamos, así como se comprometieron”, indicó Carrera.
La crítica del informe no quedó ahí, ya que también cuestionó la validez del proceso de debate de ideas dentro del Congreso. El estudio indica que “no hay deliberación de cara a la ciudadanía ni mecanismos transparentes” para tratar los temas que importan entre la ciudadanía, lo que se traduce en que los más escuchados por la clase política siempre terminan siendo los distintos gremios del empresariado.
Además, el estudio plantea el excesivo rol del Ejecutivo al momento de crear iniciativas legales y critica el gran interés de los parlamentarios en “proponer por proponer”, pues entre todos los representantes presentaron más de dos mil 300 mociones legislativas que rara vez se convirtieron en ley.
Si bien el presidente del Senado, Jorge Pizarro, reconoció este error por parte de sus pares, hizo una pobre autocrítica al respecto, centrándose más en los logros del Parlamento en los últimos años más.
“No nos podemos quedar solo en que la labor de un Congreso se puede evaluar por lo que hizo o no hizo en materia legislativa en derechos humanos o en democracia, por importante que sea, cuando hay otra serie de proyectos y de leyes que se vieron durante estos años y que fueron de gran significación e importancia para el país”, sostuvo el senador.
Pizarro además, desechó los cuestionamientos del informe acerca del trabajo parlamentario al interior de las comisiones, pues indicó que es la única instancia para debatir con el Ejecutivo sobre los temas a legislar.
Patricia Cardemil, directora de la Fundación Ideas, que también participó en la elaboración del informe, indicó que la fiscalización sobre el Parlamento se incrementará sobre todo en las materias que aún están pendientes.
El texto además destaca la necesidad de avanzar en temas como la modificación del sistema binominal, el derechos a voto de los chilenos en el extranjeros, lobby y la improcedencia de amnistías, indultos y prescripción de delitos de lesa humanidad, entre otros. Todos calificados como los hitos más negativos del último período legislativo.
Dicen que las cifras no mienten. Durante el último período legislativo se votaron 23 proyectos de ley relativos a temas de derechos humanos en nuestro país, en los que sólo once diputados votaron siempre a favor de las iniciativas, lo que muestra un “alto compromiso” con la materia.
De ellos, ninguno pertenecía a la Alianza por Chile, punto importante a la hora de analizar el comportamiento de los legisladores oficialistas, pues desde el gobierno encabezado por Sebastián Piñera se ha reiterado que habrá un gran compromiso con las causas de derechos humanos.
Así lo ratificó la ministra Secretaria General de gobierno, Ena von Baer, durante la presentación del Balance al Poder Legislativo efectuado por el Observatorio Parlamentario, donde reiteró que “el Presidente de la República ha dicho que va asumir un compromiso total con la defensa de los derechos humanos y de las libertades dentro de la democracia, a nivel regional y a nivel internacional”.
Sin embargo, el discurso del gobierno genera dudas cuando los legisladores pertencientes a su bloque han mostrado una actitud distante a este tipo de temas. Así lo señaló Carolina Carrera, quien indicó además que el compromiso del Ejecutivo no se convierte en el impulso de proyectos de ley específicos.
“Queremos ver en qué se va a traducir esta preocupación en materia de derechos humanos, pues quienes efectivamente han votado menos en favor de estos proyectos ha sido la Alianza. Queremos ver hoy como gobierno qué va a ocurrir cuando el Ejecutivo impulse estos proyectos, que es lo que esperamos, así como se comprometieron”, indicó Carrera.
La crítica del informe no quedó ahí, ya que también cuestionó la validez del proceso de debate de ideas dentro del Congreso. El estudio indica que “no hay deliberación de cara a la ciudadanía ni mecanismos transparentes” para tratar los temas que importan entre la ciudadanía, lo que se traduce en que los más escuchados por la clase política siempre terminan siendo los distintos gremios del empresariado.
Además, el estudio plantea el excesivo rol del Ejecutivo al momento de crear iniciativas legales y critica el gran interés de los parlamentarios en “proponer por proponer”, pues entre todos los representantes presentaron más de dos mil 300 mociones legislativas que rara vez se convirtieron en ley.
Si bien el presidente del Senado, Jorge Pizarro, reconoció este error por parte de sus pares, hizo una pobre autocrítica al respecto, centrándose más en los logros del Parlamento en los últimos años más.
“No nos podemos quedar solo en que la labor de un Congreso se puede evaluar por lo que hizo o no hizo en materia legislativa en derechos humanos o en democracia, por importante que sea, cuando hay otra serie de proyectos y de leyes que se vieron durante estos años y que fueron de gran significación e importancia para el país”, sostuvo el senador.
Pizarro además, desechó los cuestionamientos del informe acerca del trabajo parlamentario al interior de las comisiones, pues indicó que es la única instancia para debatir con el Ejecutivo sobre los temas a legislar.
Patricia Cardemil, directora de la Fundación Ideas, que también participó en la elaboración del informe, indicó que la fiscalización sobre el Parlamento se incrementará sobre todo en las materias que aún están pendientes.
El texto además destaca la necesidad de avanzar en temas como la modificación del sistema binominal, el derechos a voto de los chilenos en el extranjeros, lobby y la improcedencia de amnistías, indultos y prescripción de delitos de lesa humanidad, entre otros. Todos calificados como los hitos más negativos del último período legislativo.
