El jueves el tribunal oral en lo penal de Villarrica decidió dejar en libertad y sin cargos a la documentalista Elena Varela. Con esta sorpresiva sentencia se ponía fin a dos años de procedimientos y campañas por la liberación de la profesional, procesada por la ley antiterrorista, en uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos y libertad de expresión en el último tiempo en Chile.

Corría el 2008 y Elena trabajaba en la investigación para su documental Newén Mapuche, que relataría la situación de las comunidades originarias en la Araucanía y la acción policial en la zona. Pero el trabajo quedó truncado cuando el 7 de mayo allanaron su casa y la detuvieron. Luego volverían para incautar todo el material que tenía grabado, cerca de 330 cintas.

Por eso, una de las primeras interrogantes que surgieron una vez decretada su libertad fue si recuperaría el material que le requisaron y cómo continuará sus investigaciones.

“No vale la pena seguir pidiendo que se me devuelva el material. De hecho, ya lo hicimos y se devolvió una cantidad y el resto no se sabe dónde está. No hemos resulto todavía con el abogado cuál va a ser el camino que vamos a tomar o definitivamente terminar la película con lo que volvimos a hacer y replantear la película. Está todo el terror que se ha infundido con mi caso. Se descubrió dentro del juicio que había persecuciones de mucho antes. Ha sido muy oscuro todo esto que ha pasado y estamos recién viendo la luz”, dijo.

Jaime Madariaga, uno de los abogados que lideró la defensa, reconoció que existen muy pocas posibilidades de obtener las grabaciones de las entrevistas a cabecillas de la causa mapuches, fuentes a las que Elena Varela, además, debía proteger.

“El Ministerio Público asegura que se devolvieron todas las cintas incautadas. Nosotros sabemos que no fue así, pero probar lo contrario es muy difícil porque cuando fue allanada su casa  y fueron incautadas todas las cintas, Elena no estaba ahí y quien firmó el acta de incautación fue la trabajadora de casa particular y que evidentemente no tuvo tiempo para leer”.

Y tal como adelanta el abogado, la documentalista ahora “va volver a lo suyo”. Según informó Varela en exclusiva a Radio Universidad de Chile, el documental mapuche se va a realizar igual, estará cargado de su experiencia de estos últimos dos años y contendrá imágenes más fuertes de las que quisieron acallar quienes la acusaron y, como ya se comienza a hablar, planearon este montaje en su contra para impedir que saliera a la luz pública la situación del pueblo mapuche en la Araucanía.

“He tratado de reconstruir la historia y con el material que tengo en este momento creo que es posible hacerlo. Toda esta lucha fuerte de salir adelante de la prisión y de la opresión, a la vez, es tan importante que te fortalece. Las cosas se van a saber a través de una película quizás mucho más fuerte, hay muchas cosas de fondo que no se pueden decir altiro que tal vez sean parte de alguna película”, adelantó.

El caso de Elena Varela se transformó en emblemático para los defensores de la libertad de expresión, quienes realizaron profusas campañas para lograr su libertad y, ahora, buscarán develar el montaje que hubo detrás de una detención arbitraria, que la misma justicia dejó sin efecto.

“La Asociación de Documentalistas de Chile mantiene su preocupación y denuncia a la operación de silenciamiento del trabajo documental que estaba haciendo Elena Varela, que siempre pensamos que estaba detrás de esta acusación, que con el dictamen se revela como falsa, prácticamente un montaje”, sostuvo Francisco Gedda, uno de los más destacados profesionales en este ámbito en Chile.

Asimismo, para los documentalistas e investigadores chilenos este caso puso sobre el tapete que tanto ellos como su material de trabajo se encuentran desprotegidos. “Insistimos en la urgencia de una ley que se empezó a tramitar el 2009 y que sigue pendiente, una ley que asimila a los documentalistas a la ley de prensa que protege a los periodistas”, sostuvo Gedda.

Los cargos que se le imputaron a Elena Varela, Kenny Sanchez y Sergio Reyes era su presunta participación en asaltos de Banco Estado en 2004, que afectó a la sucursal de Loncoche, y a una sucursal del INP en Machalí. A la documentalista la acusaron de tener contactos con células terroristas del MIR, además de su activismo en la causa mapuche. Pero la justicia determinó que nunca estuvo ligada a grupos terroristas y que su vinculación con algunos dirigentes fue sólo en base a la realización de su trabajo.

Por eso, ahora no descarta recurrir a cortes internacionales para solicitar una indemnización por los daños y prejuicios que le provocaron dos años privada de libertad y acusada injustamente.