El 20 de noviembre de 1974 agentes de la DINA detuvieron y luego hicieron desaparecer a Luis Mahuida Esquivel, hijo de Elsa Esquivel Rojo, quien desde entonces comenzó un largo peregrinar para dar con su paradero, el que hasta hoy no encuentra.
En medio de esa búsqueda, el 18 de diciembre de 1984 fue detenida en su casa, ya bien entrada la noche, por agentes policiales de civil que saltaron las murallas. Eran comandados por el oficial de carabineros Iván Andrusco Aspé.
Así lo afirma Elsa Esquivel, quien presentó una querella criminal contra el oficial en retiro, ya que aseguró que fue torturada en el edificio de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), lugar hasta donde fueron llevados un año después Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, los profesionales que fueron degollados.
Sin embargo, la mujer reconoció haber sabido de su identidad sólo cuando asumió como director de Gendarmería, hace sólo algunos días, y fue acusado por el diputado Hugo Gutiérrez de estar involucrado en el caso degollados .
“Luego de ver las imágenes en la televisión reconozco de inmediato al hombre que me sacó detenida de mi casa. Yo no sabía su nombre, lo pude reconocer ahora y sé que es él quien mandaba al grupo de agentes de civil, por lo que no podía determinar si eran del Ejército o Carabineros”, aseveró Elsa Esquivel.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, esta es la demostración que no se puede pedir perdón a Andrusco, como exigió el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, el viernes recién pasado cuando el ex oficial de Carabineros renunció a su nuevo cargo.
“Esta es una señal que debe entender de una vez por toda la autoridad política del país en que los cargos de gobierno no los pueden ocupar criminales ni torturadores y que la impunidad no puede seguir reinando en el país. La tortura como el caso de nuestra compañera Elsa Esquivel que debe ser aclarado. Iván Andrusco debe estar en la cárcel y nunca siendo vestido con ropajes de víctima cuando en realidad es un torturador victimario”, subrayó la dirigenta.
Mientras esto sucedía en el Palacio de Tribunales, en La Moneda el cardenal Francisco Javier Errázuriz junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, reiteraban a Sebastián Piñera la idea de un indulto jubilar por el Bicentenario que no excluya a nadie.
“Lo normal es que si una persona tiene mucha edad o si es que es enferma terminal, nadie hace la distinción si es que es civil o militar o de otra profesión. Creo que debería ser una cosa muy amplia. Naturalmente que pueden haber crímenes del pasado que han sido de tal repercusión y que han golpeado a la sociedad de tal manera que a esas personas podría ser que no se les diera ningún indulto”, indicó el cardenal.
La propuesta fue rechazada por el diputado Tucapel Jiménez, cuyo padre fue asesinado por agentes de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, y recordó que es necesario poner fin a esta atribución exclusiva que tiene el Presidente de la República.
“Por principio me opongo a todo tipo de indulto, además, presenté un proyecto de ley para terminar con la facultas del Presidente de la República. Soy una víctima de los indultos porque se indultó a uno de los asesinos de mi padre, por lo tanto, me sorprende mucho la posición de la Iglesia Católica que hoy tiene otros problemas de que preocuparse. Me sorprende porque se entiende que la Iglesia debiera estar de lado de las víctimas y no de los victimarios”, señaló el parlamentario.
Misma idea expresó la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quien planteó que esto se aleja al trabajo por la defensa de los derechos humanos que caracterizó durante mucho tiempo a la iglesia.
“Nos parece aberrante que dentro de la propuesta no estuvieran excluidos de forma explícita los violadores de los derechos humanos y que además la Iglesia justifique que ellos también pueden quedar libes a partir de esta propuesta del indulto Bicentenario. Esto es darle la espalda al cardenal Raúl Silva Henríquez, es darle la espalda a la historia de la Iglesia en defensa de los derechos humanos y esencialmente darle la espalda a las víctimas porque lo importante aquí son las víctimas de los violadores de los derechos fundamentales”, destacó García
Esta es la propuesta de la Iglesia, agregó Mireya García, pero las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura así como de derechos humanos, se opondrán a la idea de que sujetos como Miguel Krassnof Martchenko, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga o el propio Manuel Contreras queden en libertad por buena conducta, tener una enfermedad grave o una avanzada edad como plantea la idea del clero.