Luego de una larga tramitación, el Congreso aprobó el año pasado el Instituto de Derechos Humanos impulsado por Michelle Bachelet. El avance  fue ampliamente difundido por el gobierno de ese momento por constituir un paso adelante en las políticas que se aplicarían en el futuro en esta materia.

Sin embargo, hasta ahora el organismo no es una realidad debido a que todavía no se cursan los decretos correspondientes, ni la toma de razón de la Contraloría, como tampoco la publicación en el Diario Oficial de las designaciones de sus consejeros, como explicó quien se supone es el director del Instituto, el abogado Roberto Garretón.

“Lo que está pasando es nada. Hay una persona que ha dictado el decreto y se ha tomado razón y los demás estamos esperando que tengan a bien dictar un decreto supremo que transforme la voluntad del órgano que nos nombró en un acto ejecutable, sujeto a toma de razón de la Contraloría que nos den una pieza, un par de sillas, un computador y no pasa nada”, indicó el abogado.

Hasta ahora la única persona que es oficialmente consejera del Instituto de Derechos Humanos es María Luisa Sepúlveda, amiga de la ex Mandataria y ex asesora presidencial para estos mismos temas, quien fue además la encargada de impulsar la aprobación en el Parlamento de la nueva instancia.

Mientras, los demás miembros designados por el Congreso y organismos de derechos humanos esperan recibir el nombramiento oficial, lo que es una clara demostración del desorden y desinterés por parte del Estado, afirmó Mireya García, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entidad crítica de la nueva institucionalidad.

“Ya que ella (Michelle Bachelet) tenía tanta confianza en este instituto debió haberlo dejado funcionando con facultades, recursos, institucionalidad. Eso no se hizo, se dilató mucho en el tiempo porque el proyecto tuvo muchos retrocesos y ahora llegamos a esta situación en que la derecha claramente puede obviar el funcionamiento del instituto y puede dejarlo en un estado en que aparentemente existe porque hay una ley, pero que en definitiva no tiene ni los recursos, ni la institucionalidad, ni la legitimidad necesaria para funcionar”, afirmó la dirigenta.

Incluso se registra el caso de Gonzalo Muñoz, ex dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien fue designado también por Bachelet para integrar el consejo del Instituto de Derechos Humanos y fue confirmado por el decreto respectivo. Pero poco después la norma fue revocada y fue sacado de la entidad, la que hoy no cuenta ni siquiera con una sala y sólo se reúne como un grupo de amigos en las dependencias de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en el centro de Santiago.