A pesar de haber fondos para dar una solución definitiva a miles de personas que son morosas en el pago de sus viviendas, el gobierno anterior no quiso avanzar en ese sentido y sólo entregó el beneficio, que tiene una serie de condicionantes, a un grupo reducido.
Son unas 199 mil familias de todo el país que están en esta situación y de las cuales sólo cincuenta mil podrán acceder a repactar deudas, pero para acogerse a la solución deben refinanciar el crédito solicitado originalmente.
Al refinanciar se les junta el préstamo pedido para comprar la vivienda y la deuda, que en algunos casos llega a los tres o cuatro años, y sobre eso se alarga la mora con la banca por varios años, como explicó Graciela Andrade, dirigenta de la Federación Nacional de Pobladores en Defensa de los Derechos, instancia que reúne a varias de las organizaciones de deudores habitacionales.
“Tenemos un caso emblemático de una persona que refinanció su deuda ¡a 60 años más! En este momento él tiene 48 años años, obvio que no va a terminar su casa, pero paga el codeudor, porque el banco ya se amparó ante eso y le están agregando un codeudor que puede ser el cónyuge o el hijo mayor de 18 años para que termine de pagar el crédito que uno no va a terminar a pagar”, indicó Andrade.
En tanto, Roxana Miranda, también representante de la nueva federación que los agrupa, señaló que además de aumentar el costo de la deuda se agregan otras condiciones para acceder a los beneficios que entrega el Estado, como es el pago del 50 o el 60 por ciento de los dividendos.
“La formula que están ocupando para que la familia nunca más se atrase, es que al décimo día si no se paga el dividendo pierde el beneficio automáticamente y los créditos refinanciados no vuelven atrás, sino que las familias tiene que seguir pagando esos diez años más o 22 años más que le agregaron enterito. Esa solución consideramos que es discriminatoria porque nos dejó a muchas familias fuera”, denunció Miranda.
De hecho hay cientos de familias donde se registran personas con serios problemas de salud que no quedaron dentro del grupo de beneficiados, como también otros que tienen mayor puntaje en la ficha de protección social, por lo que tampoco fueron objeto de esta solución dada por la anterior administración.
Por eso, para el presidente de la comisión de vivienda del Senado, Juan Pablo Letelier, llegó el momento de tomar una decisión política para terminar con este largo problema que ya se arrastra por años.
“Si no se logra una situación habitacional y financiero, con sistemas de copago que no tome en cuenta solamente a los que están con ficha de protección social muy baja, en lo que vamos a terminar es con gente en la calle, con sus casas rematadas, exigiendo y pidiendo al Estado subsidios de vivienda para tener donde vivir”, afirmó Letelier.
Letelier indicó que el tema lo van a tratar al interior de la comisión de vivienda del Senado para concordar una propuesta que permita a las miles de familias terminar con este conflicto que los llevó a protagonizar durante los últimos años diversas manifestaciones incluyendo en actividades de la ex mandataria.
A pesar de haber fondos para dar una solución definitiva a miles de personas que son morosas en el pago de sus viviendas, el gobierno anterior no quiso avanzar en ese sentido y sólo entregó el beneficio, que tiene una serie de condicionantes, a un grupo reducido.
Son unas 199 mil familias de todo el país que están en esta situación y de las cuales sólo cincuenta mil podrán acceder a repactar deudas, pero para acogerse a la solución deben refinanciar el crédito solicitado originalmente.
Al refinanciar se les junta el préstamo pedido para comprar la vivienda y la deuda, que en algunos casos llega a los tres o cuatro años, y sobre eso se alarga la mora con la banca por varios años, como explicó Graciela Andrade, dirigenta de la Federación Nacional de Pobladores en Defensa de los Derechos, instancia que reúne a varias de las organizaciones de deudores habitacionales.
“Tenemos un caso emblemático de una persona que refinanció su deuda ¡a 60 años más! En este momento él tiene 48 años años, obvio que no va a terminar su casa, pero paga el codeudor, porque el banco ya se amparó ante eso y le están agregando un codeudor que puede ser el cónyuge o el hijo mayor de 18 años para que termine de pagar el crédito que uno no va a terminar a pagar”, indicó Andrade.
En tanto, Roxana Miranda, también representante de la nueva federación que los agrupa, señaló que además de aumentar el costo de la deuda se agregan otras condiciones para acceder a los beneficios que entrega el Estado, como es el pago del 50 o el 60 por ciento de los dividendos.
“La formula que están ocupando para que la familia nunca más se atrase, es que al décimo día si no se paga el dividendo pierde el beneficio automáticamente y los créditos refinanciados no vuelven atrás, sino que las familias tiene que seguir pagando esos diez años más o 22 años más que le agregaron enterito. Esa solución consideramos que es discriminatoria porque nos dejó a muchas familias fuera”, denunció Miranda.
De hecho hay cientos de familias donde se registran personas con serios problemas de salud que no quedaron dentro del grupo de beneficiados, como también otros que tienen mayor puntaje en la ficha de protección social, por lo que tampoco fueron objeto de esta solución dada por la anterior administración.
Por eso, para el presidente de la comisión de vivienda del Senado, Juan Pablo Letelier, llegó el momento de tomar una decisión política para terminar con este largo problema que ya se arrastra por años.
“Si no se logra una situación habitacional y financiero, con sistemas de copago que no tome en cuenta solamente a los que están con ficha de protección social muy baja, en lo que vamos a terminar es con gente en la calle, con sus casas rematadas, exigiendo y pidiendo al Estado subsidios de vivienda para tener donde vivir”, afirmó Letelier.
Letelier indicó que el tema lo van a tratar al interior de la comisión de vivienda del Senado para concordar una propuesta que permita a las miles de familias terminar con este conflicto que los llevó a protagonizar durante los últimos años diversas manifestaciones incluyendo en actividades de la ex mandataria.
A pesar de haber fondos para dar una solución definitiva a miles de personas que son morosas en el pago de sus viviendas, el gobierno anterior no quiso avanzar en ese sentido y sólo entregó el beneficio, que tiene una serie de condicionantes, a un grupo reducido.
Son unas 199 mil familias de todo el país que están en esta situación y de las cuales sólo cincuenta mil podrán acceder a repactar deudas, pero para acogerse a la solución deben refinanciar el crédito solicitado originalmente.
Al refinanciar se les junta el préstamo pedido para comprar la vivienda y la deuda, que en algunos casos llega a los tres o cuatro años, y sobre eso se alarga la mora con la banca por varios años, como explicó Graciela Andrade, dirigenta de la Federación Nacional de Pobladores en Defensa de los Derechos, instancia que reúne a varias de las organizaciones de deudores habitacionales.
“Tenemos un caso emblemático de una persona que refinanció su deuda ¡a 60 años más! En este momento él tiene 48 años años, obvio que no va a terminar su casa, pero paga el codeudor, porque el banco ya se amparó ante eso y le están agregando un codeudor que puede ser el cónyuge o el hijo mayor de 18 años para que termine de pagar el crédito que uno no va a terminar a pagar”, indicó Andrade.
En tanto, Roxana Miranda, también representante de la nueva federación que los agrupa, señaló que además de aumentar el costo de la deuda se agregan otras condiciones para acceder a los beneficios que entrega el Estado, como es el pago del 50 o el 60 por ciento de los dividendos.
“La formula que están ocupando para que la familia nunca más se atrase, es que al décimo día si no se paga el dividendo pierde el beneficio automáticamente y los créditos refinanciados no vuelven atrás, sino que las familias tiene que seguir pagando esos diez años más o 22 años más que le agregaron enterito. Esa solución consideramos que es discriminatoria porque nos dejó a muchas familias fuera”, denunció Miranda.
De hecho hay cientos de familias donde se registran personas con serios problemas de salud que no quedaron dentro del grupo de beneficiados, como también otros que tienen mayor puntaje en la ficha de protección social, por lo que tampoco fueron objeto de esta solución dada por la anterior administración.
Por eso, para el presidente de la comisión de vivienda del Senado, Juan Pablo Letelier, llegó el momento de tomar una decisión política para terminar con este largo problema que ya se arrastra por años.
“Si no se logra una situación habitacional y financiero, con sistemas de copago que no tome en cuenta solamente a los que están con ficha de protección social muy baja, en lo que vamos a terminar es con gente en la calle, con sus casas rematadas, exigiendo y pidiendo al Estado subsidios de vivienda para tener donde vivir”, afirmó Letelier.
Letelier indicó que el tema lo van a tratar al interior de la comisión de vivienda del Senado para concordar una propuesta que permita a las miles de familias terminar con este conflicto que los llevó a protagonizar durante los últimos años diversas manifestaciones incluyendo en actividades de la ex mandataria.
