Aún no existe claridad sobre la estructura que tendría el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, prometido en la campaña de Sebastián Piñera, y que se espera anuncie en su cuenta del 21 de mayo, aunque sí se conoce su objetivo: terminar con la indigencia en el 2014 y dejar sentadas las bases para que Chile sea un país sin pobreza el 2018.
Por el momento, lo único claro es que la instalación de la nueva cartera la está gestionando el ministro de Planificación Social, Felipe Kast, quien ya se ha reunido con varios representantes del mundo social para recoger información sobre las falencias de la actual institucionalidad. Y en los próximos días planea realizar un viaje al extranjero para recoger experiencias sobre modelos de gestión similares.
El anuncio, que propone reformular el ministerio de Planificación Social y la Dirección de Presupuesto del ministerio de Hacienda, ha sido considerado por algunos como una estrategia política. Es el caso del cientista político y académico de la Universidad de Chile, Bernardo Navarrete, quien cree que “se está compitiendo con el selló político que generó la Presidenta Michelle Bachelet, con una línea reconocida como herencia de la Concertación. Lo que ocurre es que desde un gobierno de centro-derecha se está anunciando y compitiendo por una característica que le dio el reconocimiento y el apoyo de la opinión pública a la ex Presidenta”.
Asimismo, el experto señaló que será fundamental al momento de estudiar la iniciativa tener en cuenta la estructura que tendrá esta nueva cartera y cuáles son los objetivos que hay detrás.
“La pregunta que hay que hacerse es ¿Cómo Piñera va a lograr agrupar organismos dispersos bajo una sola institucionalidad? No es que a la anterior administración no se le hubiera ocurrido, lo que pasa es que es difícil que se disminuya la burocracia y se avance significativamente en materia de igualdad. Sin embargo, esto es una apuesta, si consigue su objetivo, Piñera logrará quitarle la bandera de lucha a los sectores de izquierda y acercarse a nuevos sectores políticos”, aseveró Navarrete.
El ministerio de Desarrollo Social, según el programa de gobierno de Sebastián Piñera, pretende terminar con la discriminación social y la extrema pobreza, alineando los programas sociales hoy existentes en diversos ministerios. Algunos de ellos sería la Conadi, encargada de la problemática indígena y que hoy depende de Mideplan, la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Segpres y el Servicio Nacional de Menores que actualmente pertenece al Ministerio de Justicia.
Al respecto, el presidente de la asociación de funcionarios del Sename, Walter Arancibia, consideró que el proyecto de la nueva institucionalidad simplemente está dividiendo aún más a una institución que ya no es eficiente.
“No compartimos la iniciativa de la actual administración porque divide aún más las instituciones que ayudan a la gente vulnerable. En el caso del Sename, se fraccionaría, ya que los menores que cometan delitos estarían a cargo de Justicia o Gendarmería y los vulnerables en Desarrollo Social. Estas medidas no mejoran la problemática de fondo y continúa cometiendo los mismos errores de la administración de Bachelet con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente que sólo encerró a más niños, sin mejorar la situación de los centros”, denunció Arancibia.
En La Moneda señalan que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo liderada por Felipe Kast donde también participarán representantes de Hacienda, Segpres y que dará forma al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso.
Sin embargo, otro de los cuestionamientos viene desde el mismo ministerio que preside la iniciativa, el Mideplan. Sus trabajadores denuncian que “no han sido tomados en cuenta” y que a pocos días del discurso del 21 de mayo donde se daría a conocer públicamente la nueva cartera.
“Las autoridades se comprometieron a llamarnos para discutir el tema, para que nosotros le presentemos el proyecto a las bases. Mientras eso no ocurra no tenemos ninguna otra información”, dijo el director de la Asociación de Empleados del Mideplan, Manuel Sarabia.
Cabe destacar que actualmente no existe un catastro oficial de todos los programas sociales que administra y ejecuta el Gobierno, ni del gasto fiscal efectuado en cada uno de ellos, que muchas veces involucran la participación de más de un ministerio. La única información con la que se cuenta al respecto es la Guía de Derechos Sociales publicada por Mideplan, que está lejos de ser un censo de la política social. De los 176 programas sociales listados en su versión 2008, sólo 52 tienen énfasis en la superación de la pobreza. A su vez, los recursos públicos desembolsados en estos últimos representan a penas un poco más del diez por ciento de lo que el gobierno identifica como gasto social.
Aún no existe claridad sobre la estructura que tendría el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, prometido en la campaña de Sebastián Piñera, y que se espera anuncie en su cuenta del 21 de mayo, aunque sí se conoce su objetivo: terminar con la indigencia en el 2014 y dejar sentadas las bases para que Chile sea un país sin pobreza el 2018.
Por el momento, lo único claro es que la instalación de la nueva cartera la está gestionando el ministro de Planificación Social, Felipe Kast, quien ya se ha reunido con varios representantes del mundo social para recoger información sobre las falencias de la actual institucionalidad. Y en los próximos días planea realizar un viaje al extranjero para recoger experiencias sobre modelos de gestión similares.
El anuncio, que propone reformular el ministerio de Planificación Social y la Dirección de Presupuesto del ministerio de Hacienda, ha sido considerado por algunos como una estrategia política. Es el caso del cientista político y académico de la Universidad de Chile, Bernardo Navarrete, quien cree que “se está compitiendo con el selló político que generó la Presidenta Michelle Bachelet, con una línea reconocida como herencia de la Concertación. Lo que ocurre es que desde un gobierno de centro-derecha se está anunciando y compitiendo por una característica que le dio el reconocimiento y el apoyo de la opinión pública a la ex Presidenta”.
Asimismo, el experto señaló que será fundamental al momento de estudiar la iniciativa tener en cuenta la estructura que tendrá esta nueva cartera y cuáles son los objetivos que hay detrás.
“La pregunta que hay que hacerse es ¿Cómo Piñera va a lograr agrupar organismos dispersos bajo una sola institucionalidad? No es que a la anterior administración no se le hubiera ocurrido, lo que pasa es que es difícil que se disminuya la burocracia y se avance significativamente en materia de igualdad. Sin embargo, esto es una apuesta, si consigue su objetivo, Piñera logrará quitarle la bandera de lucha a los sectores de izquierda y acercarse a nuevos sectores políticos”, aseveró Navarrete.
El ministerio de Desarrollo Social, según el programa de gobierno de Sebastián Piñera, pretende terminar con la discriminación social y la extrema pobreza, alineando los programas sociales hoy existentes en diversos ministerios. Algunos de ellos sería la Conadi, encargada de la problemática indígena y que hoy depende de Mideplan, la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Segpres y el Servicio Nacional de Menores que actualmente pertenece al Ministerio de Justicia.
Al respecto, el presidente de la asociación de funcionarios del Sename, Walter Arancibia, consideró que el proyecto de la nueva institucionalidad simplemente está dividiendo aún más a una institución que ya no es eficiente.
“No compartimos la iniciativa de la actual administración porque divide aún más las instituciones que ayudan a la gente vulnerable. En el caso del Sename, se fraccionaría, ya que los menores que cometan delitos estarían a cargo de Justicia o Gendarmería y los vulnerables en Desarrollo Social. Estas medidas no mejoran la problemática de fondo y continúa cometiendo los mismos errores de la administración de Bachelet con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente que sólo encerró a más niños, sin mejorar la situación de los centros”, denunció Arancibia.
En La Moneda señalan que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo liderada por Felipe Kast donde también participarán representantes de Hacienda, Segpres y que dará forma al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso.
Sin embargo, otro de los cuestionamientos viene desde el mismo ministerio que preside la iniciativa, el Mideplan. Sus trabajadores denuncian que “no han sido tomados en cuenta” y que a pocos días del discurso del 21 de mayo donde se daría a conocer públicamente la nueva cartera.
“Las autoridades se comprometieron a llamarnos para discutir el tema, para que nosotros le presentemos el proyecto a las bases. Mientras eso no ocurra no tenemos ninguna otra información”, dijo el director de la Asociación de Empleados del Mideplan, Manuel Sarabia.
Cabe destacar que actualmente no existe un catastro oficial de todos los programas sociales que administra y ejecuta el Gobierno, ni del gasto fiscal efectuado en cada uno de ellos, que muchas veces involucran la participación de más de un ministerio. La única información con la que se cuenta al respecto es la Guía de Derechos Sociales publicada por Mideplan, que está lejos de ser un censo de la política social. De los 176 programas sociales listados en su versión 2008, sólo 52 tienen énfasis en la superación de la pobreza. A su vez, los recursos públicos desembolsados en estos últimos representan a penas un poco más del diez por ciento de lo que el gobierno identifica como gasto social.
Aún no existe claridad sobre la estructura que tendría el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, prometido en la campaña de Sebastián Piñera, y que se espera anuncie en su cuenta del 21 de mayo, aunque sí se conoce su objetivo: terminar con la indigencia en el 2014 y dejar sentadas las bases para que Chile sea un país sin pobreza el 2018.
Por el momento, lo único claro es que la instalación de la nueva cartera la está gestionando el ministro de Planificación Social, Felipe Kast, quien ya se ha reunido con varios representantes del mundo social para recoger información sobre las falencias de la actual institucionalidad. Y en los próximos días planea realizar un viaje al extranjero para recoger experiencias sobre modelos de gestión similares.
El anuncio, que propone reformular el ministerio de Planificación Social y la Dirección de Presupuesto del ministerio de Hacienda, ha sido considerado por algunos como una estrategia política. Es el caso del cientista político y académico de la Universidad de Chile, Bernardo Navarrete, quien cree que “se está compitiendo con el selló político que generó la Presidenta Michelle Bachelet, con una línea reconocida como herencia de la Concertación. Lo que ocurre es que desde un gobierno de centro-derecha se está anunciando y compitiendo por una característica que le dio el reconocimiento y el apoyo de la opinión pública a la ex Presidenta”.
Asimismo, el experto señaló que será fundamental al momento de estudiar la iniciativa tener en cuenta la estructura que tendrá esta nueva cartera y cuáles son los objetivos que hay detrás.
“La pregunta que hay que hacerse es ¿Cómo Piñera va a lograr agrupar organismos dispersos bajo una sola institucionalidad? No es que a la anterior administración no se le hubiera ocurrido, lo que pasa es que es difícil que se disminuya la burocracia y se avance significativamente en materia de igualdad. Sin embargo, esto es una apuesta, si consigue su objetivo, Piñera logrará quitarle la bandera de lucha a los sectores de izquierda y acercarse a nuevos sectores políticos”, aseveró Navarrete.
El ministerio de Desarrollo Social, según el programa de gobierno de Sebastián Piñera, pretende terminar con la discriminación social y la extrema pobreza, alineando los programas sociales hoy existentes en diversos ministerios. Algunos de ellos sería la Conadi, encargada de la problemática indígena y que hoy depende de Mideplan, la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Segpres y el Servicio Nacional de Menores que actualmente pertenece al Ministerio de Justicia.
Al respecto, el presidente de la asociación de funcionarios del Sename, Walter Arancibia, consideró que el proyecto de la nueva institucionalidad simplemente está dividiendo aún más a una institución que ya no es eficiente.
“No compartimos la iniciativa de la actual administración porque divide aún más las instituciones que ayudan a la gente vulnerable. En el caso del Sename, se fraccionaría, ya que los menores que cometan delitos estarían a cargo de Justicia o Gendarmería y los vulnerables en Desarrollo Social. Estas medidas no mejoran la problemática de fondo y continúa cometiendo los mismos errores de la administración de Bachelet con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente que sólo encerró a más niños, sin mejorar la situación de los centros”, denunció Arancibia.
En La Moneda señalan que la próxima semana se conformará una mesa de trabajo liderada por Felipe Kast donde también participarán representantes de Hacienda, Segpres y que dará forma al proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso.
Sin embargo, otro de los cuestionamientos viene desde el mismo ministerio que preside la iniciativa, el Mideplan. Sus trabajadores denuncian que “no han sido tomados en cuenta” y que a pocos días del discurso del 21 de mayo donde se daría a conocer públicamente la nueva cartera.
“Las autoridades se comprometieron a llamarnos para discutir el tema, para que nosotros le presentemos el proyecto a las bases. Mientras eso no ocurra no tenemos ninguna otra información”, dijo el director de la Asociación de Empleados del Mideplan, Manuel Sarabia.
Cabe destacar que actualmente no existe un catastro oficial de todos los programas sociales que administra y ejecuta el Gobierno, ni del gasto fiscal efectuado en cada uno de ellos, que muchas veces involucran la participación de más de un ministerio. La única información con la que se cuenta al respecto es la Guía de Derechos Sociales publicada por Mideplan, que está lejos de ser un censo de la política social. De los 176 programas sociales listados en su versión 2008, sólo 52 tienen énfasis en la superación de la pobreza. A su vez, los recursos públicos desembolsados en estos últimos representan a penas un poco más del diez por ciento de lo que el gobierno identifica como gasto social.
