Casi un millón de trabajadores son los que reciben mensualmente el salario mínimo que, hasta hoy, alcanza los $165 mil, el que con descuentos de previsión y salud queda aproximadamente en $144 mil, lo que simplemente no alcanza para vivir.
Según los parámetros de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2003, la línea de indigencia, que considera el costo de la canasta alimentaria mensual percápita de una familia de cuatro personas, tiene un valor de $21.856 en los hogares de la urbe, mientras que en la zona rural el promedio de cada gasto es de $16.842.
A esto se añaden los costos de servicios básicos, vestuario y transporte, con lo cual el ingreso salarial no lograría cubrir adecuadamente las necesidades diarias de las personas. Así al menos lo señalan los trabajadores del mundo formal e informal, quienes a su vez piden un aumento salarial superior a los $180 mil pesos que propone la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En ese plano, bastó realizar un rápido paneo por las calles de Santiago para conocer la percepción de las personas. Un cuidador de autos señaló que “así como están las cosas, el actual sueldo es muy poco, el mínimo debería ser de $200 mil… con ese monto la persona puede cubrir más necesidades”. En la misma línea, una dueña de casa afirmó que “hoy todos los precios suben”, y por ello enfatiza que “hay aumentar el salario para costear no sólo la alimentación, sino los demás servicios básicos como agua, luz, gas y arriendos…”. Un vendedor ambulante de la comuna de Providencia, en tanto, asegura que “si usted le pregunta a cualquier persona que gane $165 mil, le va a decir que el mínimo no alcanza porque hay que gastar en locomoción, comida, electricidad… Hay que tener por lo menos un salario mínimo de $260 mil”; finalmente, un individuo que recibe una pensión de jubilación señaló que el piso de un sueldo digno debería ser $230 mil.
Hacia el ingreso ético
Pero más allá de esta compleja situación, ciertos economistas que no formarán parte del panel de expertos convocado por el gobierno para asesorar a la mesa que discutirá el salario mínimo entregaron su parecer sobre la propuesta preliminar que hizo la CUT.
El vicepresidente del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, sostuvo que la demanda inicial de la multisindical iría en línea con la propuesta del sueldo ético de $250 mil que hizo el año 2007 la Conferencia Episcopal, al mismo tiempo descartó que un reajuste elevado afecte el desempeño de la actividad económica. “Desde el punto de vista económico tiene un significado muy positivo el que se aumente el salario mínimo, no es verdad que el empleo se verá afectado por una medida de este tipo… la verdad de las cosas es que eso son tonterías de los economistas liberales”, dijo.
Aunque evitó entregar un monto de reajuste específico, la directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, calificó de “básica” la propuesta salarial de la CUT, ya que un sueldo de $180 mil “queda corto para los problemas que han tenido los trabajadores y todas las necesidades de consumo básico, arriendos y los costos de productos que no se ven reflejados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)… Pero esos elementos van a quedar atrás en la discusión de salario mínimo, sólo se van a considerar los aspectos de la macroeconomía”.
Respecto de la meta del ingreso ético familiar, el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, sostuvo que en la organización son partidarios de que el Estado dé herramientas a la población con el fin de superar de manera autónoma y no asistencialista la línea de pobreza.
“Hay que hacer una revisión de los subsidios monetarios para que, por un lado, las personas puedan contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y por otro, no se produzca acostumbramiento o asistencialismo (trampas de pobreza). Por eso, que la propuesta de la fundación es que se otorguen subsidios que ayuden a generar condiciones de empleo para conseguir ingresos de modo autónomo”, afirmó.
En este sentido, durante la campaña el Presidente Sebastián Piñera planteó un ingreso ético de $250 mil para aquellas familias integradas por cuatro personas y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a ese monto. Sin embargo, cabe señalar que dicha propuesta descansaría sobre la base de subsidios monetarios al empleo, a la capacitación y al gasto familiar, pero no sobre el salario mínimo legal.
Casi un millón de trabajadores son los que reciben mensualmente el salario mínimo que, hasta hoy, alcanza los $165 mil, el que con descuentos de previsión y salud queda aproximadamente en $144 mil, lo que simplemente no alcanza para vivir.
Según los parámetros de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2003, la línea de indigencia, que considera el costo de la canasta alimentaria mensual percápita de una familia de cuatro personas, tiene un valor de $21.856 en los hogares de la urbe, mientras que en la zona rural el promedio de cada gasto es de $16.842.
A esto se añaden los costos de servicios básicos, vestuario y transporte, con lo cual el ingreso salarial no lograría cubrir adecuadamente las necesidades diarias de las personas. Así al menos lo señalan los trabajadores del mundo formal e informal, quienes a su vez piden un aumento salarial superior a los $180 mil pesos que propone la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En ese plano, bastó realizar un rápido paneo por las calles de Santiago para conocer la percepción de las personas. Un cuidador de autos señaló que “así como están las cosas, el actual sueldo es muy poco, el mínimo debería ser de $200 mil… con ese monto la persona puede cubrir más necesidades”. En la misma línea, una dueña de casa afirmó que “hoy todos los precios suben”, y por ello enfatiza que “hay aumentar el salario para costear no sólo la alimentación, sino los demás servicios básicos como agua, luz, gas y arriendos…”. Un vendedor ambulante de la comuna de Providencia, en tanto, asegura que “si usted le pregunta a cualquier persona que gane $165 mil, le va a decir que el mínimo no alcanza porque hay que gastar en locomoción, comida, electricidad… Hay que tener por lo menos un salario mínimo de $260 mil”; finalmente, un individuo que recibe una pensión de jubilación señaló que el piso de un sueldo digno debería ser $230 mil.
Hacia el ingreso ético
Pero más allá de esta compleja situación, ciertos economistas que no formarán parte del panel de expertos convocado por el gobierno para asesorar a la mesa que discutirá el salario mínimo entregaron su parecer sobre la propuesta preliminar que hizo la CUT.
El vicepresidente del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, sostuvo que la demanda inicial de la multisindical iría en línea con la propuesta del sueldo ético de $250 mil que hizo el año 2007 la Conferencia Episcopal, al mismo tiempo descartó que un reajuste elevado afecte el desempeño de la actividad económica. “Desde el punto de vista económico tiene un significado muy positivo el que se aumente el salario mínimo, no es verdad que el empleo se verá afectado por una medida de este tipo… la verdad de las cosas es que eso son tonterías de los economistas liberales”, dijo.
Aunque evitó entregar un monto de reajuste específico, la directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, calificó de “básica” la propuesta salarial de la CUT, ya que un sueldo de $180 mil “queda corto para los problemas que han tenido los trabajadores y todas las necesidades de consumo básico, arriendos y los costos de productos que no se ven reflejados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)… Pero esos elementos van a quedar atrás en la discusión de salario mínimo, sólo se van a considerar los aspectos de la macroeconomía”.
Respecto de la meta del ingreso ético familiar, el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, sostuvo que en la organización son partidarios de que el Estado dé herramientas a la población con el fin de superar de manera autónoma y no asistencialista la línea de pobreza.
“Hay que hacer una revisión de los subsidios monetarios para que, por un lado, las personas puedan contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y por otro, no se produzca acostumbramiento o asistencialismo (trampas de pobreza). Por eso, que la propuesta de la fundación es que se otorguen subsidios que ayuden a generar condiciones de empleo para conseguir ingresos de modo autónomo”, afirmó.
En este sentido, durante la campaña el Presidente Sebastián Piñera planteó un ingreso ético de $250 mil para aquellas familias integradas por cuatro personas y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a ese monto. Sin embargo, cabe señalar que dicha propuesta descansaría sobre la base de subsidios monetarios al empleo, a la capacitación y al gasto familiar, pero no sobre el salario mínimo legal.
Casi un millón de trabajadores son los que reciben mensualmente el salario mínimo que, hasta hoy, alcanza los $165 mil, el que con descuentos de previsión y salud queda aproximadamente en $144 mil, lo que simplemente no alcanza para vivir.
Según los parámetros de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2003, la línea de indigencia, que considera el costo de la canasta alimentaria mensual percápita de una familia de cuatro personas, tiene un valor de $21.856 en los hogares de la urbe, mientras que en la zona rural el promedio de cada gasto es de $16.842.
A esto se añaden los costos de servicios básicos, vestuario y transporte, con lo cual el ingreso salarial no lograría cubrir adecuadamente las necesidades diarias de las personas. Así al menos lo señalan los trabajadores del mundo formal e informal, quienes a su vez piden un aumento salarial superior a los $180 mil pesos que propone la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En ese plano, bastó realizar un rápido paneo por las calles de Santiago para conocer la percepción de las personas. Un cuidador de autos señaló que “así como están las cosas, el actual sueldo es muy poco, el mínimo debería ser de $200 mil… con ese monto la persona puede cubrir más necesidades”. En la misma línea, una dueña de casa afirmó que “hoy todos los precios suben”, y por ello enfatiza que “hay aumentar el salario para costear no sólo la alimentación, sino los demás servicios básicos como agua, luz, gas y arriendos…”. Un vendedor ambulante de la comuna de Providencia, en tanto, asegura que “si usted le pregunta a cualquier persona que gane $165 mil, le va a decir que el mínimo no alcanza porque hay que gastar en locomoción, comida, electricidad… Hay que tener por lo menos un salario mínimo de $260 mil”; finalmente, un individuo que recibe una pensión de jubilación señaló que el piso de un sueldo digno debería ser $230 mil.
Hacia el ingreso ético
Pero más allá de esta compleja situación, ciertos economistas que no formarán parte del panel de expertos convocado por el gobierno para asesorar a la mesa que discutirá el salario mínimo entregaron su parecer sobre la propuesta preliminar que hizo la CUT.
El vicepresidente del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, sostuvo que la demanda inicial de la multisindical iría en línea con la propuesta del sueldo ético de $250 mil que hizo el año 2007 la Conferencia Episcopal, al mismo tiempo descartó que un reajuste elevado afecte el desempeño de la actividad económica. “Desde el punto de vista económico tiene un significado muy positivo el que se aumente el salario mínimo, no es verdad que el empleo se verá afectado por una medida de este tipo… la verdad de las cosas es que eso son tonterías de los economistas liberales”, dijo.
Aunque evitó entregar un monto de reajuste específico, la directora del Programa de Economía del Trabajo, Carmen Espinosa, calificó de “básica” la propuesta salarial de la CUT, ya que un sueldo de $180 mil “queda corto para los problemas que han tenido los trabajadores y todas las necesidades de consumo básico, arriendos y los costos de productos que no se ven reflejados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)… Pero esos elementos van a quedar atrás en la discusión de salario mínimo, sólo se van a considerar los aspectos de la macroeconomía”.
Respecto de la meta del ingreso ético familiar, el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, sostuvo que en la organización son partidarios de que el Estado dé herramientas a la población con el fin de superar de manera autónoma y no asistencialista la línea de pobreza.
“Hay que hacer una revisión de los subsidios monetarios para que, por un lado, las personas puedan contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y por otro, no se produzca acostumbramiento o asistencialismo (trampas de pobreza). Por eso, que la propuesta de la fundación es que se otorguen subsidios que ayuden a generar condiciones de empleo para conseguir ingresos de modo autónomo”, afirmó.
En este sentido, durante la campaña el Presidente Sebastián Piñera planteó un ingreso ético de $250 mil para aquellas familias integradas por cuatro personas y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a ese monto. Sin embargo, cabe señalar que dicha propuesta descansaría sobre la base de subsidios monetarios al empleo, a la capacitación y al gasto familiar, pero no sobre el salario mínimo legal.
