Siguen en la calle a más de dos meses del terremoto
Dueños de departamentos declarados “inhabitables” exigen soluciones
Vecinos de distintas comunas de la región Metropolitana, cuyas viviendas se declararon inhabitables, pidieron al gobierno que presionara a las constructoras para que respondan sobre los daños causados en sus inmuebles. En tanto, la senadora, Soledad Alvear, llamó a aprobar un proyecto de ley que permita realizar demandas colectivas por el mismo tema.
Jueves 6 de mayo 2010 19:14 hrs.
A más de dos meses del terremoto que sacudió la zona centro sur del país, muchas personas que sufrieron daños en sus viviendas siguen en total incertidumbre.
Es la situación de los vecinos de los condominios “Sol Oriente” y “Don Manuel” en Macul, y el edificio “Los Cerezos” en Ñuñoa, cuyos departamentos sufrieron serios daños estructurales y fueron declarados inhabitables por las respectivas municipalidades.
Tal es el caso de Carol Sepúlveda propietaria de un departamento en Sol Oriente quien aún no recibe respuestas, ni de la inmobiliaria Viva, ni de la constructora SIGRO, mientras que su compañía de seguros todavía no se pronuncia.
“Nosotros tenemos que pagar el costo de su ineficiencia. Si reparan esto, no existe la seguridad suficiente como para traer a mi familia a vivir aquí. Además, el costo económico que esto implica, porque el crédito no me lo van a bajar, significa tener una deuda millonaria por algo que no va a costar ni la mitad. Lamentablemente nosotros somos de clase media, tenemos trabajo, somos profesionales, pero vivimos de un sueldo y no nos da para pagar dos casas”, sostuvo la afectada.
Peor es el escenario de los vecinos que pagaron al contado, quienes ni siquiera tienen seguros por cobrar, habiendo cancelado departamentos que van de los cuarenta a los sesenta millones de pesos.
“Cómo es posible que estemos preocupados de dar más feriados en septiembre o de los horarios del fútbol y no le den la real importancia a nuestros problemas. Somos la clase media, a la que el Presidente se abocó en su campaña. Por eso le pedimos que ahora nos apoye. Tiene que recordar que nosotros estamos en la calle y vivimos de allegados”, expresó la dirigenta vecinal, Patricia Lobos.
Por su parte, la senadora DC Soledad Alvear insistió en la aprobación de un proyecto de ley que presentó en marzo y que permitiría a los afectados presentar demandas colectivas.
“Quiero llamar al gobierno a que se sensibilice y que le de urgencia a este proyecto de ley. No puede seguir pasando más tiempo sin que este proyecto sea aprobado. También quiero emplazar a las empresas para que no se aprovechen de la situación dramática que están viviendo las personas”, dijo la parlamentaria.
Alvear instó a los vecinos a trabajar unidos y examinar con atención las propuestas que las inmobiliarias hacen a cada familia particular, con el fin de evitar que las empresas se aprovechen de su situación de desamparo llevándolas a firmar acuerdos que no les favorecen.
A más de dos meses del terremoto que sacudió la zona centro sur del país, muchas personas que sufrieron daños en sus viviendas siguen en total incertidumbre.
Es la situación de los vecinos de los condominios “Sol Oriente” y “Don Manuel” en Macul, y el edificio “Los Cerezos” en Ñuñoa, cuyos departamentos sufrieron serios daños estructurales y fueron declarados inhabitables por las respectivas municipalidades.
Tal es el caso de Carol Sepúlveda propietaria de un departamento en Sol Oriente quien aún no recibe respuestas, ni de la inmobiliaria Viva, ni de la constructora SIGRO, mientras que su compañía de seguros todavía no se pronuncia.
“Nosotros tenemos que pagar el costo de su ineficiencia. Si reparan esto, no existe la seguridad suficiente como para traer a mi familia a vivir aquí. Además, el costo económico que esto implica, porque el crédito no me lo van a bajar, significa tener una deuda millonaria por algo que no va a costar ni la mitad. Lamentablemente nosotros somos de clase media, tenemos trabajo, somos profesionales, pero vivimos de un sueldo y no nos da para pagar dos casas”, sostuvo la afectada.
Peor es el escenario de los vecinos que pagaron al contado, quienes ni siquiera tienen seguros por cobrar, habiendo cancelado departamentos que van de los cuarenta a los sesenta millones de pesos.
“Cómo es posible que estemos preocupados de dar más feriados en septiembre o de los horarios del fútbol y no le den la real importancia a nuestros problemas. Somos la clase media, a la que el Presidente se abocó en su campaña. Por eso le pedimos que ahora nos apoye. Tiene que recordar que nosotros estamos en la calle y vivimos de allegados”, expresó la dirigenta vecinal, Patricia Lobos.
Por su parte, la senadora DC Soledad Alvear insistió en la aprobación de un proyecto de ley que presentó en marzo y que permitiría a los afectados presentar demandas colectivas.
“Quiero llamar al gobierno a que se sensibilice y que le de urgencia a este proyecto de ley. No puede seguir pasando más tiempo sin que este proyecto sea aprobado. También quiero emplazar a las empresas para que no se aprovechen de la situación dramática que están viviendo las personas”, dijo la parlamentaria.
Alvear instó a los vecinos a trabajar unidos y examinar con atención las propuestas que las inmobiliarias hacen a cada familia particular, con el fin de evitar que las empresas se aprovechen de su situación de desamparo llevándolas a firmar acuerdos que no les favorecen.
A más de dos meses del terremoto que sacudió la zona centro sur del país, muchas personas que sufrieron daños en sus viviendas siguen en total incertidumbre.
Es la situación de los vecinos de los condominios “Sol Oriente” y “Don Manuel” en Macul, y el edificio “Los Cerezos” en Ñuñoa, cuyos departamentos sufrieron serios daños estructurales y fueron declarados inhabitables por las respectivas municipalidades.
Tal es el caso de Carol Sepúlveda propietaria de un departamento en Sol Oriente quien aún no recibe respuestas, ni de la inmobiliaria Viva, ni de la constructora SIGRO, mientras que su compañía de seguros todavía no se pronuncia.
“Nosotros tenemos que pagar el costo de su ineficiencia. Si reparan esto, no existe la seguridad suficiente como para traer a mi familia a vivir aquí. Además, el costo económico que esto implica, porque el crédito no me lo van a bajar, significa tener una deuda millonaria por algo que no va a costar ni la mitad. Lamentablemente nosotros somos de clase media, tenemos trabajo, somos profesionales, pero vivimos de un sueldo y no nos da para pagar dos casas”, sostuvo la afectada.
Peor es el escenario de los vecinos que pagaron al contado, quienes ni siquiera tienen seguros por cobrar, habiendo cancelado departamentos que van de los cuarenta a los sesenta millones de pesos.
“Cómo es posible que estemos preocupados de dar más feriados en septiembre o de los horarios del fútbol y no le den la real importancia a nuestros problemas. Somos la clase media, a la que el Presidente se abocó en su campaña. Por eso le pedimos que ahora nos apoye. Tiene que recordar que nosotros estamos en la calle y vivimos de allegados”, expresó la dirigenta vecinal, Patricia Lobos.
Por su parte, la senadora DC Soledad Alvear insistió en la aprobación de un proyecto de ley que presentó en marzo y que permitiría a los afectados presentar demandas colectivas.
“Quiero llamar al gobierno a que se sensibilice y que le de urgencia a este proyecto de ley. No puede seguir pasando más tiempo sin que este proyecto sea aprobado. También quiero emplazar a las empresas para que no se aprovechen de la situación dramática que están viviendo las personas”, dijo la parlamentaria.
Alvear instó a los vecinos a trabajar unidos y examinar con atención las propuestas que las inmobiliarias hacen a cada familia particular, con el fin de evitar que las empresas se aprovechen de su situación de desamparo llevándolas a firmar acuerdos que no les favorecen.
