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Agrupaciones de DD.HH acusan discriminación del gobierno en querellas por ejecutados políticos

Francisco Mardones

  Viernes 7 de mayo 2010 12:18 hrs. 
Radio-Uchile

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Con escepticismo ven las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos las nuevas políticas impulsadas por el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior al momento de iniciar acciones judiciales en contra de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Después de dejar una carta en La Moneda para pedir audiencia con el Presidente Piñera y el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que el gobierno ha cambiado el cariz de la labor del Programa de Derechos Humanos.

Según la dirigenta, el gobierno no se haría parte en las querellas en contra de todos los casos de violaciones a los derechos humanos, sino sólo en algunos, previa discriminación de los antecedentes de cada caso.

“Hay una ley que mandata, sin discriminación, que se presente querellas por todos los hombres y mujeres que fueron ilegalmente, arbitrariamente asesinados en el tiempo la dictadura. El programa no estaría presentando querellas por todos los ejecutados políticos, sino solamente por aquellos que tienen información abundante o donde los familiares estén de acuerdo”, afirmó Lira.

Una apreciación similar es la que tienen en la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que se ha reunido en dos ocasiones con la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama.

Mireya García, representante de la organización, aseguró que, a diferencia del compromiso del gobierno anterior de asesorar todos los casos, en la actual administración se está haciendo un estudio para dejar de lado algunos casos en los que no existen mayores antecedentes.

Según expresó la dirigenta, la política del nuevo gobierno basada en la efectividad de la gestión, permitirá que vayan a la justicia sólo aquellos casos en que esté asegurado su éxito judicial, mientras que para las organizaciones, la efectividad se mide en que se haga justicia. “Dejando de lados aquellos casos en los que no existen mayores antecedentes y haciendo una selección que finalmente va a significar que no todos los casos van a ser presentados a la justicia. Ellos no deben hacer una actividad previa que signifique  qué casos van o qué casos no van, eso lo tiene que determinar la justicia”, dijo García.

Desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la parlamentaria RN Karla Rubilar, pide calma a las agrupaciones para que no hagan juicios antes de tiempo.

Según la diputada, el gobierno ha manifestado “una voluntad férrea para avanzar en materia de esclarecimiento de la verdad en tribunales” y eso ha sorprendido a las mismas organizaciones cuando la administración Piñera apelara a la Corte Suprema en el Caso Soria.

Rubilar asegura que la evaluación de los casos que está haciendo el gobierno es una tarea que permitirá agilizar los trámites judiciales. “

“Lo hizo el gobierno anterior y lo está  haciendo el gobierno de Sebastián Piñera. Es analizar en su mérito todos y cada uno de sus antecedentes, eso corresponde, no significa obstrucción a los proceso, sino hacer mucho más eficiente que los procesos que tengan antecedentes mucho más fuertes, mucho más concretos tengan toda la fuerza, todo el empuje para sacar adelante ojalá sanciones y poder saber la verdad”, aseguró Rubilar.

Desde el ministerio del Interior aseguran que la idea del Programa de Derechos Humanos no es desestimar algunos casos, sino priorizar las causas que puedan sentar ciertos precedentes y que puedan servir de respaldo a la labor investigativa de aquellas que no cuenten con antecedentes suficientes o, en su defecto, presentar varios casos en una misma acción judicial.

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