Una nueva denuncia sobre discriminación hacia los empleados públicos presentó ante el gobierno este viernes la ANEF.
La queja se basó en un documento emanado de la Intendencia de Atacama, fechado el 26 de abril, en el que se solicita a los Seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Sernam y el Consejo Nacional de Cultura entregar, detalladamente, toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada repartición.
El texto solicita de manera explícita entregar un organigrama con datos que incluyan la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
“Aquí hay una clara discriminación de personas que tienen toda la libertad y el derecho de pensar lo que quieran. Si lo que se pretende es hacer una caza de brujas, eso no corresponde”, sentenció el presidente del gremio, Raúl de la Puente.
La organización presentó los antecedentes al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por lo que calificaron como una práctica “impresentable”.
El instructivo solicita también un informe sobre el avance del Presupuesto General, el detalle de la ejecución de los proyectos de cada cartera y servicio y la detección de posibles irregularidades de la gestión anterior.
Además, se pide indicar qué servicios dependen o participan en mesas de coordinación y el nombre y referencia directores regionales y/o provinciales que aún están ejerciendo su cargo.
De la Puente manifestó su preocupación respecto de este hecho porque, a su juicio, la clave de un servicio público fuerte y eficiente está dada por el fortalecimiento de la carrera funcionaria. “Si una persona hace bien su trabajo debe continuarlo”, sostuvo.
El dirigente adelantó que solicitarán a la Contraloría General de la República que defina el concepto de “cargo de confianza” que justifica algunos despidos que se han registrado en ese sector.
Según la organización gremial, en los últimos días, se habría desvinculado de forma “injustificada” a más de 500 trabajadores.
Esta situación se suma a una serie de denuncias que ha realizado la Anef sobre una continuidad de despidos masivos que han ocurrido en las distintas reparticiones públicas desde que asumiera el nuevo Gobierno y que, de hecho, formaron parte de las reivindicaciones que defendió la CUT en la última conmemoración del Día del Trabajador.
Revise el instructivo aquí: Instruc Atacama[1]
Una nueva denuncia sobre discriminación hacia los empleados públicos presentó ante el gobierno este viernes la ANEF.
La queja se basó en un documento emanado de la Intendencia de Atacama, fechado el 26 de abril, en el que se solicita a los Seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Sernam y el Consejo Nacional de Cultura entregar, detalladamente, toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada repartición.
El texto solicita de manera explícita entregar un organigrama con datos que incluyan la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
“Aquí hay una clara discriminación de personas que tienen toda la libertad y el derecho de pensar lo que quieran. Si lo que se pretende es hacer una caza de brujas, eso no corresponde”, sentenció el presidente del gremio, Raúl de la Puente.
La organización presentó los antecedentes al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por lo que calificaron como una práctica “impresentable”.
El instructivo solicita también un informe sobre el avance del Presupuesto General, el detalle de la ejecución de los proyectos de cada cartera y servicio y la detección de posibles irregularidades de la gestión anterior.
Además, se pide indicar qué servicios dependen o participan en mesas de coordinación y el nombre y referencia directores regionales y/o provinciales que aún están ejerciendo su cargo.
De la Puente manifestó su preocupación respecto de este hecho porque, a su juicio, la clave de un servicio público fuerte y eficiente está dada por el fortalecimiento de la carrera funcionaria. “Si una persona hace bien su trabajo debe continuarlo”, sostuvo.
El dirigente adelantó que solicitarán a la Contraloría General de la República que defina el concepto de “cargo de confianza” que justifica algunos despidos que se han registrado en ese sector.
Según la organización gremial, en los últimos días, se habría desvinculado de forma “injustificada” a más de 500 trabajadores.
Esta situación se suma a una serie de denuncias que ha realizado la Anef sobre una continuidad de despidos masivos que han ocurrido en las distintas reparticiones públicas desde que asumiera el nuevo Gobierno y que, de hecho, formaron parte de las reivindicaciones que defendió la CUT en la última conmemoración del Día del Trabajador.
Revise el instructivo aquí: Instruc Atacama[1]
Una nueva denuncia sobre discriminación hacia los empleados públicos presentó ante el gobierno este viernes la ANEF.
La queja se basó en un documento emanado de la Intendencia de Atacama, fechado el 26 de abril, en el que se solicita a los Seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Sernam y el Consejo Nacional de Cultura entregar, detalladamente, toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada repartición.
El texto solicita de manera explícita entregar un organigrama con datos que incluyan la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
“Aquí hay una clara discriminación de personas que tienen toda la libertad y el derecho de pensar lo que quieran. Si lo que se pretende es hacer una caza de brujas, eso no corresponde”, sentenció el presidente del gremio, Raúl de la Puente.
La organización presentó los antecedentes al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por lo que calificaron como una práctica “impresentable”.
El instructivo solicita también un informe sobre el avance del Presupuesto General, el detalle de la ejecución de los proyectos de cada cartera y servicio y la detección de posibles irregularidades de la gestión anterior.
Además, se pide indicar qué servicios dependen o participan en mesas de coordinación y el nombre y referencia directores regionales y/o provinciales que aún están ejerciendo su cargo.
De la Puente manifestó su preocupación respecto de este hecho porque, a su juicio, la clave de un servicio público fuerte y eficiente está dada por el fortalecimiento de la carrera funcionaria. “Si una persona hace bien su trabajo debe continuarlo”, sostuvo.
El dirigente adelantó que solicitarán a la Contraloría General de la República que defina el concepto de “cargo de confianza” que justifica algunos despidos que se han registrado en ese sector.
Según la organización gremial, en los últimos días, se habría desvinculado de forma “injustificada” a más de 500 trabajadores.
Esta situación se suma a una serie de denuncias que ha realizado la Anef sobre una continuidad de despidos masivos que han ocurrido en las distintas reparticiones públicas desde que asumiera el nuevo Gobierno y que, de hecho, formaron parte de las reivindicaciones que defendió la CUT en la última conmemoración del Día del Trabajador.
Revise el instructivo aquí: Instruc Atacama[1]
