Ante la creciente ola de despidos en la administración pública, la cual hoy supera las 700 desvinculaciones, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en estado de alerta por eventuales movilizaciones y acusó al gobierno de Sebastián Piñera de no cumplir con su promesa electoral de respetar la estabilidad de empleo.
La cúpula del gremio también denunció que el gobierno regional de Atacama está persiguiendo e identificando a los funcionarios según su color político y militancia, y no por desempeño laboral.
En medio de esta discusión, la semana pasada la ANEF y el ministerio del Trabajo acordaron la creación de una mesa de diálogo para analizar las desvinculaciones que se han producido en el sector fiscal y definir si en algún caso amerita la recontratación.
Pese a que dicha instancia no tiene plazo de término, el presidente de la organización sectorial, Raúl de la Puente, afirmó que esperan una respuesta de las autoridades en el transcurso de los próximos días, pues de lo contrario iniciarán una protesta masiva.
“Estamos en un estado de alerta, vamos a iniciar movilizaciones. En este momento estamos dialogando con la autoridad con la ministra del
Trabajo, a quien el Presidente le encomendó resolver el tema de los despidos, vamos a conversar con ella, pero cuando llegue el momento oportuno vamos a efectuar las movilizaciones que se requieran para poder cumplir con nuestros compañeros que han prestado un servicio a la ciudadanía y que hoy están siendo despedidos de sus lugares de trabajo”, indicó De La Puente.
La postura de la ANEF fue respaldada por las bancadas parlamentarias de la Concertación y del Partido Comunista.
En ese sentido, el diputado de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez, calificó como una exoneración política los despidos aplicados por la administración Piñera y advirtió que esta situación podría seguir aumentando en los próximos días.
“Antes de asumir el Presidente le dijimos que no queríamos exoneraciones políticas en democracia. Cuando a una persona se le echa sólo por participar en un partido político es una exoneración política. Nosotros manifestamos nuestro respaldo a la ANEF, a Raúl De La Puente, por las acciones futuras porque esto no va a quedar en 700 funcionarios. Me imagino que la cifra va a seguir subiendo día a día”, señaló el parlamentario.
Por su parte, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, llamó al Ejecutivo a demostrar si es efectivo que aquellos funcionarios que fueron desvinculados tenían mal desempleo o eran operadores políticos.
“Emplazo públicamente al Presidente Piñera, a todos sus ministros, sus intendentes a que muestre las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios que están siendo despedidos. Si esas son deficientes sólo entonces uno podría decir que está cumpliendo su palabra, si esas evaluaciones son positivas, él está faltando a la palabra empeñada y nosotros como oposición que representamos a parte importante de este país vamos a exigir que se cumpla la palabra empeñada”, enfatizó Vallespín.
El pasado 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, manifestó que irían a un paro nacional en apoyo de los empleados fiscales si proseguían los despidos “injustificados” en la administración pública.
Ante la creciente ola de despidos en la administración pública, la cual hoy supera las 700 desvinculaciones, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en estado de alerta por eventuales movilizaciones y acusó al gobierno de Sebastián Piñera de no cumplir con su promesa electoral de respetar la estabilidad de empleo.
La cúpula del gremio también denunció que el gobierno regional de Atacama está persiguiendo e identificando a los funcionarios según su color político y militancia, y no por desempeño laboral.
En medio de esta discusión, la semana pasada la ANEF y el ministerio del Trabajo acordaron la creación de una mesa de diálogo para analizar las desvinculaciones que se han producido en el sector fiscal y definir si en algún caso amerita la recontratación.
Pese a que dicha instancia no tiene plazo de término, el presidente de la organización sectorial, Raúl de la Puente, afirmó que esperan una respuesta de las autoridades en el transcurso de los próximos días, pues de lo contrario iniciarán una protesta masiva.
“Estamos en un estado de alerta, vamos a iniciar movilizaciones. En este momento estamos dialogando con la autoridad con la ministra del
Trabajo, a quien el Presidente le encomendó resolver el tema de los despidos, vamos a conversar con ella, pero cuando llegue el momento oportuno vamos a efectuar las movilizaciones que se requieran para poder cumplir con nuestros compañeros que han prestado un servicio a la ciudadanía y que hoy están siendo despedidos de sus lugares de trabajo”, indicó De La Puente.
La postura de la ANEF fue respaldada por las bancadas parlamentarias de la Concertación y del Partido Comunista.
En ese sentido, el diputado de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez, calificó como una exoneración política los despidos aplicados por la administración Piñera y advirtió que esta situación podría seguir aumentando en los próximos días.
“Antes de asumir el Presidente le dijimos que no queríamos exoneraciones políticas en democracia. Cuando a una persona se le echa sólo por participar en un partido político es una exoneración política. Nosotros manifestamos nuestro respaldo a la ANEF, a Raúl De La Puente, por las acciones futuras porque esto no va a quedar en 700 funcionarios. Me imagino que la cifra va a seguir subiendo día a día”, señaló el parlamentario.
Por su parte, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, llamó al Ejecutivo a demostrar si es efectivo que aquellos funcionarios que fueron desvinculados tenían mal desempleo o eran operadores políticos.
“Emplazo públicamente al Presidente Piñera, a todos sus ministros, sus intendentes a que muestre las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios que están siendo despedidos. Si esas son deficientes sólo entonces uno podría decir que está cumpliendo su palabra, si esas evaluaciones son positivas, él está faltando a la palabra empeñada y nosotros como oposición que representamos a parte importante de este país vamos a exigir que se cumpla la palabra empeñada”, enfatizó Vallespín.
El pasado 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, manifestó que irían a un paro nacional en apoyo de los empleados fiscales si proseguían los despidos “injustificados” en la administración pública.
Ante la creciente ola de despidos en la administración pública, la cual hoy supera las 700 desvinculaciones, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en estado de alerta por eventuales movilizaciones y acusó al gobierno de Sebastián Piñera de no cumplir con su promesa electoral de respetar la estabilidad de empleo.
La cúpula del gremio también denunció que el gobierno regional de Atacama está persiguiendo e identificando a los funcionarios según su color político y militancia, y no por desempeño laboral.
En medio de esta discusión, la semana pasada la ANEF y el ministerio del Trabajo acordaron la creación de una mesa de diálogo para analizar las desvinculaciones que se han producido en el sector fiscal y definir si en algún caso amerita la recontratación.
Pese a que dicha instancia no tiene plazo de término, el presidente de la organización sectorial, Raúl de la Puente, afirmó que esperan una respuesta de las autoridades en el transcurso de los próximos días, pues de lo contrario iniciarán una protesta masiva.
“Estamos en un estado de alerta, vamos a iniciar movilizaciones. En este momento estamos dialogando con la autoridad con la ministra del
Trabajo, a quien el Presidente le encomendó resolver el tema de los despidos, vamos a conversar con ella, pero cuando llegue el momento oportuno vamos a efectuar las movilizaciones que se requieran para poder cumplir con nuestros compañeros que han prestado un servicio a la ciudadanía y que hoy están siendo despedidos de sus lugares de trabajo”, indicó De La Puente.
La postura de la ANEF fue respaldada por las bancadas parlamentarias de la Concertación y del Partido Comunista.
En ese sentido, el diputado de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez, calificó como una exoneración política los despidos aplicados por la administración Piñera y advirtió que esta situación podría seguir aumentando en los próximos días.
“Antes de asumir el Presidente le dijimos que no queríamos exoneraciones políticas en democracia. Cuando a una persona se le echa sólo por participar en un partido político es una exoneración política. Nosotros manifestamos nuestro respaldo a la ANEF, a Raúl De La Puente, por las acciones futuras porque esto no va a quedar en 700 funcionarios. Me imagino que la cifra va a seguir subiendo día a día”, señaló el parlamentario.
Por su parte, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, llamó al Ejecutivo a demostrar si es efectivo que aquellos funcionarios que fueron desvinculados tenían mal desempleo o eran operadores políticos.
“Emplazo públicamente al Presidente Piñera, a todos sus ministros, sus intendentes a que muestre las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios que están siendo despedidos. Si esas son deficientes sólo entonces uno podría decir que está cumpliendo su palabra, si esas evaluaciones son positivas, él está faltando a la palabra empeñada y nosotros como oposición que representamos a parte importante de este país vamos a exigir que se cumpla la palabra empeñada”, enfatizó Vallespín.
El pasado 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, manifestó que irían a un paro nacional en apoyo de los empleados fiscales si proseguían los despidos “injustificados” en la administración pública.
