El gobierno de Ecuador anunció hoy que redoblará el control policial en todo el país ante las anunciadas movilizaciones de varios grupos indígenas, que han amenazado con radicalizar la protesta contra una polémica Ley de Aguas que tramita el Parlamento.
La Policía tiene “la obligación de mantener vigente el derecho que tenemos los ecuatorianos de circular por el país libremente” y, si los grupos indígenas cierran vías, la fuerza del orden redoblará sus esfuerzos para impedirlo, subrayó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh.
El pasado jueves, las más importantes organizaciones indígenas del país convocaron a sus bases a radicalizar las protestas que mantenían desde el martes contra el trámite en la Asamblea Nacional legislativa de la Ley de Recursos Hídricos, impulsada por el Ejecutivo.
Los indígenas consideran que ese proyecto supuestamente permite la privatización del agua, conculca sus derechos ancestrales sobre el manejo del recurso y privilegia el uso del líquido por parte de empresas privadas, especialmente mineras.
El Gobierno, por su parte, niega que el proyecto sea privatizador y ha acusado a los dirigentes indígenas de mentir a sus bases y de presionar para tener poder en algunas instituciones encargadas de administrar los recursos hídricos.
El gobierno de Ecuador anunció hoy que redoblará el control policial en todo el país ante las anunciadas movilizaciones de varios grupos indígenas, que han amenazado con radicalizar la protesta contra una polémica Ley de Aguas que tramita el Parlamento.
La Policía tiene “la obligación de mantener vigente el derecho que tenemos los ecuatorianos de circular por el país libremente” y, si los grupos indígenas cierran vías, la fuerza del orden redoblará sus esfuerzos para impedirlo, subrayó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh.
El pasado jueves, las más importantes organizaciones indígenas del país convocaron a sus bases a radicalizar las protestas que mantenían desde el martes contra el trámite en la Asamblea Nacional legislativa de la Ley de Recursos Hídricos, impulsada por el Ejecutivo.
Los indígenas consideran que ese proyecto supuestamente permite la privatización del agua, conculca sus derechos ancestrales sobre el manejo del recurso y privilegia el uso del líquido por parte de empresas privadas, especialmente mineras.
El Gobierno, por su parte, niega que el proyecto sea privatizador y ha acusado a los dirigentes indígenas de mentir a sus bases y de presionar para tener poder en algunas instituciones encargadas de administrar los recursos hídricos.
El gobierno de Ecuador anunció hoy que redoblará el control policial en todo el país ante las anunciadas movilizaciones de varios grupos indígenas, que han amenazado con radicalizar la protesta contra una polémica Ley de Aguas que tramita el Parlamento.
La Policía tiene “la obligación de mantener vigente el derecho que tenemos los ecuatorianos de circular por el país libremente” y, si los grupos indígenas cierran vías, la fuerza del orden redoblará sus esfuerzos para impedirlo, subrayó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh.
El pasado jueves, las más importantes organizaciones indígenas del país convocaron a sus bases a radicalizar las protestas que mantenían desde el martes contra el trámite en la Asamblea Nacional legislativa de la Ley de Recursos Hídricos, impulsada por el Ejecutivo.
Los indígenas consideran que ese proyecto supuestamente permite la privatización del agua, conculca sus derechos ancestrales sobre el manejo del recurso y privilegia el uso del líquido por parte de empresas privadas, especialmente mineras.
El Gobierno, por su parte, niega que el proyecto sea privatizador y ha acusado a los dirigentes indígenas de mentir a sus bases y de presionar para tener poder en algunas instituciones encargadas de administrar los recursos hídricos.
