Lo que era una medida esperada por el mercado finalmente se confirmó. Después de meses de estudio, el gobierno decidió dar luz verde a la enajenación de los activos que el Estado tiene en las empresas sanitarias que hoy son controladas por capitales extranjeros.
Según lo publicado este domingo por el diario La Tercera, la decisión de vender las acciones ordinarias que la Corporación de Fomento Productivo posee en estas compañías ya estaría tomada y sólo faltaría que la disposición se informe en el consejo ejecutivo de la entidad que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
La operación no requeriría de una discusión legislativa en el Parlamento y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Los mil 300 millones de dólares que se obtengan de la venta del cien por ciento de los papeles de Aguas Andinas, Esval, Esbio y Essal se utilizarían para solventar parte del patrimonio del fondo nacional de reconstrucción de infraestructura y equipamiento caído luego del terremoto.
La enajenación de estas acciones fue rápidamente criticada por la oposición y los agentes privados.
El diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz se mostró contrario al desprendimiento de la participación estatal en las sanitarias, señalando que las ventas de los activos fiscales, “lo que hace es disminuir el patrimonio del Estado y, por tanto, el de todos los chilenos”, lo que considera como “el peor camino para poder generar recursos, pues deja al Estado de manos atadas para poder ser un actor en el aseguramiento de que cualquier chileno tenga derecho al agua potable”.
Para el financiamiento el diputado ofrece otras alternativas: “aumentemos un poco más los impuestos de primera categoría, hagámoslos permanentes y también aseguramos la misma cantidad de recursos”.
El analista de Aserta, Hernán Frigolet, por su lado, comentó que, debido a “todos los problemas que estamos viendo en las bolsas internacionales”, esta no sería la mejor coyuntura para desprenderse de un activo esencial. “Habría que tener una fuente permanente que permita subsanar estos ingresos y eso compromete el gasto social y el gasto de inversión futuro”.
En tanto, el profesor de economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, sostuvo que si la decisión política ya está tomada, el gobierno debería potenciar la fiscalización en este sector, ya que estamos en presencia de “monopolios naturales, donde no hay competencia”.
En este plano, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señaló que pedirán a la autoridad la mantención de los subsidios de agua potable para quienes no puedan cumplir con sus compromisos de pago. Pero además, modificar el actual sistema de apremio, conforme a otras normativas en el exterior: “al momento de no pago se rebaja la presión del agua, pero no se corta la totalidad, porque sino, estamos atropellando el derecho de las personas a tener el consumo”.
Operadores del mercado comentan que los posibles interesados en estos activos serían inversionistas institucionales, como las AFP y las firmas de seguros, dada su rentabilidad estable. Sin embargo, en La Moneda no descartan que los actuales controladores del negocio de agua potable adquieran los títulos.
Lo que era una medida esperada por el mercado finalmente se confirmó. Después de meses de estudio, el gobierno decidió dar luz verde a la enajenación de los activos que el Estado tiene en las empresas sanitarias que hoy son controladas por capitales extranjeros.
Según lo publicado este domingo por el diario La Tercera, la decisión de vender las acciones ordinarias que la Corporación de Fomento Productivo posee en estas compañías ya estaría tomada y sólo faltaría que la disposición se informe en el consejo ejecutivo de la entidad que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
La operación no requeriría de una discusión legislativa en el Parlamento y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Los mil 300 millones de dólares que se obtengan de la venta del cien por ciento de los papeles de Aguas Andinas, Esval, Esbio y Essal se utilizarían para solventar parte del patrimonio del fondo nacional de reconstrucción de infraestructura y equipamiento caído luego del terremoto.
La enajenación de estas acciones fue rápidamente criticada por la oposición y los agentes privados.
El diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz se mostró contrario al desprendimiento de la participación estatal en las sanitarias, señalando que las ventas de los activos fiscales, “lo que hace es disminuir el patrimonio del Estado y, por tanto, el de todos los chilenos”, lo que considera como “el peor camino para poder generar recursos, pues deja al Estado de manos atadas para poder ser un actor en el aseguramiento de que cualquier chileno tenga derecho al agua potable”.
Para el financiamiento el diputado ofrece otras alternativas: “aumentemos un poco más los impuestos de primera categoría, hagámoslos permanentes y también aseguramos la misma cantidad de recursos”.
El analista de Aserta, Hernán Frigolet, por su lado, comentó que, debido a “todos los problemas que estamos viendo en las bolsas internacionales”, esta no sería la mejor coyuntura para desprenderse de un activo esencial. “Habría que tener una fuente permanente que permita subsanar estos ingresos y eso compromete el gasto social y el gasto de inversión futuro”.
En tanto, el profesor de economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, sostuvo que si la decisión política ya está tomada, el gobierno debería potenciar la fiscalización en este sector, ya que estamos en presencia de “monopolios naturales, donde no hay competencia”.
En este plano, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señaló que pedirán a la autoridad la mantención de los subsidios de agua potable para quienes no puedan cumplir con sus compromisos de pago. Pero además, modificar el actual sistema de apremio, conforme a otras normativas en el exterior: “al momento de no pago se rebaja la presión del agua, pero no se corta la totalidad, porque sino, estamos atropellando el derecho de las personas a tener el consumo”.
Operadores del mercado comentan que los posibles interesados en estos activos serían inversionistas institucionales, como las AFP y las firmas de seguros, dada su rentabilidad estable. Sin embargo, en La Moneda no descartan que los actuales controladores del negocio de agua potable adquieran los títulos.
Lo que era una medida esperada por el mercado finalmente se confirmó. Después de meses de estudio, el gobierno decidió dar luz verde a la enajenación de los activos que el Estado tiene en las empresas sanitarias que hoy son controladas por capitales extranjeros.
Según lo publicado este domingo por el diario La Tercera, la decisión de vender las acciones ordinarias que la Corporación de Fomento Productivo posee en estas compañías ya estaría tomada y sólo faltaría que la disposición se informe en el consejo ejecutivo de la entidad que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
La operación no requeriría de una discusión legislativa en el Parlamento y sería el mayor cambio de propiedad de las operadoras de agua potable desde su privatización realizada en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Los mil 300 millones de dólares que se obtengan de la venta del cien por ciento de los papeles de Aguas Andinas, Esval, Esbio y Essal se utilizarían para solventar parte del patrimonio del fondo nacional de reconstrucción de infraestructura y equipamiento caído luego del terremoto.
La enajenación de estas acciones fue rápidamente criticada por la oposición y los agentes privados.
El diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz se mostró contrario al desprendimiento de la participación estatal en las sanitarias, señalando que las ventas de los activos fiscales, “lo que hace es disminuir el patrimonio del Estado y, por tanto, el de todos los chilenos”, lo que considera como “el peor camino para poder generar recursos, pues deja al Estado de manos atadas para poder ser un actor en el aseguramiento de que cualquier chileno tenga derecho al agua potable”.
Para el financiamiento el diputado ofrece otras alternativas: “aumentemos un poco más los impuestos de primera categoría, hagámoslos permanentes y también aseguramos la misma cantidad de recursos”.
El analista de Aserta, Hernán Frigolet, por su lado, comentó que, debido a “todos los problemas que estamos viendo en las bolsas internacionales”, esta no sería la mejor coyuntura para desprenderse de un activo esencial. “Habría que tener una fuente permanente que permita subsanar estos ingresos y eso compromete el gasto social y el gasto de inversión futuro”.
En tanto, el profesor de economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, sostuvo que si la decisión política ya está tomada, el gobierno debería potenciar la fiscalización en este sector, ya que estamos en presencia de “monopolios naturales, donde no hay competencia”.
En este plano, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, señaló que pedirán a la autoridad la mantención de los subsidios de agua potable para quienes no puedan cumplir con sus compromisos de pago. Pero además, modificar el actual sistema de apremio, conforme a otras normativas en el exterior: “al momento de no pago se rebaja la presión del agua, pero no se corta la totalidad, porque sino, estamos atropellando el derecho de las personas a tener el consumo”.
Operadores del mercado comentan que los posibles interesados en estos activos serían inversionistas institucionales, como las AFP y las firmas de seguros, dada su rentabilidad estable. Sin embargo, en La Moneda no descartan que los actuales controladores del negocio de agua potable adquieran los títulos.
