Por primera vez una campaña de vacunación en Chile tiene dificultades para lograr sus metas. Tradicionalmente en los inviernos faltaban dosis para responder a las demandas de la población, sin embargo, esta vez hay que andar persiguiendo a las personas para lograr cumplir las coberturas que el ministerio de salud se ha fijado. Eso porque la vacuna contra la gripe porcina o AH1N1 no da confianza.

Muchos artículos de prensa y de internet han puesto en duda la calidad de la vacuna y la gravedad de la gripe porcina. Otros articulistas han llamado la atención que quienes la defienden tienen serios conflictos de interés por haber trabajado o recibido honorarios de la industria farmacéutica.

La población chilena ha cambiado. Hoy tenemos personas informadas que demandan explicaciones antes de someterse a las recomendaciones de cualquier autoridad y en eso el sector salud no es una excepción.

Desde siempre las campañas de salud en Chile tuvieron muy buena acogida en la población. Los fundamentos eran claros; las evidencias contundentes y la población respondía confiando.

Con la gripe porcina algo pasó. Probablemente fue mucho más la alarma que la gravedad percibida por la población. Se sumó a esto la recomendación de usar un fármaco caro, el Tamiflú, de eficacia no comprobada en medio del escándalo de colusión de las principales cadenas de farmacias.

Había demasiado olor a negocio. Internacionalmente la discusión era la misma y muchos países rehusaron seguir las recomendaciones de la OMS.

La pérdida de confianza en medidas de salud pública es un hecho muy grave, Si se demostrara que en esta campaña primó el interés comercial por sobre el bienestar de las personas se habría instalado un pésimo precedente que pondría en duda cualquier recomendación sanitaria del futuro.

Para este gobierno la situación es más delicada ya que la población lo vincula con los intereses empresariales.

En ese escenario el Ministerio de Salud no puede perder credibilidad. Son muchos años de acciones transparentes y eficaces los que respaldan su prestigio.

Esa transparencia debe mantenerla y por lo tanto sus recomendaciones tienen que tener un fuerte aval científico y en los comités asesores del Ministro deberán explicitarse los conflictos de interés y vinculaciones de los profesionales o sociedades científicas que allí participan.

La salud pública es parte de nuestro patrimonio y no podemos arriesgar ese capital valórico frente a los ilimitados apetitos del capital financiero.