La mesa social de Conchalí, que agrupa organizaciones vecinales y movimientos sociales como gremios de la salud y del mundo cultural, realizaron este miércoles una protesta en el frontis de la municipalidad, exigiendo la destitución del alcalde, el RN Rubén Malvoa.

Los dirigentes señalan que hace más dos meses que Malvoa no se presenta a trabajar, en un momento particularmente complicado, ya que la comuna fue una de las más afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero.

“El grueso de esto son las reiteradas faltas y el abandono de deberes, pero además nos preocupa la no recepción de los dirigentes sociales, las irregularidades cometidas por la municipalidad durante este año y medio de gestión. Hay empleados en Dicom por culpa del no pago de préstamos que sí fueron descontados y un montón de irregularidades en la municipalidad. Después del terremoto ha habido bastantes problemas en la comuna, que es una de las más afectadas de la Región Metropolitana, y hemos tenido nula respuesta de parte del gobierno comunal”, indicó el dirigente vecinal, Rafael Ortiz.

La semana pasada la Corporación Municipal de Salud, Educación y Atención de Menores de Conchalí (Coresam) estuvo en paro por el incumplimiento en el pago de sueldos a los trabajadores, situación que finalizó con un acuerdo firmado por la alcaldesa subrogante, Jenifer Abuhadba.

Pero no sólo los gremios de la salud tienen conflictos con el municipio, también los grupos de gestión cultural. “Aquí se expropió el centro cultural que era donde nos agrupábamos las organizaciones ligadas a este tema. Nos fue arrebatado por el ensanche de la avenida Dorsal y eso significó 500 millones de pesos que hoy no sabemos dónde están. No tenemos un espacio donde desarrollar nuestras actividades, una casa, ni un lugar donde reunir a los gestores culturales. Cuando matamos la cultura, matamos el alma de un pueblo y la comuna de Conchalí está viviendo eso hoy”, sostuvo Aroldo Tuma, presidente del Centro Cultural Amalia Vargas.

Concejales en pie de guerra

Existe una acusación formal presentada a Contraloría por los concejales, debido a una serie de acuerdos que habían tomado y que fueron contravenidos por el edil.

Además, siete de los ocho concejales interpusieron ayer un requerimiento al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) contra el alcalde Malvoa, a quien acusan de notable abandono de labores y exigen su destitución.

El concejal UDI, RubénCarvacho, señaló que la documentación presentada a la entidad contiene “todos los medios de prueba”.

Desde el municipio argumentan que el alcalde no se ha ausentado los dos meses que se acusan, sino uno a raíz de problemas personales como las complicaciones del embarazo de su esposa Karla Rubilar y una posterior licencia médica.

La alcaldesa subrogante señaló que la ausencia es completamente justificada y que este movimiento es más bien de corte político.

“El alcalde no está desaparecido sino que está con licencia legalmente emitida. Esta es una situación que los concejales están utilizando políticamente porque ellos mismos están definiendo quién ‘la lleva’. Creo fehacientemente que es un tema más político que administrativo e interno local de Conchalí”, dijo.

Por su parte, Carvacho respondió a estas críticas y advirtió que el edil es el único responsable de lo que se vive en la comuna.

“Esto no puede ser un aprovechamiento político porque estamos en forma transversal, yo no soy de la Concertación, soy de la UDI, pero nuestro principio fundamental es atender las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Nosotros no hemos provocado nada, aquí el único responsable de toda esta situación se llama Rubén Malvoa Hernández porque él ha desencadenado todo esto con su injustificadas inasistencias, pero también con una pésima gestión”, sentenció.

La licencia médica del alcalde fue filtrada y expuesta a la población, razón por la que en Conchalí los vecinos piden declarar “interdicto” a la autoridad. Frente a esto se espera que la próxima semana Malvoa decida si presentará acciones legales.

El alcalde retomaría sus funciones el próximo martes 25 de mayo, misma fecha en que el Tricel debe pronunciarse sobre el caso.