Representantes de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos se reunieron con el cardenal Francisco Javier Errázuriz para manifestarle su rechazo al indulto propuesto por la Iglesia con motivo del Bicentenario.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que Errázuriz habló de una acción de misericordia aunque reconoce que hay casos gravísimos, pero no hay compromisos claros hacia quién van los indultos. De todas formas, reiteró que la medida tendría que resolverla el Presidente Sebastián Piñera.
Los familiares hicieron un paralelo respecto del atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981 en la Plaza de San Pedro, si bien hubo perdón por parte del Pontífice a su agresor Mehmet Ali Ağca, en ningún momento se planteó siquiera la sola posibilidad de un indulto.
“Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos se habla de situaciones tan graves como esa”, dijo Pizarro.
“El cardenal señaló que conversará el tema con la Conferencia Episcopal y que se entregará una respuesta en su momento. Así como la Iglesia Católica chilena tuvo un rol destacado durante los años de dictadura que permitió salvar muchas vidas, hoy no puede tener una actitud distinta y resultaría inaceptable, y borraría con el codo todo lo que escribió en los años de la dictadura”, afirmó la dirigente.
Es necesario un pronunciamiento público de la Iglesia sobre esa situación en particular. No hay una definición clara le pediríamos más a la Iglesia sobre todo una definición pública.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos indicó que el Cardenal Errázuriz aseguró que no está definido quienes recibirán el beneficio y quienes no, aunque se habría aventurado a individualizar a Manuel Contreras como un ejemplo de persona que no deberían ser indultada.
Además, entregaron al jefe de la Iglesia un panfleto de los familiares de Ejecutados Políticos de las Fuerzas Armadas, quienes el martes pasado entregaron una carta al Presidente Piñera en el que solicitan el indulto para quienes –textualmente- “lucharon contra los terroristas” reivindicando y validando de esa manera la muerte de miles de chilenos en dictadura.
“Es inmoral e inaceptable que se aprovechen los beneficios carcelarios que se entregan a la población común para estos crímenes de lesa humanidad y que son condenados en los Tratados Internacionales donde también queda ratificado el Estado chileno. Consideramos grave que haya propuestas de indultos para estos criminales”, señaló Lira.
Ambas agrupaciones se manifestaron disconformes con la respuesta poco concreta del Arzobispado y es por eso que seguirán solicitando diligencias para impedir que se concreten estos beneficios.
Las agrupaciones además cuestionaron la polémica que se generó luego de la citación al subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, para declarar como testigo en medio de la investigación por la muerte de Víctor Jara, por lo que anunciaron que se reunirán con la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama.
Representantes de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos se reunieron con el cardenal Francisco Javier Errázuriz para manifestarle su rechazo al indulto propuesto por la Iglesia con motivo del Bicentenario.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que Errázuriz habló de una acción de misericordia aunque reconoce que hay casos gravísimos, pero no hay compromisos claros hacia quién van los indultos. De todas formas, reiteró que la medida tendría que resolverla el Presidente Sebastián Piñera.
Los familiares hicieron un paralelo respecto del atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981 en la Plaza de San Pedro, si bien hubo perdón por parte del Pontífice a su agresor Mehmet Ali Ağca, en ningún momento se planteó siquiera la sola posibilidad de un indulto.
“Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos se habla de situaciones tan graves como esa”, dijo Pizarro.
“El cardenal señaló que conversará el tema con la Conferencia Episcopal y que se entregará una respuesta en su momento. Así como la Iglesia Católica chilena tuvo un rol destacado durante los años de dictadura que permitió salvar muchas vidas, hoy no puede tener una actitud distinta y resultaría inaceptable, y borraría con el codo todo lo que escribió en los años de la dictadura”, afirmó la dirigente.
Es necesario un pronunciamiento público de la Iglesia sobre esa situación en particular. No hay una definición clara le pediríamos más a la Iglesia sobre todo una definición pública.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos indicó que el Cardenal Errázuriz aseguró que no está definido quienes recibirán el beneficio y quienes no, aunque se habría aventurado a individualizar a Manuel Contreras como un ejemplo de persona que no deberían ser indultada.
Además, entregaron al jefe de la Iglesia un panfleto de los familiares de Ejecutados Políticos de las Fuerzas Armadas, quienes el martes pasado entregaron una carta al Presidente Piñera en el que solicitan el indulto para quienes –textualmente- “lucharon contra los terroristas” reivindicando y validando de esa manera la muerte de miles de chilenos en dictadura.
“Es inmoral e inaceptable que se aprovechen los beneficios carcelarios que se entregan a la población común para estos crímenes de lesa humanidad y que son condenados en los Tratados Internacionales donde también queda ratificado el Estado chileno. Consideramos grave que haya propuestas de indultos para estos criminales”, señaló Lira.
Ambas agrupaciones se manifestaron disconformes con la respuesta poco concreta del Arzobispado y es por eso que seguirán solicitando diligencias para impedir que se concreten estos beneficios.
Las agrupaciones además cuestionaron la polémica que se generó luego de la citación al subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, para declarar como testigo en medio de la investigación por la muerte de Víctor Jara, por lo que anunciaron que se reunirán con la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama.
Representantes de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos se reunieron con el cardenal Francisco Javier Errázuriz para manifestarle su rechazo al indulto propuesto por la Iglesia con motivo del Bicentenario.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que Errázuriz habló de una acción de misericordia aunque reconoce que hay casos gravísimos, pero no hay compromisos claros hacia quién van los indultos. De todas formas, reiteró que la medida tendría que resolverla el Presidente Sebastián Piñera.
Los familiares hicieron un paralelo respecto del atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981 en la Plaza de San Pedro, si bien hubo perdón por parte del Pontífice a su agresor Mehmet Ali Ağca, en ningún momento se planteó siquiera la sola posibilidad de un indulto.
“Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos se habla de situaciones tan graves como esa”, dijo Pizarro.
“El cardenal señaló que conversará el tema con la Conferencia Episcopal y que se entregará una respuesta en su momento. Así como la Iglesia Católica chilena tuvo un rol destacado durante los años de dictadura que permitió salvar muchas vidas, hoy no puede tener una actitud distinta y resultaría inaceptable, y borraría con el codo todo lo que escribió en los años de la dictadura”, afirmó la dirigente.
Es necesario un pronunciamiento público de la Iglesia sobre esa situación en particular. No hay una definición clara le pediríamos más a la Iglesia sobre todo una definición pública.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos indicó que el Cardenal Errázuriz aseguró que no está definido quienes recibirán el beneficio y quienes no, aunque se habría aventurado a individualizar a Manuel Contreras como un ejemplo de persona que no deberían ser indultada.
Además, entregaron al jefe de la Iglesia un panfleto de los familiares de Ejecutados Políticos de las Fuerzas Armadas, quienes el martes pasado entregaron una carta al Presidente Piñera en el que solicitan el indulto para quienes –textualmente- “lucharon contra los terroristas” reivindicando y validando de esa manera la muerte de miles de chilenos en dictadura.
“Es inmoral e inaceptable que se aprovechen los beneficios carcelarios que se entregan a la población común para estos crímenes de lesa humanidad y que son condenados en los Tratados Internacionales donde también queda ratificado el Estado chileno. Consideramos grave que haya propuestas de indultos para estos criminales”, señaló Lira.
Ambas agrupaciones se manifestaron disconformes con la respuesta poco concreta del Arzobispado y es por eso que seguirán solicitando diligencias para impedir que se concreten estos beneficios.
Las agrupaciones además cuestionaron la polémica que se generó luego de la citación al subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, para declarar como testigo en medio de la investigación por la muerte de Víctor Jara, por lo que anunciaron que se reunirán con la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama.
