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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Iglesia Católica y ciudadanía se oponen

Mecanismo para vender acciones de sanitarias estaría definido

Con el objeto de recaudar unos 1.300 millones de dólares para la reconstrucción se vendería la porción accionaria que el Estado mantiene en las empresas sanitarias y que representa un 35 por ciento de la propiedad de las compañías.

Juan Pablo Palacios

  Lunes 24 de mayo 2010 17:03 hrs. 
Radio-Uchile

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Al parecer, ya existiría un consenso sobre cuál es la fórmula más conveniente para vender los porcentajes que mantiene hoy la Corporación de Fomento Productivo (CORFO) en las operadoras sanitarias controladas por firmas multinacionales. “La venta se ejecutaría empresa por empresa, y no como un conjunto, para así obtener mayores retornos”, dijo una autoridad gubernamental ligada al proceso.

El año pasado, Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal aportaron por concepto de dividendos a las arcas fiscales en torno a los 100 millones de dólares. Si el gobierno se decide por vender, podría recaudar y reinvertir cerca de 1.300 millones de dólares para el Fondo Nacional de Reconstrucción, de acuerdo al valor de mercado de cada una de estas empresas.

Por eso, los títulos de las compañías de agua potable serían atractivos para los inversionistas dada su alta tasa de dividendos, dijo el analista de BanChile Inversiones Sergio Zapata.

“En cuanto al flujo de dividendo son acciones que presentan una gran estabilidad. Si hay un inversionista que esté interesado exclusivamente en la parte dividendos fundamentalmente se trata de empresas que otorgan algo de estabilidad en este parámetro, por lo tanto, habría un atractivo para aquellos inversionistas que buscan dividendos más que retornos en el precio de la acción”, indicó el experto.

En tanto, las organizaciones sociales y los obispos de la Iglesia Católica nuevamente manifestaron su unánime rechazo a la idea de la autoridad de privatizar la participación que el estado mantiene en algunas sanitarias.

En ese sentido, el vicariato apostólico de Aysén, monseñor Luis Infanti, calificó como un atentado a los valores y derechos democráticos la enajenación total del elemento vital.

“Sentimos que esta propuesta del gobierno es un disparo a la democracia y a la soberanía porque las aguas no son un elemento más, sino que son un elemento esencial para la vida humana, por eso lo proclamamos como un derecho humano, un bien nacional de uso público y si es que continúa este afán privatizador y, por lo tanto, mercantil con las aguas se está comerciando con un pueblo, con personas, especialmente las más desprotegidas”, subrayó Luis Infanti.

Por su lado, Teresa Sarmiento, representante de la organización de Agua Potable Rural (APR) advirtió que esta ola privatizadora podría llegar incluso a las empresas de agua potable en las localidades rurales.

“Si esto llega a pasar se abre una puerta para que los APR también sean privatizados, nosotros somos vulnerables, somos pequeñas organizaciones, pero que entregamos agua de buena calidad, damos un buen servicio y estamos en contacto con la comunidad. Tenemos que defender lo que es de Chile para los chilenos. Nunca se tendría que haber privatizado el agua y los APR los vamos a defender hasta dar la vida por ellos”, señaló la dirigenta.

Cuando en 1999 se aprobó la reforma que privatizó el sector se dejó estipulado que el Estado no podía tener una participación menor a 35 por ciento de la propiedad de cada una de estas empresas. Esa limitación se eliminó en 2003, por lo que el Ejecutivo no tendría que recurrir a un cambio legislativo para enajenar su porción accionaria.

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