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Ministro de Justicia anuncia crecimiento de sistema de cárceles concesionadas

Más cárceles privadas es la respuesta de Felipe Bulnes, el titular de Justicia, ante los graves problemas de hacinamiento y malas condiciones carcelarias denunciados nuevamente por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien además reveló un empeoramiento de la situación producto del terremoto.

Ninoska Leiva

  Miércoles 26 de mayo 2010 18:52 hrs. 
Radio-Uchile

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A las críticas anteriores sobre las inhumanas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, la fiscal de la Corte Suprema sumó un nuevo informe sobre la agudización de la “crisis carcelaria” por el terremoto del pasado 27 de febrero y los daños causados por los incendios originados por los reos de algunas dependencias, como Talca y Concepción, después del sismo.

Al respecto, las autoridades de gobierno manifestaron que se trata de un problema heredado de los gobiernos de la Concertación, que solucionarían con la construcción de más cárceles concesionadas.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reconoció que la situación carcelaria en Chile es “dramática, con una sobrepoblación cercana al 150 por ciento”. Una compleja condición que los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet no habrían logrado resolver, ya que “se hicieron anuncios para construir quince cárceles y poco menos de la mitad se ha podido construir”.

Pero aseguró que la actual administración va a “ponerse al día en los planteamientos que hicieron los gobiernos anteriores al país en materia de infraestructura carcelaria”.

Este anuncio calo hondo en el ministerio de Justicia, por lo que las máximas autoridades de este sector visitaron el penal Santiago Uno y anunciaron que enfrentarán la crisis carcelaria construyendo nuevos recintos penales concesionados.

“Por supuesto que nos vamos a poner al día en el rezago de infraestructura carcelaria del país, nosotros tendríamos que haber recibido  45 cárceles concesionadas y sólo tenemos siete. Nuestra voluntad va a ser construir la mayor cantidad de cárceles concesionadas posibles porque el país tiene un déficit muy importante”, aseveró el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.

Respecto del informe de la fiscal Mónica Maldonado, que advierte graves daños estructurales que implican riesgos tanto para la población penal como para el personal de Gendarmería, el secretario de Estado dijo que “lo primero es solucionar los problemas de infraestructura, de hecho, Gendarmería ya está trabajando en eso con mil doscientos millones de pesos, además de que vamos a pedir más recursos por el orden de los tres mil millones de pesos”.

Entre el sistema carcelario fiscal y privado, las diferencias son innegables. Mientras unos penales sufren hacinamiento y las personas están recluidas en condiciones que se podrían calificar como infrahumanas, en muchos casos, en las cárceles concesionadas como Santiago Uno, inaugurada recién en el 2007, los reos cuentan con apoyo médico, psicológico e incluso con canchas de básquetbol y mesas de pin-pon.
Gendarmería contenta con nuevo Director

En octubre del año 2009 la fiscal Maldonado ya había realizado un informe sobre los déficits en materia carcelaria. Situación que derivó en la presión de los funcionarios de Gendarmería hacia el gobierno por mejoras laborales, comprometiéndose un proyecto de Ampliación de Plantas que aún no es implementado.

Y ahora se presenta una nueva opción para replantear esas demandas, por lo que el nuevo director de Gendarmería, Luis Masferrer, dijo que “el informe es una gran oportunidad para mejorar las condiciones críticas” de la institución, al tiempo que aseguró que “con el déficit que tenemos vamos a empezar a administrar de mejor manera los recursos para mejorar las actuales condiciones”.

El hacinamiento y los problemas de infraestructura no sólo afectan a los reos, sino también al personal de Gendarmería, que según sus dirigentes cumplen turnos de hasta 14 horas y hacen doble función  laboral por la falta de personal y recursos.

“La realidad concesionaria no es la verdad de lo que ocurre en las unidades penales del país, donde los 56 mil reos y la tasa de crecimiento de la tasa anual de prisión, requieren más cárceles y también más gendarmes, no sólo más carabineros e investigaciones”, denuncio el vicepresidente de La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Óscar Benavides.

Molestia que motivó una reunión entre el director de Gendarmería y los funcionarios, que terminó en un acuerdo para mejorar las condiciones.
“Dimos de plazo todo junio para que se den soluciones a los funcionarios de Gendarmería. Si bien en un principio nosotros no estábamos de acuerdo con el nombramiento (del director), ahora creemos lo contrario porque él expresó toda la voluntad de mejorar nuestra situación y luchar por nuestro derechos”, sostuvo el presidente de ANFUP, Pedro Hernández.

De esta manera se ponen “paños fríos” a los anuncios de movilizaciones de  Gendarmería y se establece un nuevo plazo para ver si efectivamente la nueva administración logra resolver los ya antiguos y complejos problemas del sistema carcelario chileno.

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