Una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado de Chile, la primera de este tipo después del terremoto, fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la muerte de Roberto Palma Azócar durante la madrugada del 27 de febrero.
La víctima vivía en Juan Fernández y, según consta en su certificado de defunción, murió ahogado como consecuencia del maremoto que afectó a la isla y sobre el cual las autoridades no alertaron a la población.
Christopher Díaz, procurador encargado de la causa, señaló que en la Isla, a diferencia del continente, era más necesaria una alerta de maremoto, ya que no hubo una señal previa como el movimiento sísmico que se sintió en tierra.
“La alerta de tsunami que debió haberse realizado con mayor razón debió haberse dado en la isla Juan Fernández por el hecho de que no hubo esta alerta, este indicio natural que constantemente han señalado las autoridades con el propósito de excusarse de sus responsabilidades en cuanto que todos los chilenos vivimos en un país que ocurren terremotos y, a pesar de esto, en ese lugar no hubo terremoto y, por lo tanto, era deber del Estado avisarle a estas personas”, indicó Díaz.
La demanda es contra el Estado, al que se le exige el pago de cerca de un millón de dólares a la madre y los hermanos de la víctima, por la responsabilidad de que no se dieran las alarmas necesaria para evitar la tragedia que significó numerosas muertes, entre ellas, la de Palma Azócar.
La abogada patrocinarte y ex diputada, Laura Soto, señaló que en este caso “está claro que existe un daño, que es la muerte de Juan, que existe un nexo causal respecto de su fallecimiento, que es el hecho que murió por sumersión a las seis de la mañana, y lo estamos acreditando con certificado. Por lo tanto, esto fue fruto del maremoto que nunca fue alertado. Incluso, hasta la propia Presidenta de la República dijo que se levantaba la alerta de maremoto, pero nunca llegó esa alerta a la isla Juan Fernández”, señaló la ex parlamentaria.
Junto con esta demanda, la madre de la víctima, María Isabel Azócar Ponce, acusa el abandono del Gobierno en el caso, ya que no hubo la consideración necesaria con el cadáver de su hijo.
“Se pagó el viaje hacia acá, los restos de mi hijo venían en una bolsa en descomposición porque no lo enviaron de inmediato cuando mandaron a otros fallecidos, a él lo enviaron de los últimos. Sus restos fueron encontrados un día domingo y llegó aquí el martes y decían que lo tenían en congelador allá, lo que no es efectivo porque el cuerpo venía bien descompuesto”, denunció la madre.
Una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado de Chile, la primera de este tipo después del terremoto, fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la muerte de Roberto Palma Azócar durante la madrugada del 27 de febrero.
La víctima vivía en Juan Fernández y, según consta en su certificado de defunción, murió ahogado como consecuencia del maremoto que afectó a la isla y sobre el cual las autoridades no alertaron a la población.
Christopher Díaz, procurador encargado de la causa, señaló que en la Isla, a diferencia del continente, era más necesaria una alerta de maremoto, ya que no hubo una señal previa como el movimiento sísmico que se sintió en tierra.
“La alerta de tsunami que debió haberse realizado con mayor razón debió haberse dado en la isla Juan Fernández por el hecho de que no hubo esta alerta, este indicio natural que constantemente han señalado las autoridades con el propósito de excusarse de sus responsabilidades en cuanto que todos los chilenos vivimos en un país que ocurren terremotos y, a pesar de esto, en ese lugar no hubo terremoto y, por lo tanto, era deber del Estado avisarle a estas personas”, indicó Díaz.
La demanda es contra el Estado, al que se le exige el pago de cerca de un millón de dólares a la madre y los hermanos de la víctima, por la responsabilidad de que no se dieran las alarmas necesaria para evitar la tragedia que significó numerosas muertes, entre ellas, la de Palma Azócar.
La abogada patrocinarte y ex diputada, Laura Soto, señaló que en este caso “está claro que existe un daño, que es la muerte de Juan, que existe un nexo causal respecto de su fallecimiento, que es el hecho que murió por sumersión a las seis de la mañana, y lo estamos acreditando con certificado. Por lo tanto, esto fue fruto del maremoto que nunca fue alertado. Incluso, hasta la propia Presidenta de la República dijo que se levantaba la alerta de maremoto, pero nunca llegó esa alerta a la isla Juan Fernández”, señaló la ex parlamentaria.
Junto con esta demanda, la madre de la víctima, María Isabel Azócar Ponce, acusa el abandono del Gobierno en el caso, ya que no hubo la consideración necesaria con el cadáver de su hijo.
“Se pagó el viaje hacia acá, los restos de mi hijo venían en una bolsa en descomposición porque no lo enviaron de inmediato cuando mandaron a otros fallecidos, a él lo enviaron de los últimos. Sus restos fueron encontrados un día domingo y llegó aquí el martes y decían que lo tenían en congelador allá, lo que no es efectivo porque el cuerpo venía bien descompuesto”, denunció la madre.
Una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado de Chile, la primera de este tipo después del terremoto, fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la muerte de Roberto Palma Azócar durante la madrugada del 27 de febrero.
La víctima vivía en Juan Fernández y, según consta en su certificado de defunción, murió ahogado como consecuencia del maremoto que afectó a la isla y sobre el cual las autoridades no alertaron a la población.
Christopher Díaz, procurador encargado de la causa, señaló que en la Isla, a diferencia del continente, era más necesaria una alerta de maremoto, ya que no hubo una señal previa como el movimiento sísmico que se sintió en tierra.
“La alerta de tsunami que debió haberse realizado con mayor razón debió haberse dado en la isla Juan Fernández por el hecho de que no hubo esta alerta, este indicio natural que constantemente han señalado las autoridades con el propósito de excusarse de sus responsabilidades en cuanto que todos los chilenos vivimos en un país que ocurren terremotos y, a pesar de esto, en ese lugar no hubo terremoto y, por lo tanto, era deber del Estado avisarle a estas personas”, indicó Díaz.
La demanda es contra el Estado, al que se le exige el pago de cerca de un millón de dólares a la madre y los hermanos de la víctima, por la responsabilidad de que no se dieran las alarmas necesaria para evitar la tragedia que significó numerosas muertes, entre ellas, la de Palma Azócar.
La abogada patrocinarte y ex diputada, Laura Soto, señaló que en este caso “está claro que existe un daño, que es la muerte de Juan, que existe un nexo causal respecto de su fallecimiento, que es el hecho que murió por sumersión a las seis de la mañana, y lo estamos acreditando con certificado. Por lo tanto, esto fue fruto del maremoto que nunca fue alertado. Incluso, hasta la propia Presidenta de la República dijo que se levantaba la alerta de maremoto, pero nunca llegó esa alerta a la isla Juan Fernández”, señaló la ex parlamentaria.
Junto con esta demanda, la madre de la víctima, María Isabel Azócar Ponce, acusa el abandono del Gobierno en el caso, ya que no hubo la consideración necesaria con el cadáver de su hijo.
“Se pagó el viaje hacia acá, los restos de mi hijo venían en una bolsa en descomposición porque no lo enviaron de inmediato cuando mandaron a otros fallecidos, a él lo enviaron de los últimos. Sus restos fueron encontrados un día domingo y llegó aquí el martes y decían que lo tenían en congelador allá, lo que no es efectivo porque el cuerpo venía bien descompuesto”, denunció la madre.
