La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó las primeras cien de un total de mil 197 querellas por muertes durante la dictadura militar en nuestro país.
Se trata de casos seleccionados después de un detallado estudio de la agrupación sobre causas que no están abiertas ante la justicia, la mayoría, porque ya habían sido cerradas por los tribunales.
El abogado de Derechos Humanos Eduardo Contreras, indicó que el objetivo es que no queden casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en diferentes épocas de la dictadura sin ser investigados y condenados en el país.
“Se trata de casos en que por diversas razones, porque los familiares fallecieron, porque esos familiares no volvieron a la AFEP, porque quedaron traspapelados, porque el Informe Rettig no tomó acciones concretas, porque el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior considera que faltan antecedentes o que al no existir parientes no los van a patrocinar; se ha tomado la decisión de que no es posible que a 37 años del Golpe de Estado, todavía en Chile queden miles de chilenos que sus familiares no pueden conocer la verdad y mucho menos hacer justicia”, indicó Contreras.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que se trata de un compromiso con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, hombres, mujeres y hasta niños.
Esto, porque a pesar de que el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior tiene la facultad de iniciar acciones legales por estos casos, no las está realizando por falta de antecedentes.
Entonces, la tarea quedó en manos de la Agrupación, como aseveró la dirigente. “Nosotros tomamos esta medida de reivindicarlos, porque es parte de la memoria que están personas fueron honorables, no eran los terroristas, no eran los delincuentes y pensamos que esto se lo debemos, ya que el Estado, que violó todos sus derechos, no hizo nunca una reparación, de presentar un recurso, de dar los conductos jurídicos a los familiares para que presentaran querellas para investigar estos delitos”, señaló Lira.
Las investigaciones por las cien querellas presentadas quedaron en manos del ministro Mario Carroza.
Ligada a este tema además, está la decisión de la Corte Suprema que actualizó el acuerdo que distribuye las causas de Derechos Humanos entre varios magistrados.
El acuerdo mantiene a todos los ministros en las causas y se califica que sólo los integrantes de las 17 Cortes de Apelaciones del país serán los encargados de revisar las causas o querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En este escenario será cada tribunal de alzada del país el que designará a un ministro ante nuevas acciones legales en causas sobre derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó las primeras cien de un total de mil 197 querellas por muertes durante la dictadura militar en nuestro país.
Se trata de casos seleccionados después de un detallado estudio de la agrupación sobre causas que no están abiertas ante la justicia, la mayoría, porque ya habían sido cerradas por los tribunales.
El abogado de Derechos Humanos Eduardo Contreras, indicó que el objetivo es que no queden casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en diferentes épocas de la dictadura sin ser investigados y condenados en el país.
“Se trata de casos en que por diversas razones, porque los familiares fallecieron, porque esos familiares no volvieron a la AFEP, porque quedaron traspapelados, porque el Informe Rettig no tomó acciones concretas, porque el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior considera que faltan antecedentes o que al no existir parientes no los van a patrocinar; se ha tomado la decisión de que no es posible que a 37 años del Golpe de Estado, todavía en Chile queden miles de chilenos que sus familiares no pueden conocer la verdad y mucho menos hacer justicia”, indicó Contreras.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que se trata de un compromiso con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, hombres, mujeres y hasta niños.
Esto, porque a pesar de que el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior tiene la facultad de iniciar acciones legales por estos casos, no las está realizando por falta de antecedentes.
Entonces, la tarea quedó en manos de la Agrupación, como aseveró la dirigente. “Nosotros tomamos esta medida de reivindicarlos, porque es parte de la memoria que están personas fueron honorables, no eran los terroristas, no eran los delincuentes y pensamos que esto se lo debemos, ya que el Estado, que violó todos sus derechos, no hizo nunca una reparación, de presentar un recurso, de dar los conductos jurídicos a los familiares para que presentaran querellas para investigar estos delitos”, señaló Lira.
Las investigaciones por las cien querellas presentadas quedaron en manos del ministro Mario Carroza.
Ligada a este tema además, está la decisión de la Corte Suprema que actualizó el acuerdo que distribuye las causas de Derechos Humanos entre varios magistrados.
El acuerdo mantiene a todos los ministros en las causas y se califica que sólo los integrantes de las 17 Cortes de Apelaciones del país serán los encargados de revisar las causas o querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En este escenario será cada tribunal de alzada del país el que designará a un ministro ante nuevas acciones legales en causas sobre derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó las primeras cien de un total de mil 197 querellas por muertes durante la dictadura militar en nuestro país.
Se trata de casos seleccionados después de un detallado estudio de la agrupación sobre causas que no están abiertas ante la justicia, la mayoría, porque ya habían sido cerradas por los tribunales.
El abogado de Derechos Humanos Eduardo Contreras, indicó que el objetivo es que no queden casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en diferentes épocas de la dictadura sin ser investigados y condenados en el país.
“Se trata de casos en que por diversas razones, porque los familiares fallecieron, porque esos familiares no volvieron a la AFEP, porque quedaron traspapelados, porque el Informe Rettig no tomó acciones concretas, porque el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior considera que faltan antecedentes o que al no existir parientes no los van a patrocinar; se ha tomado la decisión de que no es posible que a 37 años del Golpe de Estado, todavía en Chile queden miles de chilenos que sus familiares no pueden conocer la verdad y mucho menos hacer justicia”, indicó Contreras.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que se trata de un compromiso con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, hombres, mujeres y hasta niños.
Esto, porque a pesar de que el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior tiene la facultad de iniciar acciones legales por estos casos, no las está realizando por falta de antecedentes.
Entonces, la tarea quedó en manos de la Agrupación, como aseveró la dirigente. “Nosotros tomamos esta medida de reivindicarlos, porque es parte de la memoria que están personas fueron honorables, no eran los terroristas, no eran los delincuentes y pensamos que esto se lo debemos, ya que el Estado, que violó todos sus derechos, no hizo nunca una reparación, de presentar un recurso, de dar los conductos jurídicos a los familiares para que presentaran querellas para investigar estos delitos”, señaló Lira.
Las investigaciones por las cien querellas presentadas quedaron en manos del ministro Mario Carroza.
Ligada a este tema además, está la decisión de la Corte Suprema que actualizó el acuerdo que distribuye las causas de Derechos Humanos entre varios magistrados.
El acuerdo mantiene a todos los ministros en las causas y se califica que sólo los integrantes de las 17 Cortes de Apelaciones del país serán los encargados de revisar las causas o querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En este escenario será cada tribunal de alzada del país el que designará a un ministro ante nuevas acciones legales en causas sobre derechos humanos.
