Más de diez mil subsidios habitacionales serán devueltos por el Estado a los postulantes, situación que afecta a la misma cantidad de familias que están bajo la línea de la pobreza y que postularon al Fondo Solidario en 2008 y 2009 y que aún no reciben sus viviendas. Lo peor es que se les han informado que sus carpetas de antecedentes les serán devueltas y deberán participar nuevamente en el concurso.
De trece mil postulaciones, sólo fueron acogidas tres mil, justamente las que se entregaron una semana antes de la segunda vuelta presidencial, mientras las otras quedaron “paralizadas” a raíz de la crisis que generó el terremoto, informándoles a los postulantes que “ya no habían recursos para los subsidios a la vivienda usada”.
“Red Almarza”, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), encargada de gestionar y posibilitar la entrega de subsidios, presentó una demanda de ilegalidad por estas acciones ante Contraloría, la que falló a favor de continuar el proceso de entrega de los subsidios normalmente.
Sin embargo, bajo la gestión de la actual ministra de Vivienda, Magdalena Matte, se les comunicó que las carpetas serían devueltas y que “podrían comenzar nuevamente la postulación en el periodo que comienza en julio de este año”, desconociendo así la resolución.
Ante esto, el gerente general de la EGIS, Sergio Almarza, además de demandar al Estado, decidió iniciar una huelga de hambre por los daños a la empresa y por las personas que se quedarán sin vivienda.
“Lo que estoy pidiendo es que el gobierno, la ministra de Vivienda actual, reconozca la legalidad. No soy una persona rupturista, tenemos una vía normal, pero nos vemos arrastrados a una cosa que significaba abandonar a la gente y nosotros como empresa simplemente demandar al Estado, porque son clarísimos los daños que como empresa nos ha hecho, pero eso me resultó intolerable”, aseguró Almarza.
El empresario señaló que los recursos que se les deberían asignar a los postulantes, alrededor de 280 millones de dólares, fueron utilizados en la construcción de viviendas nuevas.
Ante esto, el director de la Asociación Nacional de EGIS (Anaegis), Miguel Ángel Cerda, señaló que es insólito que el Estado no entregue los recursos prometidos. “Esto es también un terremoto para veinte mil familias que han cumplido exactamente lo que el Estado les ha dicho para resolver su problema y hoy nadie se hace responsable. En este caso Sergio Alamarza está siendo un tremendo esfuerzo para llamar la atención y se ilumine a las autoridades de cómo solucionar el problema”, aseguró Cerda.
Por esta razón afirmó que además de la huelga de hambre, se presentarán todas las acciones legales correspondientes, mientras las familias afectadas anunciaron futuras movilizaciones.
Por su parte, el ministerio de Vivienda reconoció la existencia de este problema y señaló que está trabajando para resolverlo lo antes posible. No obstante, los afectados han indicado que ya habría comenzado la devolución de las carpetas.
Más de diez mil subsidios habitacionales serán devueltos por el Estado a los postulantes, situación que afecta a la misma cantidad de familias que están bajo la línea de la pobreza y que postularon al Fondo Solidario en 2008 y 2009 y que aún no reciben sus viviendas. Lo peor es que se les han informado que sus carpetas de antecedentes les serán devueltas y deberán participar nuevamente en el concurso.
De trece mil postulaciones, sólo fueron acogidas tres mil, justamente las que se entregaron una semana antes de la segunda vuelta presidencial, mientras las otras quedaron “paralizadas” a raíz de la crisis que generó el terremoto, informándoles a los postulantes que “ya no habían recursos para los subsidios a la vivienda usada”.
“Red Almarza”, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), encargada de gestionar y posibilitar la entrega de subsidios, presentó una demanda de ilegalidad por estas acciones ante Contraloría, la que falló a favor de continuar el proceso de entrega de los subsidios normalmente.
Sin embargo, bajo la gestión de la actual ministra de Vivienda, Magdalena Matte, se les comunicó que las carpetas serían devueltas y que “podrían comenzar nuevamente la postulación en el periodo que comienza en julio de este año”, desconociendo así la resolución.
Ante esto, el gerente general de la EGIS, Sergio Almarza, además de demandar al Estado, decidió iniciar una huelga de hambre por los daños a la empresa y por las personas que se quedarán sin vivienda.
“Lo que estoy pidiendo es que el gobierno, la ministra de Vivienda actual, reconozca la legalidad. No soy una persona rupturista, tenemos una vía normal, pero nos vemos arrastrados a una cosa que significaba abandonar a la gente y nosotros como empresa simplemente demandar al Estado, porque son clarísimos los daños que como empresa nos ha hecho, pero eso me resultó intolerable”, aseguró Almarza.
El empresario señaló que los recursos que se les deberían asignar a los postulantes, alrededor de 280 millones de dólares, fueron utilizados en la construcción de viviendas nuevas.
Ante esto, el director de la Asociación Nacional de EGIS (Anaegis), Miguel Ángel Cerda, señaló que es insólito que el Estado no entregue los recursos prometidos. “Esto es también un terremoto para veinte mil familias que han cumplido exactamente lo que el Estado les ha dicho para resolver su problema y hoy nadie se hace responsable. En este caso Sergio Alamarza está siendo un tremendo esfuerzo para llamar la atención y se ilumine a las autoridades de cómo solucionar el problema”, aseguró Cerda.
Por esta razón afirmó que además de la huelga de hambre, se presentarán todas las acciones legales correspondientes, mientras las familias afectadas anunciaron futuras movilizaciones.
Por su parte, el ministerio de Vivienda reconoció la existencia de este problema y señaló que está trabajando para resolverlo lo antes posible. No obstante, los afectados han indicado que ya habría comenzado la devolución de las carpetas.
Más de diez mil subsidios habitacionales serán devueltos por el Estado a los postulantes, situación que afecta a la misma cantidad de familias que están bajo la línea de la pobreza y que postularon al Fondo Solidario en 2008 y 2009 y que aún no reciben sus viviendas. Lo peor es que se les han informado que sus carpetas de antecedentes les serán devueltas y deberán participar nuevamente en el concurso.
De trece mil postulaciones, sólo fueron acogidas tres mil, justamente las que se entregaron una semana antes de la segunda vuelta presidencial, mientras las otras quedaron “paralizadas” a raíz de la crisis que generó el terremoto, informándoles a los postulantes que “ya no habían recursos para los subsidios a la vivienda usada”.
“Red Almarza”, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), encargada de gestionar y posibilitar la entrega de subsidios, presentó una demanda de ilegalidad por estas acciones ante Contraloría, la que falló a favor de continuar el proceso de entrega de los subsidios normalmente.
Sin embargo, bajo la gestión de la actual ministra de Vivienda, Magdalena Matte, se les comunicó que las carpetas serían devueltas y que “podrían comenzar nuevamente la postulación en el periodo que comienza en julio de este año”, desconociendo así la resolución.
Ante esto, el gerente general de la EGIS, Sergio Almarza, además de demandar al Estado, decidió iniciar una huelga de hambre por los daños a la empresa y por las personas que se quedarán sin vivienda.
“Lo que estoy pidiendo es que el gobierno, la ministra de Vivienda actual, reconozca la legalidad. No soy una persona rupturista, tenemos una vía normal, pero nos vemos arrastrados a una cosa que significaba abandonar a la gente y nosotros como empresa simplemente demandar al Estado, porque son clarísimos los daños que como empresa nos ha hecho, pero eso me resultó intolerable”, aseguró Almarza.
El empresario señaló que los recursos que se les deberían asignar a los postulantes, alrededor de 280 millones de dólares, fueron utilizados en la construcción de viviendas nuevas.
Ante esto, el director de la Asociación Nacional de EGIS (Anaegis), Miguel Ángel Cerda, señaló que es insólito que el Estado no entregue los recursos prometidos. “Esto es también un terremoto para veinte mil familias que han cumplido exactamente lo que el Estado les ha dicho para resolver su problema y hoy nadie se hace responsable. En este caso Sergio Alamarza está siendo un tremendo esfuerzo para llamar la atención y se ilumine a las autoridades de cómo solucionar el problema”, aseguró Cerda.
Por esta razón afirmó que además de la huelga de hambre, se presentarán todas las acciones legales correspondientes, mientras las familias afectadas anunciaron futuras movilizaciones.
Por su parte, el ministerio de Vivienda reconoció la existencia de este problema y señaló que está trabajando para resolverlo lo antes posible. No obstante, los afectados han indicado que ya habría comenzado la devolución de las carpetas.
