El juez Mario Carroza anunció el inicio de la investigación de estos primeros cien casos, señalando que de ser necesario, podría pedir apoyo a otros magistrados en la medida en que se admitan las denuncias restantes. Carroza había sido designado, a finales de abril, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia como nuevo ministro especial para estas 100 querellas por homicidio calificado en casos de ejecutados políticos, causas que no habían sido investigadas hasta ahora.
La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó a la justicia las primeras 100 querellas de un total de 1.179 casos sin proceso, y que exigen los asuma el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
“El ministerio nos dijo que no se iba a hacer parte en casos en que los familiares no estén o no quieran denunciar, pero moralmente tenemos el mandato de reparar a las víctimas. Manejamos 1.179 casos sobre los que nunca se abrió proceso. El martes ya presentamos 100 y el resto debe estar listo en cinco meses”, dijo Alicia Lira, presidenta de la Asociación.
“Información de los casos hay, lo que parece que no existe es voluntad política para investigar. Esperemos que el Ministerio reconsidere su posición porque esto demanda un gasto enorme para nosotros”, añadió Lira, quien además expresó su confianza en la objetividad del juez asignado para el caso.
El juez Mario Carroza anunció el inicio de la investigación de estos primeros cien casos, señalando que de ser necesario, podría pedir apoyo a otros magistrados en la medida en que se admitan las denuncias restantes. Carroza había sido designado, a finales de abril, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia como nuevo ministro especial para estas 100 querellas por homicidio calificado en casos de ejecutados políticos, causas que no habían sido investigadas hasta ahora.
La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó a la justicia las primeras 100 querellas de un total de 1.179 casos sin proceso, y que exigen los asuma el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
“El ministerio nos dijo que no se iba a hacer parte en casos en que los familiares no estén o no quieran denunciar, pero moralmente tenemos el mandato de reparar a las víctimas. Manejamos 1.179 casos sobre los que nunca se abrió proceso. El martes ya presentamos 100 y el resto debe estar listo en cinco meses”, dijo Alicia Lira, presidenta de la Asociación.
“Información de los casos hay, lo que parece que no existe es voluntad política para investigar. Esperemos que el Ministerio reconsidere su posición porque esto demanda un gasto enorme para nosotros”, añadió Lira, quien además expresó su confianza en la objetividad del juez asignado para el caso.
El juez Mario Carroza anunció el inicio de la investigación de estos primeros cien casos, señalando que de ser necesario, podría pedir apoyo a otros magistrados en la medida en que se admitan las denuncias restantes. Carroza había sido designado, a finales de abril, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia como nuevo ministro especial para estas 100 querellas por homicidio calificado en casos de ejecutados políticos, causas que no habían sido investigadas hasta ahora.
La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó a la justicia las primeras 100 querellas de un total de 1.179 casos sin proceso, y que exigen los asuma el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
“El ministerio nos dijo que no se iba a hacer parte en casos en que los familiares no estén o no quieran denunciar, pero moralmente tenemos el mandato de reparar a las víctimas. Manejamos 1.179 casos sobre los que nunca se abrió proceso. El martes ya presentamos 100 y el resto debe estar listo en cinco meses”, dijo Alicia Lira, presidenta de la Asociación.
“Información de los casos hay, lo que parece que no existe es voluntad política para investigar. Esperemos que el Ministerio reconsidere su posición porque esto demanda un gasto enorme para nosotros”, añadió Lira, quien además expresó su confianza en la objetividad del juez asignado para el caso.
