Gran expectativa existe en torno a la resolución que en los próximos días deberá tomar el Tribunal Constitucional respecto de la legalidad de las tablas de riesgos que utilizan las Isapres para determinar el costo de los planes de salud.

Y es que más allá de la resolución legal, las aberraciones de un sistema de protección que, contrario a lo que debiera ser, castiga a las personas cuando más lo necesitan han dejado de manifiesto la necesidad de llevar a cabo cambios profundos.

Los puntos más controversiales tienen que ver con la discriminación que significa que las primas de las mujeres en edad fértil y de los adultos mayores sean significativamente más caras que las del resto de los afiliados y los cambios unilaterales que realizan estas empresas en los contratos toda vez que un usuario caiga dentro de los parámetros de riesgo.

Los números hablan por sí solos: las mujeres gastan un 167 por ciento más que los hombres entre los 30 y 34 años, por concepto de la maternidad, mientras que, sobre los 65 años, los hombres tienen planes de salud  64 por ciento más caros, en especial, si son mayores de 85. Lo mismo pasa en los niños menores de dos años.

Por lo mismo, no es sorpresa que cada vez que una persona afectada acude a la justicia por estas situaciones, las cortes fallan a su favor. De hecho, la petición para derogar el controversial artículo 38 de la Ley de Isapres, se basa justamente  en cinco resoluciones consecutivas del TC que obligaron a las compañías a mantener intactos los precios de sus planes.

Tanto los diputados que patrocinan la causa como los abogados ligados a estos procesos confían en que el artículo sea derogado, sin embargo, el escenario que se dibuja después de esta eventual modificación aún es incierto.

Una de las posibilidades que suenan fuerte en este sentido es la implementación de una tarifa plana promedio que se aplique a todos los afiliados por igual. El problema es que una gran cantidad de usuarios, en especial los más jóvenes y las familias con mayor número de cargas, podrían ver aumentado el costo de sus planes hasta un 130 por ciento, según señala un estudio de la consultora Altura Managment, especialista en análisis estratégico en el área de la salud.

De acuerdo a los expertos, el alza influiría directamente en un éxodo hacia Fonasa, lo que perjudicaría aún más el sistema. Además, con el envejecimiento progresivo de la población chilena, la mayoría de los afiliados ya está pasando a ser adulto mayor, condición que les impediría costear las primas que se impondrían.

Marcos Vergara,  académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile,  explica que “va a tomar tiempo estabilizar la tarifa plana porque en la medida en que va saliendo gente por abajo, su valor va subiendo. Van saliendo los menos costosos por abajo y, en consecuencia, los que van quedando hacen que la tarifa promedio sea más alta. Eso podría generar una estabilidad grande en el sistema durante un tiempo largo”.

Con tarifa plana o no, el presidente de la Corporación de Afiliados y Usuarios de Isapres, Pedro Barría, precisó que “bajo el imperio de la ley vigente, con todos los defectos que tenga, hay personas que adquirieron derechos. Si se establece un nuevo sistema y resulta más lesivo, la persona podría decir que no quiere que se apliquen los cambios porque, constitucionalmente tiene derecho a que se le respete las condiciones en que contrató  y no las que se van a modificar. Cualquier cambio que se haga estaría vigente para los afiliados que entran al sistema a partir de ahora, pero no a los demás, salvo que quieran acogerse a ello”.

No sólo de tarifas podría vivir el sistema

Para Barría el cambio es inminente y las alternativas diversas. “Podría haber un reemplazo de la tabla de factores por una que tuviera tramos más acotados o establecer planes de salud con un sistema de ahorro individual que cuando las personas sean más jóvenes, parte de lo que tienen que pagar y que no se utilice en gastos de salud, se vaya ahorrando para que se utilice en gastos de vejez”.

Idea compartida por el diputado PPD integrante de la comisión de Salud, Enrique Acorrsi, quien señala que el objetivo a lograr en los próximos años es la búsqueda del equilibrio. Esto porque, a su juicio, el actual sistema sólo está enfocado en la medicina curativa y no en una política preventiva.

El parlamentario indica que si existieran incentivos a la población para prevenir y enfrentar patologías, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad y el alcoholismo, el sistema de salud disminuiría considerablemente sus costos.

“Tenemos que sentarnos como sociedad y pensar qué tipo de medicina queremos para los próximos veinte años porque con el sistema que tenemos hoy- Fonasa, el aporte estatal y la medicina privada-, es imposible que podamos financiar lo que se nos viene en dos variables que son súper sencillas: el aumento de la expectativa de vida y la aparición de enfermedades más complejas que trae la edad. Con el financiamiento tal como está es imposible enfrentar los desafíos del futuro”.

Los cambios vienen con toda seguridad. Anticipándose a la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno ya anunció la elaboración de una Ley Corta de Isapres cuyo objetivo será, al menos por el momento, terminar con la evidente discriminación de la controversial Tabla de Riesgos.