Concertación acusa constitucionalmente a Intendenta de Atacama por exoneraciones políticas de funcionarios
Apuntando eventuales responsabilidades desde el ministerio del Interior, la oposición presentó una acusación constitucional en contra de la intendenta de Atacama y el gobernador de Copiapó por despedir a empleados públicos por razones políticas. Los parlamentarios señalaron que buscan terminar con los despidos masivos a través de “listas negras”, como las elaboradas en el norte del país.
Jueves 10 de junio 2010 15:44 hrs.
Las bancadas de la Concertación presentaron este jueves la primera acusación constitucional en contra de un funcionario de la administración de Sebastián Piñera por los despidos que se han sucedido en las diferentes reparticiones públicas.
Los acusados son la intendenta de la Región de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de la Provincia de Copiapó, Nicolás Noman, debido a un documento enviado el 26 de abril desde la repartición, en donde se les solicitó a los seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Consejo Nacional de Cultura entregar toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada institución.
El texto solicitaba de manera explícita entregar un organigrama con datos como la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
Según el diputado DC Aldo Cornejo, la información conseguida habría sido ocupada para desafectar a ciertos empleados. Además, recalcó que se trata de la primera acusación constitucional, pero “pudiera no ser la última en la medida en que las autoridades de este país continúen trasgrediendo la constitución política del Estado para cumplir el deleznable propósito de despedir funcionarios públicos”, aclaró.
El diputado PS Sergio Aguiló, en tanto, fue más allá, instalando la duda sobre la participación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ya que aunque no se tienen pruebas, la orden para obtener este tipo de información debió haber emanado de una jefatura superior.
“Se debió haber incluido al ministro Hinzpeter, pues la intendenta y el gobernador no pudieron haber actuado sino por instrucciones superiores. El hecho que los despidos masivos se hayan producido en varias reparticiones del país demuestra que hay una instrucción de la jefatura del gabinete, por tener un comportamiento relacionado a la exoneración por vinculaciones políticas”, denunció Aguiló.
Sin embargo, todas las acusaciones fueron rechazadas por el sector de la Alianza. De hecho, el diputado UDI Giovanni Calderón recalcó que “nunca se despidió a ningún funcionario en base a esta información. Está claro que esta acusación constitucional es el mayor bluff de la Concertación en toda la historia de las acusaciones constitucionales”, dijo.
Por su parte el diputado Patricio Meletero agregó que la acción no es más que un síntoma de lo “perdida” que está la oposición y que no existe posibilidad de que ésta prospere.
Las bancadas de la Concertación presentaron este jueves la primera acusación constitucional en contra de un funcionario de la administración de Sebastián Piñera por los despidos que se han sucedido en las diferentes reparticiones públicas.
Los acusados son la intendenta de la Región de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de la Provincia de Copiapó, Nicolás Noman, debido a un documento enviado el 26 de abril desde la repartición, en donde se les solicitó a los seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Consejo Nacional de Cultura entregar toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada institución.
El texto solicitaba de manera explícita entregar un organigrama con datos como la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
Según el diputado DC Aldo Cornejo, la información conseguida habría sido ocupada para desafectar a ciertos empleados. Además, recalcó que se trata de la primera acusación constitucional, pero “pudiera no ser la última en la medida en que las autoridades de este país continúen trasgrediendo la constitución política del Estado para cumplir el deleznable propósito de despedir funcionarios públicos”, aclaró.
El diputado PS Sergio Aguiló, en tanto, fue más allá, instalando la duda sobre la participación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ya que aunque no se tienen pruebas, la orden para obtener este tipo de información debió haber emanado de una jefatura superior.
“Se debió haber incluido al ministro Hinzpeter, pues la intendenta y el gobernador no pudieron haber actuado sino por instrucciones superiores. El hecho que los despidos masivos se hayan producido en varias reparticiones del país demuestra que hay una instrucción de la jefatura del gabinete, por tener un comportamiento relacionado a la exoneración por vinculaciones políticas”, denunció Aguiló.
Sin embargo, todas las acusaciones fueron rechazadas por el sector de la Alianza. De hecho, el diputado UDI Giovanni Calderón recalcó que “nunca se despidió a ningún funcionario en base a esta información. Está claro que esta acusación constitucional es el mayor bluff de la Concertación en toda la historia de las acusaciones constitucionales”, dijo.
Por su parte el diputado Patricio Meletero agregó que la acción no es más que un síntoma de lo “perdida” que está la oposición y que no existe posibilidad de que ésta prospere.
Las bancadas de la Concertación presentaron este jueves la primera acusación constitucional en contra de un funcionario de la administración de Sebastián Piñera por los despidos que se han sucedido en las diferentes reparticiones públicas.
Los acusados son la intendenta de la Región de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de la Provincia de Copiapó, Nicolás Noman, debido a un documento enviado el 26 de abril desde la repartición, en donde se les solicitó a los seremis regionales y a los directores de servicios provinciales como el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Consejo Nacional de Cultura entregar toda la información disponible sobre el personal de planta, a contrata y a honorarios de cada institución.
El texto solicitaba de manera explícita entregar un organigrama con datos como la militancia política de los trabajadores, años de servicio y su participación en sindicatos o en otras organizaciones sociales.
Según el diputado DC Aldo Cornejo, la información conseguida habría sido ocupada para desafectar a ciertos empleados. Además, recalcó que se trata de la primera acusación constitucional, pero “pudiera no ser la última en la medida en que las autoridades de este país continúen trasgrediendo la constitución política del Estado para cumplir el deleznable propósito de despedir funcionarios públicos”, aclaró.
El diputado PS Sergio Aguiló, en tanto, fue más allá, instalando la duda sobre la participación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ya que aunque no se tienen pruebas, la orden para obtener este tipo de información debió haber emanado de una jefatura superior.
“Se debió haber incluido al ministro Hinzpeter, pues la intendenta y el gobernador no pudieron haber actuado sino por instrucciones superiores. El hecho que los despidos masivos se hayan producido en varias reparticiones del país demuestra que hay una instrucción de la jefatura del gabinete, por tener un comportamiento relacionado a la exoneración por vinculaciones políticas”, denunció Aguiló.
Sin embargo, todas las acusaciones fueron rechazadas por el sector de la Alianza. De hecho, el diputado UDI Giovanni Calderón recalcó que “nunca se despidió a ningún funcionario en base a esta información. Está claro que esta acusación constitucional es el mayor bluff de la Concertación en toda la historia de las acusaciones constitucionales”, dijo.
Por su parte el diputado Patricio Meletero agregó que la acción no es más que un síntoma de lo “perdida” que está la oposición y que no existe posibilidad de que ésta prospere.
