El mal manejo en la política habitacional no es un secreto para nadie. Incluso el  Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal por la construcción irregular de viviendas sociales en la comuna de El Quisco, que implicó mil 700 millones de pesos defraudados en el Gobierno Regional de Valparaíso a través de la sobrevaloración de terrenos.

Ante esto, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fue el martes a Valparaíso a instruir a la Serviu de esa región para que presente una querella  y se entrevistó con el fiscal para poner a su disposición toda la información que se requiera para aclarar el caso.

“Esto es un gran escándalo, una vergüenza pública y algo que no podemos tolerar porque robarle la plata a la gente más vulnerable de este país es una vergüenza. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto y en fiscalizar y ser muy riguroso a quién le vamos a entregar los subsidios del Fondo Solidario I”, dijo a Radio Universidad de Chile la secretaria de Estado.

Pero esto se suma además al “escándalo” en los subsidios solidarios, que se otorgaban a personas de escasos recursos y que desde el año pasado se dejaron de entregar. De hecho, hasta el momento, sólo en la Región Metropolitana hay cerca de diez mil familias que no han recibido este beneficio, que tienen pendiente desde el 2008.

La ministra Matte aclaró que estas “carpetas fueron recepcionadas por el Serviu hasta julio de 2009 y tenía un plazo de treinta días para avisarle a las EGIS y a las personas que esperaban subsidios que no habían recursos, y eso no se hizo y nosotros nos encontramos con esta terrible herencia de que no se hizo el trabajo”.

La titular de Vivienda explicó además que de esas diez mil postulaciones, hay seis mil que están incompletas, por lo que las carpetas deberían haber sido devueltas a las familias.

Situación que para Sergio Almarza, gerente general de la EGIS Red Almarza, se explica por un mal manejo de los recursos de la administración anterior.

“La señora Poblete provocó un retroceso en materia de viviendas cuando decidió trasladar las platas a las empresas constructoras, entregándoles prácticamente el manejo de las políticas habitacionales y en el fondo bajando el subsidio de los pobres para entregar nuevos  subsidios de 80 mil dólares para gente de la clase media, perjudicando a muchas  familias que aún no reciben el beneficio”, dijo el gerente.

Sergio Almarza estuvo nueve días en huelga de hambre para presionar al gobierno a cumplir con el dictamen de la Contraloría General de la República que determinó, el pasado 23 de abril, que el ministerio de Vivienda tenía que entregar los más de 10 mil subsidios de Fondo Solidario I pendientes.

Sin embargo, el ministerio dijo “no tener recursos” por lo que apeló nuevamente a la Contraloría. Entidad fiscalizadora que deberá realizar una nueva auditoría  y revisar el dictamen ya emitido. Al respecto, Almarza dijo sentirse sorprendido con la respuesta ya que a su juicio “se está violando la ley de Procedimiento Administrativo, y la Contraloría nos encontró al razón diciendo que efectivamente Serviu cometió  infracción legal. La sorpresa vino cuando la ministra Matte en vez de cumplir con la ley argumenta que el problema es de la administración anterior, lavándose las manos  cuando el Estado es uno solo”,  denunció Almarza.

El encargado de la EGIS red Almarza evidenció además que hasta la fecha no se han abierto nuevas postulaciones a viviendas sociales usadas, pero sí de viviendas nuevas asociadas a constructoras como Maestra. Realidad que fue comprobada por Radio Universidad de Chile.

Subsidios mal entregados

Los problemas en materia de vivienda suman y siguen. A las largas listas de espera en el Fondo Solidario se agrega la denuncia de la ministra Matte de graves irregularidades en la entrega de subsidios solidarios en la región del Maule. Situación que también la llevó hasta la fiscalía a solicitar que indague la  entrega de una mil 200 casas que permanecen vacías.

“Vamos a perseguir el caso hasta las últimas consecuencias porque no es razonable que se haya entregado el subsidio a personas que no lo necesitaban, y se haya hecho de esto un negocio, cuando es un beneficio para uso exclusivo de personas en situación vulnerable”, aseveró la secretaria de Estado.

El Fondo Solidario I entrega un subsidio estatal de 650 UF y un aporte de las familias que postulan de 10 UF. Impidiéndose la venta o arriendo del inmueble antes de cinco años. Pero existe un punto importante, ya que si la vivienda recibe un aporte del fisco adicional de 280 UF por concepto de localización, el inmueble sólo puede ser vendido o arrendado  después de 15 años desde el día en que fue adquirido.
Si una familia arrienda o vende su casa antes del tiempo estipulado por la ley, se comete el delito de fraude al Fisco.

Sin embargo, la titular de Vivienda informó que, pese a que hay cientos de personas que esperan un subsidio, tan sólo en Talca hay decenas de casas obtenidas a través de este beneficio social que están arrendadas o prestadas. “Esas personas no eran las más vulnerables”, concluye.
A raíz de estos antecedentes se está realizando una estricta fiscalización nacional en todas las oficinales regionales del Serviu para detectar si hay otras situaciones similares en casos de asignación de subsidio solidario.