Resulta paradójico que en su rol de Presidente de la República, Sebastián Piñera, sea el patrono de la Universidad de Chile, es decir, quien la cuide, ampare y proteja; y al mismo tiempo esté a la cabeza de una reforma universitaria que podría significar el fin de las universidades públicas tal como las conocemos.

Paradójico, pues el actual rector de la casa de estudios, Víctor Pérez, quien este miércoles asume un nuevo período liderando el plantel,  ha sido el principal impulsor de establecer un Nuevo Trato entre el Estado con sus universidades, una institucionalidad que preserve el carácter público y  la calidad de las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

Todo lo contrario a las medidas que dio a conocer el nuevo jefe de  la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, sobre la reforma universitaria que quiere instituir el nuevo gobierno y de las cuales radio.uchile.cl analizó  las tres propuestas más polémicas.

Nueva Institucionalidad

Actualmente el sistema está integrado por tres tipos de universidades, según su régimen jurídico, acceso a los aportes del Estado y propiedad: Estatales, Particulares de Carácter Público y Privadas. Las dos primeras forman parte del Cruch son llamadas “tradicionales”.

Sin embargo, el nuevo gobierno ha señalado que dentro de 45 días se convocará una nueva institucionalidad en Educación Superior que se dividirá en dos entidades. Por un parte, se agrupará a las instituciones que otorgan educación terciaria, como los Institutos y Centros de Formación Técnica; mientras que por otra, se agrupará a todas las universidades, ya sean privadas o tradicionales.

La nueva institucionalidad, por ende, iguala al sistema público con el privado, lo que no sólo se trata de una distinción nominal, sino una clasificación que influirá en el financiamiento estatal y en la obtención de becas y créditos.

Para  el investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), Mario Sobarzo, con esta medida se termina de privatizar el sistema  público de educación superior, tarea que habría iniciado la Concertación.

“Con esto se termina por privatizar el sistema público, esto es lo que faltaba finalmente después de todas las políticas de la Concertación que  igualaban y destruían la educación universitaria  que conocemos. Lejos de lo que ocurre en Latinoamérica, donde la universidad es universal, entran todos los estudiantes a las universidad pública”, señaló el especisalista.

Financiamiento a través de fondos concursables

Hoy el financiamiento estatal de las instituciones de Educación Superior se puede reducir al Aporte Fiscal Directo (AFD), al Aporte Fiscal Indirecto (AFI)  y los fondos concursables.

El AFD es otorgado a las 25 Ues pertenecientes al Consejo de Rectores, siendo de libre disposición por cada institución. El AFI, en tanto, se distribuye en relación a tramos de los 27 mil 500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria  que logren captar individualmente el total de los planteles; mientras, los fondos concursables se asignan en un 5 por ciento según el desempeño en investigación y en un 95  por ciento por criterios históricos.

No obstante, con la propuesta del gobierno el financiamiento se limitará solo a los fondos concursables a través de convenios de desempeño, por los que tendrán que competir todas las universidades. La medida, a juicio del sociólogo Alberto Mayol, “es el fin del financiamiento para las universidades públicas, se va acabar el financiamiento directo, porque efectivamente al homologar a todas las universidades y entrar en competencia perfecta, todas las universidades van a concursar a todos los fondos”.

Sistema único de Becas y Créditos

Se plantea desarrollar un sistema único para las becas y créditos, donde utilizando el criterio de la homologación del sistema privado y público, todos los estudiantes puedan acceder por igual a ellos, sin importar de qué institución provengan.

Con ello, becas como la Bicententario, que financia  a los estudiantes de escasos recursos que ingresan a las universidades del Consejo de Rectores, premiando su calidad académica, se terminarían. Lo mismo sucedería con  el Crédito Solidario, que también es sólo para estudiantes del Cruch, y que mantiene una tasa de interés del 2 por ciento; a diferencia del Crédito con Aval del Estado, cuyas tasas oscilan entre el 5 y el 6 por ciento y cuya administración las tienen instituciones bancarias. De esta manera, todos los créditos para estudiar se otorgarían desde el ámbito privado.

Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Julio Sarmiento, la eventual reforma al sistema universitario, en vez de potenciar la calidad de las universidades tradicionales “va a significar la destrucción  total de la educación pública. Financiar a las universidades de igual manera sin tener la consideración sobre  el carácter de su propiedad, crear una institucionalidad que tampoco considere esto como fundamente, significa que en Chile dejamos de tener universidades públicas”.

Por lo visto, atrás quedaron las promesas de campaña de Sebastián Piñera, quien luego de reunión con el Consejo de Rectores, antes de llegar a La Moneda, afirmaba: “Las Universidades Públicas van a tener un nuevo trato que se va a traducir en mayores aportes de recursos públicos, porque Chile está sub invirtiendo en Educación Superior”.