Hace unos días, la prensa internacional ha informado sobre una campaña iniciada por el archimillonario Bill Gates, creador de Microsoft, destinada a estimular la filantropía entre los empresarios más ricos del mundo, promoviendo la idea que donen -en vida- hasta el 50 por ciento de sus fortunas para la materialización de proyectos educacionales, salud, científico-técnicos o culturales “no rentables”, de mayor riesgo o rentabilidad social de largo plazo. Demás está recordar que Gates posee algo así como 50 mil millones de dólares de patrimonio propio –un tercio del PIB chileno- y que entre sus gustos está el haber adquirido algunos códices de Leonardo da Vinci en más de 30 millones de dólares. Asimismo, que este verdadero Ford de la nueva sociedad de la información es el segundo hombre más rico del mundo, tras el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, Telmex y Claro, en Chile.

En paralelo, se ha informado que el actual Gobierno está analizando críticamente el financiamiento público de ONG culturales, políticas y de derechos humanos por casi 81 mil millones de pesos –unos 153 millones de dólares- realizado por el anterior Ejecutivo, dineros que fueron entregados a fundaciones como Teatro a Mil, Matucana 100, Fundaciones Violeta Parra o Salvador Allende, Codepu, o los museos de La Moneda y el MIM.

Por otro lado, en el Congreso se ha trabado una polémica oficialismo-oposición por el financiamiento de la reconstrucción del patrimonio de miles de chilenos que lo perdieron todo, en la que unos promueven aumentos tributarios temporales y otros, permanentes a las empresas, no tanto por falta de recursos -Chile tiene ahorros por más de 20 mil millones de dólares en el exterior-, sino por cuestiones de equilibrio macroeconómico. Los volúmenes para este proceso de asistencia superan los 8 mil millones de dólares.

¿Cuál es la relación entre hechos tan aparentemente alejados? Que se mueven en un ámbito poco discutido y que se conoce como tercer sector o economía social, es decir, aquella actividad que no está directamente vinculada a la gestión del aparato estatal, ni del  mercado capitalista. En pocas palabras, la acción que desarrollan sectores ciudadanos con recursos cuyo origen puede ser público o privado, pero que se invierte en tareas cuya rentabilidad de mercado es discutible.

En efecto, el mercado es vulgar. Los bienes y servicios que son rentables suelen ser aquellos que el mercado acepta masivamente o los que, por su exclusividad y teniendo demanda mínima, tienen una con gran poder adquisitivo. El pintor Vincent van Gogh no vendió un solo cuadro en vida. Dos generaciones después, sus obras se valoran en millones de dólares. Muchos avances científicos han dormido años en escritorios de desconocidos innovadores porque no hay “madurez” de mercado para ellos. Los bancos, entidades capitalistas especializadas en el financiamiento y medición de riesgo, no pueden cumplir esta tarea. Deben generar rentabilidad segura para sus ahorrantes, accionistas y hasta para sus administradores. Pero sin Hogar de Cristo o Techo para Chile, el peso de la miseria de los atendidos por esas obras, caería de bruces sobre el Estado.

¿Cuál es la lección? Parece que hay muchas áreas en las que la racionalidad económica del capital, es decir, la renta, no funciona. Buena parte del arte, la política, la investigación científica y cultural opera fuera de la lógica de la ganancia económica inmediata. El tercer sector sigue siendo una deuda pendiente en un Chile cada vez más enceguecido por una eficiencia de corto plazo que corta alas a miles de innovadores científicos, artísticos, políticos o culturales. ¿Estarán nuestros millonarios dispuestos a correr los riesgos de esos históricos mecenas del Renacimiento? Si así no fuera, ¿tendrá el Estado que hacerse cargo de todo? Y si el Estado no lo hiciera ¿no estaremos corriendo el riesgo de esa fea estética de transformarnos en una nación de eficaces incultos con plata?