A cuatro años de la promulgación de la ley que creó el impuesto específico a la minería, más conocido como royalty, sólo un 18 por ciento de los recursos recaudados por esta vía se han destinado al desarrollo de la innovación en el país.
De acuerdo a cifras del Consejo Minero, desde el 2006 al 2006 se han tributado más de 3000 millones de dólares por concepto de royalty, de los cuales sólo 570 millones de dólares se han reservado para innovación.
Si bien el objetivo político de la iniciativa era destinar parte importante de estos tributos al Fondo para la Innovación y la Competitividad, el texto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Ricardo Lagos no estableció una relación directa entre el desarrollo de investigación y el gravamen que pagan las cupreras y que asciende a un 5 por ciento sobre sus ganancias.
El presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, explicó que según los preceptos de la Constitución Política el royalty minero, al ser un tributo, no puede destinarse a un fin determinado, por lo que entra al tesoro público como un ingreso adicional.
Para zanjar esta controversia, el director del Centro de Estudios del Cobre, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que la autoridad debería precisar el gasto de los dineros recaudados por el sistema tributario en una estrategia de innovación más ambiciosa, o bien sincerar el uso flexible de los recursos en el erario nacional.
A juicio del presidente de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología del Senado, Jaime Orpis, el país necesita una institucionalidad exclusiva para el desarrollo de innovación, que dé preferencia a las regiones mineras respecto de la distribución de los recursos obtenidos por el royalty.
Según cifras del ministerio de Economía, la Ley de Presupuesto asignó para este año cerca de 220 millone de dólares al programa del Fondo de Innovación para la Competitividad, un 8,9 por ciento respecto de los recursos entregados durante el 2009.
A cuatro años de la promulgación de la ley que creó el impuesto específico a la minería, más conocido como royalty, sólo un 18 por ciento de los recursos recaudados por esta vía se han destinado al desarrollo de la innovación en el país.
De acuerdo a cifras del Consejo Minero, desde el 2006 al 2006 se han tributado más de 3000 millones de dólares por concepto de royalty, de los cuales sólo 570 millones de dólares se han reservado para innovación.
Si bien el objetivo político de la iniciativa era destinar parte importante de estos tributos al Fondo para la Innovación y la Competitividad, el texto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Ricardo Lagos no estableció una relación directa entre el desarrollo de investigación y el gravamen que pagan las cupreras y que asciende a un 5 por ciento sobre sus ganancias.
El presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, explicó que según los preceptos de la Constitución Política el royalty minero, al ser un tributo, no puede destinarse a un fin determinado, por lo que entra al tesoro público como un ingreso adicional.
Para zanjar esta controversia, el director del Centro de Estudios del Cobre, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que la autoridad debería precisar el gasto de los dineros recaudados por el sistema tributario en una estrategia de innovación más ambiciosa, o bien sincerar el uso flexible de los recursos en el erario nacional.
A juicio del presidente de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología del Senado, Jaime Orpis, el país necesita una institucionalidad exclusiva para el desarrollo de innovación, que dé preferencia a las regiones mineras respecto de la distribución de los recursos obtenidos por el royalty.
Según cifras del ministerio de Economía, la Ley de Presupuesto asignó para este año cerca de 220 millone de dólares al programa del Fondo de Innovación para la Competitividad, un 8,9 por ciento respecto de los recursos entregados durante el 2009.
A cuatro años de la promulgación de la ley que creó el impuesto específico a la minería, más conocido como royalty, sólo un 18 por ciento de los recursos recaudados por esta vía se han destinado al desarrollo de la innovación en el país.
De acuerdo a cifras del Consejo Minero, desde el 2006 al 2006 se han tributado más de 3000 millones de dólares por concepto de royalty, de los cuales sólo 570 millones de dólares se han reservado para innovación.
Si bien el objetivo político de la iniciativa era destinar parte importante de estos tributos al Fondo para la Innovación y la Competitividad, el texto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Ricardo Lagos no estableció una relación directa entre el desarrollo de investigación y el gravamen que pagan las cupreras y que asciende a un 5 por ciento sobre sus ganancias.
El presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, explicó que según los preceptos de la Constitución Política el royalty minero, al ser un tributo, no puede destinarse a un fin determinado, por lo que entra al tesoro público como un ingreso adicional.
Para zanjar esta controversia, el director del Centro de Estudios del Cobre, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que la autoridad debería precisar el gasto de los dineros recaudados por el sistema tributario en una estrategia de innovación más ambiciosa, o bien sincerar el uso flexible de los recursos en el erario nacional.
A juicio del presidente de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología del Senado, Jaime Orpis, el país necesita una institucionalidad exclusiva para el desarrollo de innovación, que dé preferencia a las regiones mineras respecto de la distribución de los recursos obtenidos por el royalty.
Según cifras del ministerio de Economía, la Ley de Presupuesto asignó para este año cerca de 220 millone de dólares al programa del Fondo de Innovación para la Competitividad, un 8,9 por ciento respecto de los recursos entregados durante el 2009.
