Comisión Contra la Tortura instala Agenda Bicentenario de Derechos Humanos
En su Informe 2010, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), planteó la necesidad de instalar en el país una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que incluye 60 propuestas en base a ocho temas claves: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
Viernes 25 de junio 2010 17:32 hrs.
En su Informe 2010, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), planteó la necesidad de instalar en el país una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que incluye 60 propuestas en base a ocho temas claves: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
En un documento de la Comisión dado a conocer en estos días, se señala que “resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, la cual, contemplando acciones concretas y efectivas, marque un hito en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia”. Añade que “este hito debe estar centrado en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas”.
Medio centenar de organizaciones ya adhirieron a esta Agenda Bicentenario de Derechos Humanos, entre las que se cuentan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana, Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, Capítulo Chile del Ombudsman, Cátedra Unesco, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Coalición Chilena por la Diversidad Cultural, Comisión Funa, Codepu, Corporación Humanas, Flacso, Fasic, Pidee, Fundación Laura Rodríguez, Movilh, Observatorio Ciudadano, Red Contra la Violencia Doméstica y Sexual y Revista Cáñamo.
La idea es que el conjunto de temas y propuestas sean asumidos por el Estado de Chile y que se establezca un compromiso nacional en torno de ésta agenda Bicentenario.
Entre las propuestas destacan dejar sin efecto la Ley de Amnistía decretada en 1978 por la dictadura y que beneficia a violadores de los derechos humanos, cumplir con los estándares internacionales y firmar todos los tratados mundiales en materia de DD.HH., tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, modificar el Código de Justicia Militar para que no sean procesados civiles en ese ámbito, elaborar un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, tener la figura de Ombudsperson, tomar medidas para detener abusos de policías contra grupos vulnerables, combatir institucionalmente todo forma de discriminación, prestar atención a la situación de violencia contra las mujeres, mejorar la Ley de Violencia Intrafamiliar, aprobar ley de migración y refugio en Chile, dotar de más recursos y mejores condiciones al Servicio Nacional de Menores, respetar y reforzar todos los derechos de los pueblos originarios, mejorar las condiciones en las cárceles, entre otras.
En el tema “democracia y participación”, la Agenda Bicentenario de Derechos Humanos fija como iniciativas la elección democrática de intendentes y gobernadores, formación de cabildos comunales, garantizar el derecho a la información, modificar el sistema electoral binominal, reconocer la “objeción de conciencia” e incorporar la materia de derechos humanos en el sistema educativo.
El documento de la Comisión Ética Contra la Tortura, señala que “la cercanía del Bicentenario de la Independencia de Chile, debiera motivar a la sociedad a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona que vive en el país se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
Denuncia de represión
De hecho, la entidad plantea duras críticas a situaciones que prevalecen en el país, como la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada del régimen militar y represión a sectores ciudadanos.
La declaración de la Comisión Ética, en una mirada global, sostiene que el “sistema sociopolítico (existente en Chile), excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población” y “recurre a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche”.
Específicamente plantea que al pueblo mapuche se le aplica la Ley Antiterrorista, que hay 36 presos políticos mapuche y que no se cumple la recomendación del Relator Especial de las Naciones Unidas, Roberto Stavenhagen, en cuanto a que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.
El Informe de la CECT cuestiona también lo sucedido con la videista Elena Varela, quien “ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos”.
Y hace referencia al caso del escritor y músico vasco, Azel Luzuriaga, a quien se le aplicó la Ley Antiterrorista por sospecha de que tenía que ver con colocación de explosivos.
La Comisión Ética Contra la Tortura está integrada, entre otras agrupaciones, por Amnistía Internacional, Servicio Paz y Justicia, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.
En su Informe 2010, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), planteó la necesidad de instalar en el país una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que incluye 60 propuestas en base a ocho temas claves: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
En un documento de la Comisión dado a conocer en estos días, se señala que “resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, la cual, contemplando acciones concretas y efectivas, marque un hito en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia”. Añade que “este hito debe estar centrado en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas”.
Medio centenar de organizaciones ya adhirieron a esta Agenda Bicentenario de Derechos Humanos, entre las que se cuentan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana, Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, Capítulo Chile del Ombudsman, Cátedra Unesco, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Coalición Chilena por la Diversidad Cultural, Comisión Funa, Codepu, Corporación Humanas, Flacso, Fasic, Pidee, Fundación Laura Rodríguez, Movilh, Observatorio Ciudadano, Red Contra la Violencia Doméstica y Sexual y Revista Cáñamo.
La idea es que el conjunto de temas y propuestas sean asumidos por el Estado de Chile y que se establezca un compromiso nacional en torno de ésta agenda Bicentenario.
Entre las propuestas destacan dejar sin efecto la Ley de Amnistía decretada en 1978 por la dictadura y que beneficia a violadores de los derechos humanos, cumplir con los estándares internacionales y firmar todos los tratados mundiales en materia de DD.HH., tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, modificar el Código de Justicia Militar para que no sean procesados civiles en ese ámbito, elaborar un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, tener la figura de Ombudsperson, tomar medidas para detener abusos de policías contra grupos vulnerables, combatir institucionalmente todo forma de discriminación, prestar atención a la situación de violencia contra las mujeres, mejorar la Ley de Violencia Intrafamiliar, aprobar ley de migración y refugio en Chile, dotar de más recursos y mejores condiciones al Servicio Nacional de Menores, respetar y reforzar todos los derechos de los pueblos originarios, mejorar las condiciones en las cárceles, entre otras.
En el tema “democracia y participación”, la Agenda Bicentenario de Derechos Humanos fija como iniciativas la elección democrática de intendentes y gobernadores, formación de cabildos comunales, garantizar el derecho a la información, modificar el sistema electoral binominal, reconocer la “objeción de conciencia” e incorporar la materia de derechos humanos en el sistema educativo.
El documento de la Comisión Ética Contra la Tortura, señala que “la cercanía del Bicentenario de la Independencia de Chile, debiera motivar a la sociedad a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona que vive en el país se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
Denuncia de represión
De hecho, la entidad plantea duras críticas a situaciones que prevalecen en el país, como la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada del régimen militar y represión a sectores ciudadanos.
La declaración de la Comisión Ética, en una mirada global, sostiene que el “sistema sociopolítico (existente en Chile), excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población” y “recurre a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche”.
Específicamente plantea que al pueblo mapuche se le aplica la Ley Antiterrorista, que hay 36 presos políticos mapuche y que no se cumple la recomendación del Relator Especial de las Naciones Unidas, Roberto Stavenhagen, en cuanto a que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.
El Informe de la CECT cuestiona también lo sucedido con la videista Elena Varela, quien “ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos”.
Y hace referencia al caso del escritor y músico vasco, Azel Luzuriaga, a quien se le aplicó la Ley Antiterrorista por sospecha de que tenía que ver con colocación de explosivos.
La Comisión Ética Contra la Tortura está integrada, entre otras agrupaciones, por Amnistía Internacional, Servicio Paz y Justicia, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.
En su Informe 2010, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), planteó la necesidad de instalar en el país una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que incluye 60 propuestas en base a ocho temas claves: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
En un documento de la Comisión dado a conocer en estos días, se señala que “resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, la cual, contemplando acciones concretas y efectivas, marque un hito en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia”. Añade que “este hito debe estar centrado en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas”.
Medio centenar de organizaciones ya adhirieron a esta Agenda Bicentenario de Derechos Humanos, entre las que se cuentan la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana, Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, Capítulo Chile del Ombudsman, Cátedra Unesco, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Coalición Chilena por la Diversidad Cultural, Comisión Funa, Codepu, Corporación Humanas, Flacso, Fasic, Pidee, Fundación Laura Rodríguez, Movilh, Observatorio Ciudadano, Red Contra la Violencia Doméstica y Sexual y Revista Cáñamo.
La idea es que el conjunto de temas y propuestas sean asumidos por el Estado de Chile y que se establezca un compromiso nacional en torno de ésta agenda Bicentenario.
Entre las propuestas destacan dejar sin efecto la Ley de Amnistía decretada en 1978 por la dictadura y que beneficia a violadores de los derechos humanos, cumplir con los estándares internacionales y firmar todos los tratados mundiales en materia de DD.HH., tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, modificar el Código de Justicia Militar para que no sean procesados civiles en ese ámbito, elaborar un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, tener la figura de Ombudsperson, tomar medidas para detener abusos de policías contra grupos vulnerables, combatir institucionalmente todo forma de discriminación, prestar atención a la situación de violencia contra las mujeres, mejorar la Ley de Violencia Intrafamiliar, aprobar ley de migración y refugio en Chile, dotar de más recursos y mejores condiciones al Servicio Nacional de Menores, respetar y reforzar todos los derechos de los pueblos originarios, mejorar las condiciones en las cárceles, entre otras.
En el tema “democracia y participación”, la Agenda Bicentenario de Derechos Humanos fija como iniciativas la elección democrática de intendentes y gobernadores, formación de cabildos comunales, garantizar el derecho a la información, modificar el sistema electoral binominal, reconocer la “objeción de conciencia” e incorporar la materia de derechos humanos en el sistema educativo.
El documento de la Comisión Ética Contra la Tortura, señala que “la cercanía del Bicentenario de la Independencia de Chile, debiera motivar a la sociedad a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona que vive en el país se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
Denuncia de represión
De hecho, la entidad plantea duras críticas a situaciones que prevalecen en el país, como la aplicación de la Ley Antiterrorista heredada del régimen militar y represión a sectores ciudadanos.
La declaración de la Comisión Ética, en una mirada global, sostiene que el “sistema sociopolítico (existente en Chile), excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población” y “recurre a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche”.
Específicamente plantea que al pueblo mapuche se le aplica la Ley Antiterrorista, que hay 36 presos políticos mapuche y que no se cumple la recomendación del Relator Especial de las Naciones Unidas, Roberto Stavenhagen, en cuanto a que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”.
El Informe de la CECT cuestiona también lo sucedido con la videista Elena Varela, quien “ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos”.
Y hace referencia al caso del escritor y músico vasco, Azel Luzuriaga, a quien se le aplicó la Ley Antiterrorista por sospecha de que tenía que ver con colocación de explosivos.
La Comisión Ética Contra la Tortura está integrada, entre otras agrupaciones, por Amnistía Internacional, Servicio Paz y Justicia, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.
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