Comisión que indaga acusación contra intendenta de Atacama niega citar a ministro del Interior
Después de escuchar a los funcionarios públicos, la comisión parlamentaria que estudia la acusación constitucional en contra de la Intendenta de Atacama y el Gobernador de Copiapó rechazó citar a la instancia al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para declarar sobre el oficio que pedía información de la militancia política de los funcionarios.
Miércoles 30 de junio 2010 10:30 hrs.
Los funcionarios públicos tuvieron la oportunidad de presentar sus antecedentes sobre los hechos que rodearon la circulación de un oficio emanado desde la Intendencia en el que se pedía información como la militancia política de quienes trabajan en esa repartición.
El presidente de ANEF Atacama, Luis Santoni, indicó a la comisión parlamentaria que cuando participaron en una reunión con la intendenta Ximena Matas el 30 de abril pasado ella aseguró no conocer la existencia de dicho oficio.
Después de solicitar una investigación en torno al origen y finalidad del oficio, la Intendenta no respondió, pero sí hizo circular un nuevo oficio sin el logo de la repartición y sin firmas, en el que corregía lo anterior y no pedía información personal sobre los funcionarios, según indicó Santoni.
“Ella desconocía que ese oficio se había enviado y lo extraño de esto es que ella ese mismo día llamaba a reunión con esta información a los Seremi de la región. Además los documentos que se nos entregan no vienen con el logotipo del gobierno, ni tampoco el timbre del gobierno, pero hay otro documento que sí está timbrado y con el logotipo del gobierno. No se hizo el mismo día, hay una diferencia de 12 a 14 oficios entre uno y otro”, señaló el dirigente.
Para el presidente nacional de ANEF, Raúl de la Puente, los antecedentes presentan un “hecho grave” que violaría la Constitución, pues atentaría “contra la libertad de conciencia de los trabajadores públicos”.
De la Puente también indicó que existió abuso de poder por parte de la autoridad, pues se usaron horas de trabajo y recursos públicos para citar a una reunión con fines políticos, lo que va en contra del estatuto administrativo, por lo que además se presentó una solicitud de investigación a la Contraloría.
“Ella está cometiendo una doble falta con la Constitución Política y con el Estatuto Administrativo, y por lo tanto, hemos planteado que ella debe ser acusada formalmente por inconstitucionalidad en su trabajo y también hemos solicitado a la Contraloría General que intervenga en atención de que también se ha faltado al artículo 84 del Estatuto Administrativo que dice que las personas no pueden hacer política partidista dentro de su horario de trabajo y con recursos del Estado”, enfatizó el líder de los empleados públicos. .
La postura de la ANEF contrasta con la de los funcionarios del Gobierno Regional de Atacama que, en voz de su presidente, Elson Galleguillos, afirmaron ante la comisión no haber recibido ningún reclamo formal ni por el controvertido oficio ni por supuesta persecución política.
Los funcionarios públicos tuvieron la oportunidad de presentar sus antecedentes sobre los hechos que rodearon la circulación de un oficio emanado desde la Intendencia en el que se pedía información como la militancia política de quienes trabajan en esa repartición.
El presidente de ANEF Atacama, Luis Santoni, indicó a la comisión parlamentaria que cuando participaron en una reunión con la intendenta Ximena Matas el 30 de abril pasado ella aseguró no conocer la existencia de dicho oficio.
Después de solicitar una investigación en torno al origen y finalidad del oficio, la Intendenta no respondió, pero sí hizo circular un nuevo oficio sin el logo de la repartición y sin firmas, en el que corregía lo anterior y no pedía información personal sobre los funcionarios, según indicó Santoni.
“Ella desconocía que ese oficio se había enviado y lo extraño de esto es que ella ese mismo día llamaba a reunión con esta información a los Seremi de la región. Además los documentos que se nos entregan no vienen con el logotipo del gobierno, ni tampoco el timbre del gobierno, pero hay otro documento que sí está timbrado y con el logotipo del gobierno. No se hizo el mismo día, hay una diferencia de 12 a 14 oficios entre uno y otro”, señaló el dirigente.
Para el presidente nacional de ANEF, Raúl de la Puente, los antecedentes presentan un “hecho grave” que violaría la Constitución, pues atentaría “contra la libertad de conciencia de los trabajadores públicos”.
De la Puente también indicó que existió abuso de poder por parte de la autoridad, pues se usaron horas de trabajo y recursos públicos para citar a una reunión con fines políticos, lo que va en contra del estatuto administrativo, por lo que además se presentó una solicitud de investigación a la Contraloría.
“Ella está cometiendo una doble falta con la Constitución Política y con el Estatuto Administrativo, y por lo tanto, hemos planteado que ella debe ser acusada formalmente por inconstitucionalidad en su trabajo y también hemos solicitado a la Contraloría General que intervenga en atención de que también se ha faltado al artículo 84 del Estatuto Administrativo que dice que las personas no pueden hacer política partidista dentro de su horario de trabajo y con recursos del Estado”, enfatizó el líder de los empleados públicos. .
La postura de la ANEF contrasta con la de los funcionarios del Gobierno Regional de Atacama que, en voz de su presidente, Elson Galleguillos, afirmaron ante la comisión no haber recibido ningún reclamo formal ni por el controvertido oficio ni por supuesta persecución política.
Los funcionarios públicos tuvieron la oportunidad de presentar sus antecedentes sobre los hechos que rodearon la circulación de un oficio emanado desde la Intendencia en el que se pedía información como la militancia política de quienes trabajan en esa repartición.
El presidente de ANEF Atacama, Luis Santoni, indicó a la comisión parlamentaria que cuando participaron en una reunión con la intendenta Ximena Matas el 30 de abril pasado ella aseguró no conocer la existencia de dicho oficio.
Después de solicitar una investigación en torno al origen y finalidad del oficio, la Intendenta no respondió, pero sí hizo circular un nuevo oficio sin el logo de la repartición y sin firmas, en el que corregía lo anterior y no pedía información personal sobre los funcionarios, según indicó Santoni.
“Ella desconocía que ese oficio se había enviado y lo extraño de esto es que ella ese mismo día llamaba a reunión con esta información a los Seremi de la región. Además los documentos que se nos entregan no vienen con el logotipo del gobierno, ni tampoco el timbre del gobierno, pero hay otro documento que sí está timbrado y con el logotipo del gobierno. No se hizo el mismo día, hay una diferencia de 12 a 14 oficios entre uno y otro”, señaló el dirigente.
Para el presidente nacional de ANEF, Raúl de la Puente, los antecedentes presentan un “hecho grave” que violaría la Constitución, pues atentaría “contra la libertad de conciencia de los trabajadores públicos”.
De la Puente también indicó que existió abuso de poder por parte de la autoridad, pues se usaron horas de trabajo y recursos públicos para citar a una reunión con fines políticos, lo que va en contra del estatuto administrativo, por lo que además se presentó una solicitud de investigación a la Contraloría.
“Ella está cometiendo una doble falta con la Constitución Política y con el Estatuto Administrativo, y por lo tanto, hemos planteado que ella debe ser acusada formalmente por inconstitucionalidad en su trabajo y también hemos solicitado a la Contraloría General que intervenga en atención de que también se ha faltado al artículo 84 del Estatuto Administrativo que dice que las personas no pueden hacer política partidista dentro de su horario de trabajo y con recursos del Estado”, enfatizó el líder de los empleados públicos. .
La postura de la ANEF contrasta con la de los funcionarios del Gobierno Regional de Atacama que, en voz de su presidente, Elson Galleguillos, afirmaron ante la comisión no haber recibido ningún reclamo formal ni por el controvertido oficio ni por supuesta persecución política.
