Por segunda vez, los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior solicitan indagaciones judiciales en contra de funcionarios del Gobierno.
Anteriormente, el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, fue llamado a declarar como testigo en el caso Víctor Jara y hoy es el embajador en Panamá, Alberto Labbé quien declarará como inculpado en el caso Operación Cóndor.
Raquel Lermanda, la magistrada que está investigando el caso en reemplazo temporal del ministro Victor Montiglio, acogió la solicitud de los abogados del programa de gobierno que buscan aclarar su participación en el operativo de la dictadura durante el año 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la Embajada de Chile en Argentina.
En ese puesto habría tenido vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, el único chileno condenado por la muerte del ex general del Ejército, Carlos Prats en Buenos Aires y quien enviaba antecedentes a Santiago, vía valija diplomática, sobre chilenos que posteriormente desaparecieron en Argentina.
Así lo habrían manifestado dos ex agentes de la DINA en el marco de la investigación judicial, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno, quienes aseguraron que Labbé los contactaba para recibir esa información.
Ante esta situación, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja solicitó de manera unánime la renuncia del embajador Alberto Labbé.
“Solicitamos al canciller la remoción del canciller de Chile en Panamá por estimar que estar inculpado en un delito tan grave como los que se cometieron a la sombra de este plan siniestro y macabro que actuó sobre toda América Latina haciendo desaparecer a cientos de personas y asesinando a otras tantas más, es un hecho grave y lo menos que puede hacer la cancillería es solicitarle la renuncia”, dijo el diputado del PC Hugo Gutiérrez.
Sin embargo, la diputada RN, Karla Rubilar, miembro de la comisión aseguró que la decisión política se votó sin la participación de los parlamentarios de la Coalición por el Cambio y sin tener sobre la mesa ningún antecedente oficial emanado desde el Gobierno, por lo que llamó a la cautela.
“Es una situación de la que recién estamos tomando conocimiento y sería importante tener más antecedentes para poder emitir una opinión. La comisión de Derechos Humanos debió haber solicitado un pronunciamiento oficial del Ejecutivo antes de manifestarse. Lamentablemente se tomó la decisión cuando parlamentarios de la Colación por el Cambio estábamos en sesión especial de postnatal”, sostuvo la parlamentaria.
Recién al final del día, el canciller Alfredo Moreno se refirió al tema sin respaldar públicamente al embajador Labbé, pero reconociendo su trayectoria diplomática de más de 30 años.
“He conversado con el embajador Alberto Labbé quien se ha enterado de la citación que le ha hecho la jueza Raquel Lermanda. Él me ha señalado que se podrá en comunicación con la magistrada y que se pondrá a su disposición para entregar cualquier antecedente que le sea requerido. La posición invariable del Gobierno en esta materia es que todos los funcionarios que trabajan en el Estado, al igual que cualquier chileno, están a disposición de los Tribunales de Justicia”, afirmó el secretario de Estado.
De esta forma, el Gobierno no solicitó la renuncia del embajador Alberto Labbé y tampoco entregó antecedentes adicionales sobre el futuro de su cargo, debido a que en calidad de inculpado podría ser procesado por la justicia.
Por el momento no hay fecha para que el diplomático entregue su declaración ante la ministra Raquel Lermanda, puesto que la Corte Suprema deberá renovar su designación como subrogante en la investigación de la Operación Cóndor.
Por segunda vez, los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior solicitan indagaciones judiciales en contra de funcionarios del Gobierno.
Anteriormente, el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, fue llamado a declarar como testigo en el caso Víctor Jara y hoy es el embajador en Panamá, Alberto Labbé quien declarará como inculpado en el caso Operación Cóndor.
Raquel Lermanda, la magistrada que está investigando el caso en reemplazo temporal del ministro Victor Montiglio, acogió la solicitud de los abogados del programa de gobierno que buscan aclarar su participación en el operativo de la dictadura durante el año 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la Embajada de Chile en Argentina.
En ese puesto habría tenido vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, el único chileno condenado por la muerte del ex general del Ejército, Carlos Prats en Buenos Aires y quien enviaba antecedentes a Santiago, vía valija diplomática, sobre chilenos que posteriormente desaparecieron en Argentina.
Así lo habrían manifestado dos ex agentes de la DINA en el marco de la investigación judicial, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno, quienes aseguraron que Labbé los contactaba para recibir esa información.
Ante esta situación, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja solicitó de manera unánime la renuncia del embajador Alberto Labbé.
“Solicitamos al canciller la remoción del canciller de Chile en Panamá por estimar que estar inculpado en un delito tan grave como los que se cometieron a la sombra de este plan siniestro y macabro que actuó sobre toda América Latina haciendo desaparecer a cientos de personas y asesinando a otras tantas más, es un hecho grave y lo menos que puede hacer la cancillería es solicitarle la renuncia”, dijo el diputado del PC Hugo Gutiérrez.
Sin embargo, la diputada RN, Karla Rubilar, miembro de la comisión aseguró que la decisión política se votó sin la participación de los parlamentarios de la Coalición por el Cambio y sin tener sobre la mesa ningún antecedente oficial emanado desde el Gobierno, por lo que llamó a la cautela.
“Es una situación de la que recién estamos tomando conocimiento y sería importante tener más antecedentes para poder emitir una opinión. La comisión de Derechos Humanos debió haber solicitado un pronunciamiento oficial del Ejecutivo antes de manifestarse. Lamentablemente se tomó la decisión cuando parlamentarios de la Colación por el Cambio estábamos en sesión especial de postnatal”, sostuvo la parlamentaria.
Recién al final del día, el canciller Alfredo Moreno se refirió al tema sin respaldar públicamente al embajador Labbé, pero reconociendo su trayectoria diplomática de más de 30 años.
“He conversado con el embajador Alberto Labbé quien se ha enterado de la citación que le ha hecho la jueza Raquel Lermanda. Él me ha señalado que se podrá en comunicación con la magistrada y que se pondrá a su disposición para entregar cualquier antecedente que le sea requerido. La posición invariable del Gobierno en esta materia es que todos los funcionarios que trabajan en el Estado, al igual que cualquier chileno, están a disposición de los Tribunales de Justicia”, afirmó el secretario de Estado.
De esta forma, el Gobierno no solicitó la renuncia del embajador Alberto Labbé y tampoco entregó antecedentes adicionales sobre el futuro de su cargo, debido a que en calidad de inculpado podría ser procesado por la justicia.
Por el momento no hay fecha para que el diplomático entregue su declaración ante la ministra Raquel Lermanda, puesto que la Corte Suprema deberá renovar su designación como subrogante en la investigación de la Operación Cóndor.
Por segunda vez, los abogados del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior solicitan indagaciones judiciales en contra de funcionarios del Gobierno.
Anteriormente, el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, fue llamado a declarar como testigo en el caso Víctor Jara y hoy es el embajador en Panamá, Alberto Labbé quien declarará como inculpado en el caso Operación Cóndor.
Raquel Lermanda, la magistrada que está investigando el caso en reemplazo temporal del ministro Victor Montiglio, acogió la solicitud de los abogados del programa de gobierno que buscan aclarar su participación en el operativo de la dictadura durante el año 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la Embajada de Chile en Argentina.
En ese puesto habría tenido vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, el único chileno condenado por la muerte del ex general del Ejército, Carlos Prats en Buenos Aires y quien enviaba antecedentes a Santiago, vía valija diplomática, sobre chilenos que posteriormente desaparecieron en Argentina.
Así lo habrían manifestado dos ex agentes de la DINA en el marco de la investigación judicial, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno, quienes aseguraron que Labbé los contactaba para recibir esa información.
Ante esta situación, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja solicitó de manera unánime la renuncia del embajador Alberto Labbé.
“Solicitamos al canciller la remoción del canciller de Chile en Panamá por estimar que estar inculpado en un delito tan grave como los que se cometieron a la sombra de este plan siniestro y macabro que actuó sobre toda América Latina haciendo desaparecer a cientos de personas y asesinando a otras tantas más, es un hecho grave y lo menos que puede hacer la cancillería es solicitarle la renuncia”, dijo el diputado del PC Hugo Gutiérrez.
Sin embargo, la diputada RN, Karla Rubilar, miembro de la comisión aseguró que la decisión política se votó sin la participación de los parlamentarios de la Coalición por el Cambio y sin tener sobre la mesa ningún antecedente oficial emanado desde el Gobierno, por lo que llamó a la cautela.
“Es una situación de la que recién estamos tomando conocimiento y sería importante tener más antecedentes para poder emitir una opinión. La comisión de Derechos Humanos debió haber solicitado un pronunciamiento oficial del Ejecutivo antes de manifestarse. Lamentablemente se tomó la decisión cuando parlamentarios de la Colación por el Cambio estábamos en sesión especial de postnatal”, sostuvo la parlamentaria.
Recién al final del día, el canciller Alfredo Moreno se refirió al tema sin respaldar públicamente al embajador Labbé, pero reconociendo su trayectoria diplomática de más de 30 años.
“He conversado con el embajador Alberto Labbé quien se ha enterado de la citación que le ha hecho la jueza Raquel Lermanda. Él me ha señalado que se podrá en comunicación con la magistrada y que se pondrá a su disposición para entregar cualquier antecedente que le sea requerido. La posición invariable del Gobierno en esta materia es que todos los funcionarios que trabajan en el Estado, al igual que cualquier chileno, están a disposición de los Tribunales de Justicia”, afirmó el secretario de Estado.
De esta forma, el Gobierno no solicitó la renuncia del embajador Alberto Labbé y tampoco entregó antecedentes adicionales sobre el futuro de su cargo, debido a que en calidad de inculpado podría ser procesado por la justicia.
Por el momento no hay fecha para que el diplomático entregue su declaración ante la ministra Raquel Lermanda, puesto que la Corte Suprema deberá renovar su designación como subrogante en la investigación de la Operación Cóndor.
