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Expertos apoyan planteos del rector Pérez de entregar más recursos a las universidades estatales

Francisco Mardones

  Miércoles 30 de junio 2010 9:29 hrs. 
Radio-Uchile

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En una carta al diario El Mercurio, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, manifestó la necesidad de que el gobierno aumente la entrega de recursos a las universidades estatales.

Según el rector Pérez, urge la necesidad de un nuevo trato hacia los planteles públicos a cambio de incrementar su labor en investigación científica y tecnológica.

Esta solicitud es plenamente respaldada por expertos como el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Jesús Redondo, quien asemejó el Estado a una “mala madre”.

“Es urgente que el Estado retome las tareas de responsabilidad sobre todo con las instituciones que son propiedad del Estado y que están prestando un servicio público a la mayoría de la ciudadanía, por lo que es absurdo que el Estado se considere como neutro respecto de sus propias instituciones, o sea es como una mala madre que no es capaz de aceptar mínimamente la responsabilidad que tiene con aquellas instituciones que pertenecen a su tarea principal”, explicó Redondo.

El rector Víctor Pérez también planteó la necesidad de normar a las universidades privadas que piden igualdad de condiciones con las estatales para evitar que la educación se convierta en un negocio.

Pérez insiste en la idea de que estos planteles privados publiquen sus resultados financieros de manera trimestral ante la Superintendencia de Valores y Seguros, una idea que es compartida por Luis Eduardo González, investigador del Programa Interdisciplinario de investigaciones en Educación, PIIE.

“Si reciben becas deberían dar cuenta de las becas que otorgan y de los fondos que reciben, si reciben proyectos deberían dar cuenta de los fondos de los proyectos que reciben. La mayoría de las instituciones sin fines de lucro, básicamente las fundaciones en Chile tienen el control del ministerio de Justicia y por tanto deberían tener la supervisión de la Contraloría y de todos los organismos del Estado que están detrás de eso, y cualquiera evasión a eso debería ser sancionado como un delito”, indicó González.

Según los expertos, el Estado tiene la obligación de supervigilar la educación privada como bien público que no puede estar cedida al mercado.

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