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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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Concesiones hospitalarias ocultarían intentos de privatización de la salud pública

De forma persistente, pero casi silenciosa o invisible, los trabajadores de los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés han iniciado movilizaciones para denunciar el cambio de condiciones que el gobierno está imponiendo para la construcción del Complejo Asistencial Red Sur (CARS).

Francisco Mardones

  Jueves 1 de julio 2010 20:06 hrs. 
Radio-Uchile

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Paros de media jornada, protestas informativas y reuniones con alcaldes y comités de usuarios desembocaron en el denominado Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública que se opone a lo que consideran la privatización definitiva de la atención estatal.

Después de un sinnúmero de manifestaciones públicas, el 30 de septiembre del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Salud, Álvaro Erazo, comprometieron los recursos estatales para la construcción del complejo que, incluso, aseguraron se comenzaría a construir este año y tendría un costo total de 40 mil millones de pesos.

Hoy, el gobierno de Sebastián Piñera decidió concesionar la construcción del prometido complejo hospitalario que busca beneficiar a más de un millón de personas del sector sur de Santiago, principalmente de comunas como San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna.

Germán Araya, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud, FENATS, del Hospital Exequiel González Cortés, manifestó que la organización rechaza esa idea, basada en la “excusa del terremoto”.

Según el dirigente, “no quieren nada con la concesión, sino que se asignen los dineros que ya estaban para este hospital”, pues al concesionar los privados “van a querer cobrar” su parte en la entrega del servicio.

Incluso, los usuarios del sistema se manifiestan en contra de la medida pues, como afirma Marisela Conejeros, dirigenta del Comité de Usuarios de la comuna de San Miguel, ellos son quienes tienen “derecho al acceso a la salud con igualdad para todos teniendo o no dinero y es el Estado el que debe garantizar ese derecho”.

En el caso del CARS, además, el concesionar significa retrasar el proyecto al menos otros dos años y volver a invertir dineros en los mismos estudios que ya se hicieron con anterioridad.

Según el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, el ministro Jaime Mañalich le aseguró en una reunión que las concesiones sólo se harían para asegurar la construcción de los recintos.

“El ministro planteó que la instrucción era que los hospitales nuevos se hacían por vía de la concesiones. Al preguntarle qué se incluía en las concesiones, él planteó que no había nada de lo clínico, ni de la atención médica, ni de laboratorio, ni de exámenes, ni nada que tenga que ver con el proceso de atención del enfermo que se fuera a concesionar”.

Navarrete indica que se trata de una alternativa “que va a haber que discutir”, aunque asegura que en el caso del CARS es más complejo aún, pues se va a retrasar, al menos dos años más, la construcción “sin tener claro cuál es el modelo” que se va a seguir.

Aún así, los dirigentes son críticos al respecto. Alicia Aravena, presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud (Fenpruss) del hospital Exequiel González Cortés, asegura que “no se saca nada con tener hospitales nuevos si no hay cómo mantenerlos”.

Aravena habla por experiencia propia y asegura que el hospital Exequiel González Cortés cuenta con “equipamiento muy antiguo y mal mantenido. Las plantas de personal son muy antiguas, por lo que siempre falta personal, lo que lleva a subcontrataciones, honorarios y nula estabilidad laboral”.

El director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Giorgio Solimano, pone paños fríos al debate, pues asume que no existe el interés de privatizar la salud pública por parte del actual gobierno como se está discutiendo.

Si bien reconoce que la administración Piñera en su programa y ahora durante el ejercicio del gobierno “ha planteado una serie de nuevas medidas que apuntan a, según ellos, -entre comillas- mejorar la gestión de los servicios públicos”, esas medidas “llevan a que haya un rol cada vez más importante, facilitando su incorporación, del sector privado a la atención de la población que es beneficiaria del sector público”.

Lo anterior se grafica en la compra de servicios al sector privado, que se hace desde los inicios del Plan AUGE. La diferencia es que desde el mismo ministerio de Salud se estarían agarrando de las graves falencias, como las denunciadas hace algunos días por la Contraloría en el Hospital Barros Luco, para sustentar estas iniciativas.

Según Solimano, esto “debe ser examinado cuidadosamente, discutido con las instancias gremiales, parlamentarias posibles para llegar a la conclusión de que ese tipo de iniciativas van a tener el efecto deseado”.

Lo que más le preocupa al director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile es que “no estamos escuchando nada de cómo se pretende mejorar la prestación de servicios en el sector público, cuando es el Estado el que tiene la responsabilidad de atender a la mayoría de los chilenos”.

Solimano advierte que aunque se opte por la concesión de los hospitales públicos, la pregunta es “quién se hace responsable por la atención médica de esos hospitales concesionados… esa responsabilidad no es transferible”.

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