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La sentencia pendiente del acceso a la justicia:

“Sin recursos no se puede entrar al hotel de lujo de la Justicia”

A casi diez años de implementada la Reforma Procesal Penal en el país, el sistema aún no ha podido resolver la marginación a la que están expuestas las víctimas, en especial las de menores recursos, en el acceso a la justicia. Los expertos reconocen que este es el talón de Aquiles de la reforma, pero advierten que la solución no debe entorpecer ni encarecer procesos que, en el caso de los grupos vulnerables, ya son lo suficientemente complejos.

Loreto Soto y Daniela Ruiz

  Viernes 2 de julio 2010 17:41 hrs. 
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Ya han pasado casi diez años desde que se iniciara el proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile. Sin embargo, la promesa de agilidad y acceso igualitario a la justicia parece no haberse cumplido, al menos, para una parte de la población nacional.

Son los mismos que han quedado marginados de las distintas fases de la modernización del país y que la directora ejecutiva de la Fundación Probono, Marcela Fajardo, califica como “sectores vulnerables”. Y uno de los principales factores que determina esa vulnerabilidad es su condición socioeconómica.

De acuerdo a la última versión del estudio “Percepción de la población pobre de Santiago sobre las condiciones de acceso, equidad y satisfacción en la intención de justicia” elaborado por la Universidad Católica Silva Henríquez, el 80 por ciento de los encuestados considera que la calidad de la justicia que obtienen las personas de menores recursos, en especial si son víctimas, es “mala” o “muy mala”.  Además, la  investigación indica que un 43,3 por ciento de los entrevistados considera que la calidad de la justicia que obtienen los pobres es “Igual que hace diez años”; otro 30,3 por ciento señala que es “peor o mucho peor” y sólo un 20,6 por ciento estima que es “mejor  o mucho mejor”, que hace una década atrás.

Y pese a que se reconoce que la Reforma Procesal Penal implicó un gran avance en la cobertura y rapidez de los procesos judiciales, los expertos sostienen que el talón de Aquiles del sistema es la poca protección que otorga a las víctimas, en especial, si pertenecen a grupos vulnerables.

Según explica Marcela Fajardo, con la reforma existe una figura que representa al Estado (fiscal) y una que representa al que cometió el delito (abogado defensor). “La víctima puede sentirse identificada con lo que hace el fiscal porque acusa, persigue y presenta pruebas para que se dicte una sentencia acusatoria. Pero no siempre ocurre esto. Muchas veces la víctima puede no estar de acuerdo en la manera en que el fiscal está llevando el juicio o no aprobar los acuerdos a los que llegue con el defensor público”, dice la abogada.

Fajardo indica que “ahí aparece el abogado querellante. Lo más normal es que la víctima no tenga representación directa en el juicio sino que sea representada por el fiscal, pero en última instancia éste sólo representa al Estado porque debe tener el alma punitiva para castigar a quien cometió un delito”.

Es justamente en esta parte donde se producen los problemas porque en el caso de las personas con menores recursos las posibilidades de contratar un abogado querellante para seguir un juicio son escasas o simplemente nulas.

Para la investigadora del Centro de Justicia de la Universidad de Chile, Lupy Aguirre, “es obvio que en el caso de las personas de menos recursos, que no tienen la capacidad de contratar abogados querellantes que lleven sus casos, las opciones de llegar a una solución del conflicto mediante la imposición de una sanción es mucho más limitada que en el caso de las personas que cuentan con más recursos”.

Es la situación que se ha dado en varios casos en la ciudad de Castro, Chiloé, donde muchas familias  de escasos recursos han visto cómo sus causas judiciales se cierran sin encontrar a los culpables de los crímenes que se investigan.

Tal es el caso de Cecilia Manquemilla, cuyo hijo Juan Luis Ñancul (25) desapareció en noviembre de 2009 y después de diez días fue encontrado muerto y decapitado en el río  Chaique.

Luego de 90 días de investigación, tal como estipula la ley, el informe del Servicio Médico Legal  no determinó participación de terceros y se cerró la causa sin una explicación clara sobre lo sucedido. Sin embargo, Cecilia no quedó conforme con las diligencias y con mucho esfuerzo tuvo que contratar un abogado con su propio dinero para reabrir la causa.

La madre de Ñancul  atribuyó el desamparo en que quedó la investigación por la muerte de su hijo a una discriminación por su estrato social “Porque uno es humilde la justicia no hace nada, la justicia es para los ricos, para la gente de poder y para los pobres no. Si yo tuviese plata otro sería el cuento, ya habríamos tenido respuesta”, señaló la mujer.

Un caso similar vivió Carmen Antiñanco, quien acusa que su nieta de tres meses murió en abril de 2009 en la guardería del Hospital de Castro asfixiada por leche debido a la negligencia de una guardadora. El caso se cerró después de cuatro meses sin responsables y sin sanciones al servicio de salud. “El fiscal investiga un tiempo y si, según ellos, no reúnen los antecedentes, cierran las causa. La gente queda sin justicia y si no tienen dinero, si es una persona de escasos recursos, no tienen para pagar un abogado y reabrir la causa y se queda ahí”, denunció  Antiñanco.

A diferencia de Cecilia Manquemilla, Carmen tuvo la suerte de recibir asistencia judicial del programa Reparación y Justicia de la ONG Proyecta, única en Chiloé y la que sólo se orienta a casos de menores, para reabrir la causa que hoy se encuentra en nuevo período de investigaciones.

Milton Cuevas, uno de los abogados de Reparación y Justicia, coincide con ambas mujeres en que, en algunos casos, el acceso a la justicia se ve mermado por los escasos recursos de los querellantes, lo que se suma una deficiencia de la Reforma Judicial en cuanto a los intereses de las víctimas.

“Porque ellos no tuvieron recursos no se hizo una investigación acuciosa, una suerte de negligencia. Hay intereses que se contraponen y creo que el Ministerio Público no siempre representa bien los intereses de las víctimas, porque pareciera que están enfocados en terminar rápidamente las causas, pero la justicia va más allá de las estadísticas, va en que las personas se sientas satisfechas y representadas”, afirmó.

Marcela Fajardo de Probono tiene una visión similar. “Efectivamente, los grupos vulnerables tienen un acceso más complejo a la justicia. Si eres mujer, mapuche y rural, se vienen todas las capas de discriminación encima y eres ultra vulnerable. Las personas que no tienen recursos, no pueden entrar a este hotel de lujo que es el tribunal porque además de pagar abogados hay que costear peritajes. Cuando la víctima necesita tener voz en el juicio el sistema es muy injusto porque queda marginada”, sostiene.

Fajardo reconoció que “existe una deuda con las víctimas”, pero concluyó que “hay que ver cuál es la mejor salida que no entorpezca el sistema, que no lo haga más lento y que no lo haga muy caro, porque sino caeríamos en los juicios eternos que habían antes y finalmente para obtener una sentencia pasaban diez años. La rapidez es parte del acceso a la justicia. Un juicio expedito es acceso a la justicia, uno que dura 20 años a ti ya no te sirve, ya no reparó”.

Y una vez más, la respuesta parece recaer en la sociedad civil. Frente a la coincidencia de varios casos similares en Chiloé  Cecilia Manquemilla y Carmen Antiñanco decidieron conformar una organización, que está en vísperas de crearse, para  recoger los planteamientos de los familiares y velar porque se haga justicia. “Porque nosotras no nos sentimos acogidas en nuestra búsqueda de justicia. Si nosotros no nos movemos las causas se quedan allí”, afirma Carmen  Antiñanco.  “Así, vamos a tener un poco más de fuerza, porque si uno se va a parar solo frente a una autoridad no lo pescan”, finaliza Cecilia Manquemilla.

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