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De la Puente: “Serán cuatro años de intensa lucha”

Así describió el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Raúl De la Puente, el escenario de negociaciones con la administración actual. Esto en medio del anuncio de la realización de una escalada de movilizaciones que culminarían en un paro nacional por los más de dos mil despidos en la administración pública.

Juan Pablo Palacios

  Lunes 5 de julio 2010 21:10 hrs. 
Radio-Uchile

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En la 9º Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Nacional de Funcionarios Fiscales  efectuada ayer el directorio de la entidad sindical resolvió iniciar la próxima semana un proceso de movilizaciones que culminará con un paro nacional de actividades durante los primeros días de agosto.

El cronograma de protestas, marchas y paros se dará a conocer el próximo lunes en la sede gremial de calle Tucapel Jiménez.

La decisión de la ANEF de radicalizar su postura frente al Gobierno estaría motivada en los despidos de funcionarios públicos y la precarización de la carrera funcionaria que se ve reflejada a través del alto número de contratos a plazo fijo y boletas de honorarios.

El gremio sectorial informó que desde la llegada de la Coalición por el Cambio a La Moneda ya van alrededor de dos mil despidos efectuados en los ministerios de Cultura, Educación, Sename y Sernam, que se suman a los 450 funcionarios que habrían sido removidos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que el gobierno ha iniciado una campaña de desprestigio del sector fiscal destinada a justificar los despidos masivos y a reducir el aparato estatal. Por ello, los trabajadores organizados están convocando a un proceso de movilización que se extendería durante todo el mandato de Sebastián Piñera.

“No sólo está el tema de los despidos en la administración pública sino que no se ha cumplido con la promesa de instalar una mesa sectorial que el ministro de Hacienda comprometió para mayo. También está todo el asunto de la administración pública: viene el reajuste general y el término de los contratos el 31 de diciembre, lo que no se va a poder contar como desvinculaciones. Creo que serán cuatro años de intensa lucha para la que tenemos que prepararnos”, dijo De la Puente.

En  Asamblea Extraordinaria de la ANEF participaron además parlamentarios y dirigentes de distintas organizaciones sindicales del sector público y privado. La idea de esta reunión es dar una señal potente al Ejecutivo de la capacidad de convocatoria y unidad del movimiento para defender sus derechos.

En ese sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, dijo que la multisindical respaldará el llamado a movilizaciones de los empleados públicos y anticipó que en los próximos meses las reivindicaciones y demandas laborales contra el gobierno irán en aumento.

“En el momento en que convenga nosotros no solamente vamos a estar apoyando también participando activamente. La tendencia en el tema de movilizaciones antes del segundo semestre de este año viene bien. Ya hemos aguantado un semestre de instalación del gobierno, pensamos que el gobierno no ha querido entenderse con los gremios, me parece que ha habido bastante agresión en algunos sectores y creo que ahora corresponde dar la respuesta”, precisó Martínez.

Por su parte, el diputado PC Guillermo Teillier, si bien apoyó la convocatoria de la ANEF, dijo que sería interesante que a la hora de llamar a una paralización las organizaciones de trabajadores del sector público y privado actuaran en bloque.

“Están los temas de la defensa de la salud pública, de la educación pública, de la reconstrucción, de los estudiantes. Me parece que lo mejor es que se pusieran de acuerdo todos los sectores para una movilización que permita dirimir muchos temas que están en la discusión”, enfatizó el parlamentario

Los dirigentes del movimiento sindical no descartan que en el paro nacional convocado para agosto se sumen las organizaciones de trabajadores que forman parte de la CUT, quienes ya han manifestado su descontento por el alza de siete mil pesos en el salario mínimo.

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