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Nuevos escándalos en salud ponen en duda capacidad del sistema

La crisis en el sector salud se agudizó aún más este fin de semana. Por horas, cientos de pacientes padecieron en los pasillos de los recintos sin recibir atención y las denuncias sobre negligencias médicas suman y siguen. Ante esto, el ministro Jaime Mañalich aseguró que el Gobierno está barajando soluciones, como la implementación del Bono Auge y la municipalización de consultorios. Ideas que no tuvieron mucho eco entre los gremios de la salud.

Ninoska Leiva y Francisco Mardones

  Lunes 5 de julio 2010 0:26 hrs. 
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Nuevas denuncias sobre negligencias médicas en servicios hospitalarios públicos agudizan los cuestionamientos a los que ha estado sujeto el sistema.

Es el caso de Bastián Pérez, un joven que acudió durante dos días a la Posta Central con fuertes dolores abdominales.  En ambas oportunidades fue devuelto a su casa y se le diagnosticaron “problemas de atragantamiento o gastrointestinales”, aún cuando la madre “suplicaba” descartar una posible Apendicitis. Finalmente, a la tercera consulta los médicos revisaron con mayor detención el caso, pero el cuadro se había agravado y ya era una peritonitis.

Jessica Durán, la madre del afectado sostuvo que, pese a sus reclamos, su hijo no recibió atención oportuna y aseguró que “aunque alguien se esté muriendo, si no está en algún vox de consulta, que siempre están ocupados, simplemente no recibe atención”.

Este no fue el único caso por el que las autoridades de la salud tuvieron que salir a dar la cara. En el hospital San Borja Arriarán, una mujer tuvo un aborto espontáneo de trillizos mientras esperaba ser vista por un doctor.

Es por eso que el ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció la apertura de un sumario de investigación de la situación de Bastián Pérez, pero se desmarcó de lo sucedido en el San Borja.

“Una paciente que teniendo un embarazo de trillizos tuvo un aborto espontáneo y tuvo tres productos de la concepción que pesaron 400 gramos, en ninguna parte del planeta ni con ningún recurso humano hubiesen sobrevivido, esa no es una negligencia médica”, dijo el secretario de Estado.

A estos casos se suma un dato casi “anecdótico” relacionado al fallecido Omar Neira Lagos, hombre de 77 años que murió de un infarto fulminante esperando ser operado de cáncer colon. Del hospital El Salvador llamaron a su familia para decirle que “había una cama disponible para operar al difunto hombre”.

“Mano dura con las movilizaciones”

Ante este escenario, el ministro Mañalich señaló que las bajas temperaturas, el daño que provocó el terremoto de febrero pasado y el paro de funcionarios de la Posta 3 gatillaron la crisis desatada este fin de semana en los recintos asistenciales de la Región Metropolitana.

Respecto de las movilizaciones el ministro aseguró se tendrá “mano dura”. De hecho ya se cursaron varios sumarios en contra de los trabajadores que mantuvieron paralizadas las atenciones en dicho recinto. Esto además de que se van a descontar todas las horas no trabajadas, creándose un precedente en materia del actuar del Gobierno.

En busca de soluciones

Como una forma de terminar con las listas de espera y contrarrestar la crisis hospitalaria, durante esta jornada se anunció además la implementación del denominado Bono AUGE en todos los servicios de salud del país a partir de octubre.

La idea es proteger a un  número considerable  de pacientes que llega a las urgencias en estado grave por no haber sido atendido a tiempo. Muchos de ellos llevan años esperando una operación en lista de espera. Actualmente hay cerca de 300 mil usuarios del sistema público de salud en listas de espera, aún cuando muchos de ellos presentan patologías que deberían esta cubiertas por el AUGE.

Por eso, el nuevo sistema permitirá que una persona que presenta una enfermedad cubierta por el AUGE reciba una atención en un plazo máximo de seis meses. Una vez cumplido ese tiempo, el beneficiario debe cursar  un reclamo directamente en FONASA, donde en 48 horas deben exigirle al Director del Centro de Salud en el que el paciente está en lista de espera, derivarlo a otro centro de asistencia público con un plazo máximo de 15 días. Si no existe un centro con disponibilidad, Fonasa le permite a la persona ir a atenderse a cualquier centro privado de salud en convenio,  asumiendo el mayor gasto el Estado.

Otra de las alternativas que se barajan es la municipalización de la administración de algunos servicios de salud. Sin embargo, la idea no es bien recibida entre los alcaldes, quienes indican que desde hace varios años están exigiendo que el aporte per cápita que hace el Estado a los centros de salud aumente, ya que en la actualidad sólo alcanza un 1, 6 por ciento.

El camino no se viene fácil. De hecho, el propio ministro Mañalich reconoció que de los 52 consultorios que quieren traspasarse, sólo ocho o diez podrían llegar a la administración municipal.

Oposición de los trabajadores

Desde las organizaciones de trabajadores de la Salud, han sido críticos del proceso iniciado por la administración de Piñera.
Algunos afirman que el trabajo en terreno comprueba que la atención primaria en manos del ministerio de Salud tiene mejores resultados sanitarios y reconocimiento internacional, lo que no ocurre con el sistema municipal.

Frano Papi, secretario general del Consejo Metropolitano de Salud, indicó que la principal preocupación del sector es que no se está tomando en cuenta la opinión de los usuarios del sistema.

El dirigente teme que el nivel de la atención de salud baje ostensiblemente, tal como ocurrió con la educación municipalizada. “El Gobierno hace las cosas sin consultarle a nadie y con el per cápita que le otorgan a los municipios es imposible que se pueda costar la administración de los consultorios”, afirmó.

Otros derechamente aseguran que detrás hay un afán de privatizar la salud, como indicó Carlos Castro, presidente de la FENATS Metropolitana.

“Para que eso sea efectivo y real se tiene que privatizar. El primer paso que están dando es la concesión hospitalaria, el segundo la municipalización de consultorios que dependen del Servicio Central de Salud y de ahí el paso a la privatización de estos 52 consultorios es un mero trámite y los municipios van a ser un asunto mercantil inmediato”, dijo Castro.

En tanto, la Confederación La Confederación Nacional de la Salud Municipalizada (Confusam)también  manifestó su inquietud sobre anuncios del ministerio de Salud acerca de dotación de personal.

“Estamos muy preocupados porque sentimos que hay una situación que pretende asfixiar el sistema de salud público y vemos con alerta algunos anuncios sobre cambios en la modalidad de financiamiento de este sistema”, aseguró la recién electa presidenta del organismo, Carolina Espinoza.

Los trabajadores acordaron enviar una carta al Minsal solicitando una reunión con el jefe de la cartera para aclarar los alcances de los anuncios realizados en las últimas semanas por el Ejecutivo.

Los municipios y los dirigentes de la salud son insistentes en pedir más recursos y, por el momento, las autoridades no han tocado ese punto en su idea de traspasar los consultorios estatales a los gobiernos comunales.

En algunos casos se ha ofrecido entregar edificios con 40 años de antigüedad, con equipos que no aseguran una correcta atención y no dignifican a los pacientes que, comúnmente, pertenecen a las comunas más vulnerables del país.

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