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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Consejo de la Transparencia establece de conocimiento público ubicación y propiedad de cultivos transgénicos

Francisco Mardones

  Miércoles 7 de julio 2010 9:24 hrs. 
Radio-Uchile

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Como un dictamen histórico calificaron diversas organizaciones la resolución del Consejo para la Transparencia, que marca un precedente político en la discusión sobre los productos transgénicos.

Después de más de diez años de solicitar inútilmente estudios al gobierno sobre las condiciones de desarrollo de los transgénicos en nuestro país, fue este organismo el que detalló en su dictamen que “la publicidad de la información proveerá un mayor beneficio para la sociedad y para el debate de la opinión pública”.

La representante de la Alianza por una mejor calidad de vida, María Elena Rosas explicó que este tipo de información se mantenía con carácter de secreta o reservada por las distintas empresas y el mismo gobierno a través del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), lo que llevó a desconocer las consecuencias que podría tener el cultivo de transgénicos en nuestro país.

Si bien, el cultivo de transgénicos en Chile no es para el consumo local, sino para exportación, agricultores nacionales han sido afectados, pues sus cultivos orgánicos o convencionales son contaminados, como fue ratificado en 2008 por un estudio realizado por diversas organizaciones en el país.

En esa oportunidad se logró comprobar que en la Región de O’Higgins, cultivos de maíz fueron afectados por transgénicos, estudios que fueron entregados al ministerio de Agricultura por la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín.

A partir de hoy, el acceso a información pública de este tipo, permitirá fiscalizar el correcto uso de este tipo de productos, en un proceso que los ambientalistas esperan que sea similar a lo ocurrido en Europa, donde el Tribunal de Justicia de la Corte Europea obligó a los países a hacer lo mismo.

Lucio Cuenca, representante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló que dentro de los argumentos  que las empresas presentaron ante el Consejo para la Transparencia, apuntaron a razones de seguridad, debido a que en otros países se han registrado ataques violentos que fueron apoyados por organizaciones chilenas, lo que no fue aceptado por el consejo.

Las organizaciones indicaron que lo más valioso es que el debate se abrió públicamente en el país y que el Estado deberá respetar el derecho de los ciudadanos a estar informados respecto de este tipo de procesos que pueden tener consecuencias negativas en las personas.

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