La polémica que ha generado la iniciativa del gobierno de dar luz verde a la venta de medicamentos sin prescripción en los supermercados da cuenta de una situación que, desde que saliera a la luz la colusión de tres grandes cadenas de farmacias para subir los precios de 222 medicamentos, aún no tiene solución.

Una vez que pasó la efervescencia del escándalo y la indignación ciudadana se disipó, poco se ha avanzado en mejorar un sistema que continúa altamente concentrado. Mientras se espera el fallo judicial, Farmacias Ahumada -que confesó la colusión ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) – aumentó un 1,5 por ciento sus ventas y se adjudicó ganancias por sobre los 300 mil millones de pesos en 2009.

Al parecer el millón de dólares pagado al Estado como multa y los dos mil 500 millones de pesos contemplados para la devolución del dinero contable a los afectados, sirvieron para que FASA hiciera borrón y cuenta nueva.

El proceso judicial continúa y según afirmó el abogado secretario del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Javier Velozo, se podría esperar un fallo a fin de año.

En tanto, radio.uchile.cl constató que los cambios respecto de los precios de la lista de medicamentos coludidos no han sufrido muchas alteraciones. Según la lista elaborada por la FNE sobre el aumento del valor de los medicamentos, el anticoagulante de laboratorios Royal Pharma Iskimil costaba 14 mil 750 pesos antes del periodo de la colusión (diciembre 2007 y marzo del 2008).

Posteriormente, subió a 18 mil 200 pesos en las tres cadenas y hoy bordea los 19 mil 500 en las tres farmacias acusadas.

Lo mismo sucede con el antidiabético de laboratorio Roche Glucophage Forte cuya caja de treinta comprimidos costaba 4 mil 690 antes de diciembre de 2007 y pasó a los 6 mil 990 en el periodo investigado. Hoy su valor asciende a los 6 mil 480 en Cruz Verde y Ahumada y a los 6 mil 420 en Salco Brand. Diferencias mínimas que no hablan precisamente de libre competencia.

Tampoco se ha cumplido la disposición de tener un listado de los precios de los fármacos a la vista de los clientes o en las góndolas de los locales de atención.

Usuarios desprotegidos

Hubo personas que padecían de enfermedades crónicas y que, con el alza concitada de los precios de los medicamentos, se vieron expuestas al deterioro de su salud. En los casos más graves, se interpusieron demandas colectivas auspiciadas por parlamentarios y el Colegio Médico.

Sin embargo, para el resto de los afectados no hubo más opción que conformarse con el reembolso acordado bajo los términos de Farmacias Ahumada. La compensación se efectuó durante un mes, sólo se podía realizar si se presentaba la boleta de compra y servía para adquirir productos en la misma farmacia.

Más que esto no se ha logrado y el gran negocio farmacéutico sigue floreciendo en las esquinas de las ciudades. Para el presidente de la Corporación de Usuarios y Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, los clientes de las farmacias aún están “completamente indefensos”.

“Aquí quedamos prácticamente desprotegidos. No ha habido ninguna acción que permita sancionar, a través de la Ley del Consumidor, la colusión, los atentados contra la libre competencia ni los intereses difusos porque no están considerados dentro de esta legislación. En este aspecto los consumidores estaban desprotegidos y continúan así”, sostuvo.

Cuando estalló el escándalo, mucho se habló que si algo así hubiese ocurrido en países como Canadá, los usuarios habrían boicoteado a las empresas y demostrado su descontento. Sin embargo, las pocas acciones que se realizaron en su momento no expresaron un cambio y estas tres cadenas de farmacias continúan siendo la opción para adquirir los tratamientos médicos.

Según Calderón esto se atribuiría a la inmensa concentración del mercado.  “Estamos cautivos de tres cadenas de farmacias que hicieron un trabajo depredador con todas las pequeñas empresas, por lo que no tenemos alternativas para poder comprar. Esto es lo que sucede en un mercado absolutamente concentrado, con poca legislación y con falta de voluntad para regular”, sentenció.

Respecto de los casos que llegaron a la Corte de Apelaciones de Santiago el diputado del PPD e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Enrique Accorsi afirmó que se encuentran en proceso final y que podrían arrojar sentencia en las próximas dos semanas.

De todas formas, las organizaciones de usuarios reconocen que esto constituiría un triunfo moral más que una reparación al daño causado.

El camino que queda

El abogado secretario del TDLC, Javier Velozo, informó que lo único que falta para cerrar la etapa de investigación es un informe de tres economistas peritos, solicitado por una de las partes, que están analizando la lista de precios coludidos desarrollado por la FNE.

El jurista explicó que una vez concluidas las diligencias “la sentencia que el Tribunal emita sea condenatoria o absolutoria puede reclamarse por las partes a la Corte Suprema y, en general, la mayoría de los procesos que se ventilan en este tribunal terminan en la Corte, que es la que tiene la última palabra en Libre Competencia”.

Velozo indicó que el periodo que está siendo investigado y por el que se dictará sentencia sólo abarca lo requerido por la FNE, que es entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. Por lo tanto, cualquier irregularidad que se hubiese producido de ahí en adelante no estaría dentro de este juicio.

El fallo del TDLC podría implicar sanciones económicas para los implicados. Sin embargo, el anuncio del envío de un proyecto de ley que restituyera la pena de cárcel para los implicados en crímenes de colusión que realizó la Presidenta Michelle Bachelet en su último discurso del 21 de mayo jamás fue ingresado.

Para revisar el proceso completo puede ingresar a www.tdlc.cl