A casi 36 años del fatídico 30 de septiembre de 1974, la Sala Penal de la Corte Suprema dio a conocer las condenas para quienes participaron del atentado que terminó con la vida del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert.

Después de 35 años de que el juez argentino Alfredo Nocetti Fasolino, en noviembre de 1975, archivara el expediente de la primera investigación que se inició en torno al asesinato, con el sello “sumario sobreseído temporalmente”.

En 1983, después de años de comprobarse la participación del agente estadounidense de la DINA, Michael Townley, fue la justicia argentina la que, a través de la magistrada María Servini de Cubría, arremetió y solicitó su extradición para iniciar un juicio en su contra, lo que fue rechazado por las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Recién en 1991, con la publicación del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se dejó establecido que el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert fue obra de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.

En Argentina fue donde se agilizaron los procesos encabezados por la misma jueza Servini, quien emitió una orden de detención en contra del ex agente Enrique Arancibia Clavel, quien hasta hoy era el único condenado por el Caso Prats, recibiendo cadena perpetua el 20 de noviembre de 2000 por el atentado y asociación ilícita.

El 8 de octubre 2001, el Ministro de la Corte Suprema Jorge Rodríguez dictó órdenes de arresto preventivo en contra de los acusados, a solicitud de los abogados querellantes Hernán Quezada y Pamela Pereira. El magistrado dispuso que Manuel Contreras cumpliera el arresto en su domicilio y que Raúl Iturriaga, Pedro Espinoza y José Zara Holger lo hicieran en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército. En cuanto a Jorge Iturriaga, fue ordenado ingresar a la Penitenciaría de Santiago, pero no se hizo efectivo debido a su condición de salud.

Desde el año 2002 recién en Chile también se aceleraron los procesos judiciales, el ministro en visita Alejandro Solís quedó a cargo de la investigación, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó la solicitud de extradición del general Pinochet a Argentina y otros seis involucrados en el caso, y también rechazó que la jueza argentina Servini interrogara al dictador.

El 2 de diciembre de 2004, la familia Prats-Cuthbert recibía un importante espaldarazo, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago, por 14 votos a favor y nueve en contra, decidió desaforar al ex general Augusto Pinochet en la causa, con lo que quedó a disposición para que el ministro Alejandro Solís lo sometiera a proceso.

El 24 de marzo de 2005, sin embargo, el pleno la Corte Suprema de Chile, rechazó, por 15 votos contra 4, el desafuero de Pinochet, con lo que quedó inmune y sobreseído del homicidio del matrimonio Prats-Cuthbert.

De ahí en más, la familia Prats-Cuthbert tuvo que esperar hasta el 1 de julio de 2008 para que el ministro Solís dictara nueve condenas en primera instancia en contra del General (R) Juan Manuel Contreras,  el Brigadier (R) Pedro Espinoza, el General (R) Raúl Iturriaga, el Brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Cristoph Willeke y Juan Morales, la ex esposa de Michael Townley, Mariana Callejas, el miembro civil de la DINA Jorge Iturriaga, y el Suboficial Reginaldo Valdés.

Hoy al conocerse el fallo definitivo: las reacciones desde diversos sectores son unánimes y apuntan a la lentitud del proceso.

Así lo señaló Mónica González, periodista directora de Ciper Chile y quien escribió el libro Bomba en una calle de Palermo (1986), junto a Edwin Harrington, sobre el caso Prats destacó que si no hubiera sido por la justicia argentina y la incansable labor de las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, en Chile la investigación no hubiera avanzado.

“Si no hubiera sido porque la justicia argentina lo investigó y porque las hermanas Prats revirtieron el sobreseimiento que se hizo un años después del asesinato y perseveraron de una manera incansable y encomiable. No conozco otro empecinamiento tan tenaz frente a la justicia, ocupando las estrategias más disimiles para que el caso no se cerrará en Argentina, por lo que es un acto de justicia emblemático que le dice a las hermanas Prats, hijos y nietos y a todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, que vale la pena escoger la justicia y no la venganza, como el camino correcto para este tipo de violaciones a los derechos humanos”, indicó la periodista

El director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti manifestó su opinión crítica frente a la rebaja de las penas contenidas en el fallo.

“La sentencia enunciada hoy parece insuficiente frente a los graves cargos que los responsables contra el atentado y la muerte del general Prats tuvieron. Confiamos en que esto no es una tendencia, pero hay una preocupación de que una sentencia tan significativa haya sido escasa en reflejo y castigo, pero no nos queda menos que comentar que vemos esto con preocupación y que confiamos que no se establecerá como una tendencia en otros procesos”, indicó.

Hay coincidencia respecto de la preocupación existente por la lentitud en el proceso judicial y las rebajas ostensibles en algunas condenas, lo que pareciera estar marcando una tendencia al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Esta sentencia obliga al Ejército a cortar los beneficios a los seis ex altos cargos del ejército, por los hechos que empañan el honor militar luego de haber atentado contra la vida de un hombre de sus filas.