El nombre del proyecto de ley de “Derechos de Obtentores Vegetales” puede que no le diga mucho. El proyecto de “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” tampoco.
Lo cierto es que ambas iniciativas legales tienen en alerta a agricultores nacionales y organizaciones ambientalistas mientras siguen avanzando de manera casi imperceptible por la opinión pública.
El proyecto sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” es un requisito implícito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que facilita a las compañías transnacionales del rubro, registrar a su nombre cualquier especie vegetal genéticamente modificada.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, explicó que esto significará nada menos que una privatización de semillas y vegetales, entre ellas, especies nativas.
Riesgo de caer en un monopolio de las grandes empresas multinacionales del rubro que manejan el negocio a nivel mundial y riesgo de que los pequeños agricultores de nuestro país sean perjudicados.
Esto, porque, el segundo proyecto de ley sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados”, facilitará que se introduzcan en el medioambiente de manera libre las llamadas especies transgénicas.
Las opciones son que las empresas que quieran manipular este tipo de semillas lo hagan ingresando proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o que se llegue a un acuerdo político que los libere de ese filtro previo, lo que a todas luces significa su introducción como negocio en el país.
Cuenca explica que el peligro es, justamente, para aquellos pequeños, medianos o grandes agricultores nacionales que trabajan cultivos orgánicos, los que simplemente quedarán a merced de la contaminación producida de manera natural entre vegetales modificados y nativos.
Además, el agricultor al cultivar una especie modificada, tendría que pagar por usar los derechos de una semilla registrada, lo que finalmente se traspasaría como costo a los consumidores.
María Elena Rozas, directora de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, indicó que los proyectos avanzan sin el interés de los parlamentarios, quienes tienen a su disposición una serie de estudios que comprueban las consecuencias negativas que tendría la aprobación de los proyectos.
Ambas iniciativas se encuentran en la comisión de Agricultura del Senado, sin urgencias, pero en medio de un ambiente en que el Gobierno nunca ha informado sobre los cultivos transgénicos en nuestro país, donde ya se han comprobado casos de contaminación que favorecen a creciente negocio cuyas ganancias, además, se quedan en el extranjero.
El nombre del proyecto de ley de “Derechos de Obtentores Vegetales” puede que no le diga mucho. El proyecto de “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” tampoco.
Lo cierto es que ambas iniciativas legales tienen en alerta a agricultores nacionales y organizaciones ambientalistas mientras siguen avanzando de manera casi imperceptible por la opinión pública.
El proyecto sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” es un requisito implícito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que facilita a las compañías transnacionales del rubro, registrar a su nombre cualquier especie vegetal genéticamente modificada.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, explicó que esto significará nada menos que una privatización de semillas y vegetales, entre ellas, especies nativas.
Riesgo de caer en un monopolio de las grandes empresas multinacionales del rubro que manejan el negocio a nivel mundial y riesgo de que los pequeños agricultores de nuestro país sean perjudicados.
Esto, porque, el segundo proyecto de ley sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados”, facilitará que se introduzcan en el medioambiente de manera libre las llamadas especies transgénicas.
Las opciones son que las empresas que quieran manipular este tipo de semillas lo hagan ingresando proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o que se llegue a un acuerdo político que los libere de ese filtro previo, lo que a todas luces significa su introducción como negocio en el país.
Cuenca explica que el peligro es, justamente, para aquellos pequeños, medianos o grandes agricultores nacionales que trabajan cultivos orgánicos, los que simplemente quedarán a merced de la contaminación producida de manera natural entre vegetales modificados y nativos.
Además, el agricultor al cultivar una especie modificada, tendría que pagar por usar los derechos de una semilla registrada, lo que finalmente se traspasaría como costo a los consumidores.
María Elena Rozas, directora de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, indicó que los proyectos avanzan sin el interés de los parlamentarios, quienes tienen a su disposición una serie de estudios que comprueban las consecuencias negativas que tendría la aprobación de los proyectos.
Ambas iniciativas se encuentran en la comisión de Agricultura del Senado, sin urgencias, pero en medio de un ambiente en que el Gobierno nunca ha informado sobre los cultivos transgénicos en nuestro país, donde ya se han comprobado casos de contaminación que favorecen a creciente negocio cuyas ganancias, además, se quedan en el extranjero.
El nombre del proyecto de ley de “Derechos de Obtentores Vegetales” puede que no le diga mucho. El proyecto de “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” tampoco.
Lo cierto es que ambas iniciativas legales tienen en alerta a agricultores nacionales y organizaciones ambientalistas mientras siguen avanzando de manera casi imperceptible por la opinión pública.
El proyecto sobre “Derechos de Obtentores Vegetales” es un requisito implícito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que facilita a las compañías transnacionales del rubro, registrar a su nombre cualquier especie vegetal genéticamente modificada.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, explicó que esto significará nada menos que una privatización de semillas y vegetales, entre ellas, especies nativas.
Riesgo de caer en un monopolio de las grandes empresas multinacionales del rubro que manejan el negocio a nivel mundial y riesgo de que los pequeños agricultores de nuestro país sean perjudicados.
Esto, porque, el segundo proyecto de ley sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados”, facilitará que se introduzcan en el medioambiente de manera libre las llamadas especies transgénicas.
Las opciones son que las empresas que quieran manipular este tipo de semillas lo hagan ingresando proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o que se llegue a un acuerdo político que los libere de ese filtro previo, lo que a todas luces significa su introducción como negocio en el país.
Cuenca explica que el peligro es, justamente, para aquellos pequeños, medianos o grandes agricultores nacionales que trabajan cultivos orgánicos, los que simplemente quedarán a merced de la contaminación producida de manera natural entre vegetales modificados y nativos.
Además, el agricultor al cultivar una especie modificada, tendría que pagar por usar los derechos de una semilla registrada, lo que finalmente se traspasaría como costo a los consumidores.
María Elena Rozas, directora de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, indicó que los proyectos avanzan sin el interés de los parlamentarios, quienes tienen a su disposición una serie de estudios que comprueban las consecuencias negativas que tendría la aprobación de los proyectos.
Ambas iniciativas se encuentran en la comisión de Agricultura del Senado, sin urgencias, pero en medio de un ambiente en que el Gobierno nunca ha informado sobre los cultivos transgénicos en nuestro país, donde ya se han comprobado casos de contaminación que favorecen a creciente negocio cuyas ganancias, además, se quedan en el extranjero.
