Esta será una semana decisiva en materia de Educación, ya que se espera que el ministro del ramo, Joaquín Lavín, se pronuncie sobre el rumbo que tomará el Gobierno para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
El jueves pasado, el secretario de Estado recibió setenta propuestas del comité de expertos encabezado por el coordinador académico del CEP (Centro de Estudios Públicos), Harald Bayer. Medidas que están siendo revisadas y se espera que Lavín incluya en su proyecto final.
Así, el próximo viernes, el ministro se reunirá nuevamente con el panel de expertos y luego convocará a todos los sectores a un acuerdo político para reformular la educación pública.
Pero el panorama es complejo. En la prensa ha trascendido que el Gobierno se alista para un escenario de movilizaciones durante el segundo semestre. En este contexto, Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), explicó que las razones de este temor se deben a que “el Gobierno reconoce que se le viene duro, porque lo que se propone es nada más y nada menos que acabar con la educación pública y reconoce que hay actores sociales que hoy están organizados y que vamos a evitarlo”, señaló.
Opinión que comparte Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, quién criticó la forma poco inclusiva con la que está trabajando el Gobierno, pues, tanto su presencia como sus propuestas, fueron rechazadas dentro de la mesa de trabajo.
Se estima que la estrategia del Ejecutivo en materia educacional tenderá a fortalecer la evaluación de los profesores, a aumentar la subvención escolar, incentivar la competencia y a concretar la creación de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia.
En esa línea, Gajardo reprobó una de las propuestas del comité de expertos, que le permite a los sostenedores de colegios despedir al cinco por ciento de su plantel docente por mala evaluación.
Por su parte, el Director de Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, indicó que esta vía no contribuye al plan de mejorar la educación, sino que la debilita.
También indicó que “el panorama se ve complicado, ya que los acuerdos previamente adoptados como la Ley General de Educación, no representan la opinión mayoritaria de la población”.
Redondo añadió que, en este sentido, es muy probable que se cumpla el vaticinio del Gobierno y que la ciudadanía se movilice. Más aún cuando el 5 de agosto comienza la negociación colectiva, con temas pendientes como el pago de la deuda histórica.
Esta será una semana decisiva en materia de Educación, ya que se espera que el ministro del ramo, Joaquín Lavín, se pronuncie sobre el rumbo que tomará el Gobierno para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
El jueves pasado, el secretario de Estado recibió setenta propuestas del comité de expertos encabezado por el coordinador académico del CEP (Centro de Estudios Públicos), Harald Bayer. Medidas que están siendo revisadas y se espera que Lavín incluya en su proyecto final.
Así, el próximo viernes, el ministro se reunirá nuevamente con el panel de expertos y luego convocará a todos los sectores a un acuerdo político para reformular la educación pública.
Pero el panorama es complejo. En la prensa ha trascendido que el Gobierno se alista para un escenario de movilizaciones durante el segundo semestre. En este contexto, Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), explicó que las razones de este temor se deben a que “el Gobierno reconoce que se le viene duro, porque lo que se propone es nada más y nada menos que acabar con la educación pública y reconoce que hay actores sociales que hoy están organizados y que vamos a evitarlo”, señaló.
Opinión que comparte Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, quién criticó la forma poco inclusiva con la que está trabajando el Gobierno, pues, tanto su presencia como sus propuestas, fueron rechazadas dentro de la mesa de trabajo.
Se estima que la estrategia del Ejecutivo en materia educacional tenderá a fortalecer la evaluación de los profesores, a aumentar la subvención escolar, incentivar la competencia y a concretar la creación de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia.
En esa línea, Gajardo reprobó una de las propuestas del comité de expertos, que le permite a los sostenedores de colegios despedir al cinco por ciento de su plantel docente por mala evaluación.
Por su parte, el Director de Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, indicó que esta vía no contribuye al plan de mejorar la educación, sino que la debilita.
También indicó que “el panorama se ve complicado, ya que los acuerdos previamente adoptados como la Ley General de Educación, no representan la opinión mayoritaria de la población”.
Redondo añadió que, en este sentido, es muy probable que se cumpla el vaticinio del Gobierno y que la ciudadanía se movilice. Más aún cuando el 5 de agosto comienza la negociación colectiva, con temas pendientes como el pago de la deuda histórica.
Esta será una semana decisiva en materia de Educación, ya que se espera que el ministro del ramo, Joaquín Lavín, se pronuncie sobre el rumbo que tomará el Gobierno para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
El jueves pasado, el secretario de Estado recibió setenta propuestas del comité de expertos encabezado por el coordinador académico del CEP (Centro de Estudios Públicos), Harald Bayer. Medidas que están siendo revisadas y se espera que Lavín incluya en su proyecto final.
Así, el próximo viernes, el ministro se reunirá nuevamente con el panel de expertos y luego convocará a todos los sectores a un acuerdo político para reformular la educación pública.
Pero el panorama es complejo. En la prensa ha trascendido que el Gobierno se alista para un escenario de movilizaciones durante el segundo semestre. En este contexto, Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), explicó que las razones de este temor se deben a que “el Gobierno reconoce que se le viene duro, porque lo que se propone es nada más y nada menos que acabar con la educación pública y reconoce que hay actores sociales que hoy están organizados y que vamos a evitarlo”, señaló.
Opinión que comparte Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores, quién criticó la forma poco inclusiva con la que está trabajando el Gobierno, pues, tanto su presencia como sus propuestas, fueron rechazadas dentro de la mesa de trabajo.
Se estima que la estrategia del Ejecutivo en materia educacional tenderá a fortalecer la evaluación de los profesores, a aumentar la subvención escolar, incentivar la competencia y a concretar la creación de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia.
En esa línea, Gajardo reprobó una de las propuestas del comité de expertos, que le permite a los sostenedores de colegios despedir al cinco por ciento de su plantel docente por mala evaluación.
Por su parte, el Director de Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Jesús Redondo, indicó que esta vía no contribuye al plan de mejorar la educación, sino que la debilita.
También indicó que “el panorama se ve complicado, ya que los acuerdos previamente adoptados como la Ley General de Educación, no representan la opinión mayoritaria de la población”.
Redondo añadió que, en este sentido, es muy probable que se cumpla el vaticinio del Gobierno y que la ciudadanía se movilice. Más aún cuando el 5 de agosto comienza la negociación colectiva, con temas pendientes como el pago de la deuda histórica.
